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Declaración
del Groupe Bolchevik
El
Gobierno ha buceado en los inagotables recursos del Estado, y ha sacado del
cajón la ley de 3 de abril de 1955 que sirvió en primer lugar contra los
combatientes independentistas y los civiles árabes en la Argelia ocupada. No es necesaria ya más demostración de la
continuidad del Estado colonial francés.
Los Chirac, Sarkozy, Villepin levantan la violencia del Estado burgués,
organizada, experimentada, ante la cólera desorganizada de juventud aplastada
por las consecuencias de su política antiobrera. Helicópteros, miles de CRS (policías antidisturbios) y gendarmes,
han sido desplegados en las zonas urbanas pobres; miles de detenciones; los
juicios rápidos llueven con ya 364 condenas a penas de prisión firme. El toque de queda, los registros de día y de
noche, la prohibición de reunirse, dan todo su resplandor al "modelo
social francés": vale cuando los
pobres se callan.
Las organizaciones de origen obrero, partidos y
sindicatos, han mostrado una vez más su bancarrota. Ninguna ha llamado a la población trabajadora a manifestarse contra
el Gobierno y su policía, tras la muerte de Zied Benna y de Bouna Traoré, que
huían del enésimo control por criterios raciales o de aspecto (au faciès)
. Dos adolescentes de 14 y 17 años
electrocutados, inmediatamente acusados por el Ministro del Interior de haber
participado en un robo con estragos, lo que es una mentira. Ni el PS, ni el PCF, ni las organizaciones
sindicales han decidido organizar la legítima exasperación de los jóvenes de
los barrios populares de Clichy, su rebelión espontánea al conocer la muerte de
Zied y Bouna. Los han dejado solos ante
la policía.
Peor aún, el PS y PCF han coincidido con la
solicitud de "restablecimiento del orden republicano", en cuanto el
contagio de la cólera se ha propagado por las barrios suburbiales de París, y
luego de las provincias:
El gobierno se muestra incapaz de restablecer el
orden público. (CEN del PCF, 4 noviembre 2005)
El día en que Villepin anunciaba la aplicación de
las leyes de excepción, de agresión contra los suburbios obreros, Ayrault, en
la Asamblea Nacional, declaraba que se imponía « un pacto de no agresión con respecto al gobierno ». El presidente del grupo de diputados del PS
se definió como « no hostil en
principio al toque de queda ».
Ante todo, es imperativo restablecer el orden y la
seguridad. (Hollande,
secretario general du PS, 8 noviembre)
L’Humanité del 8 de noviembre se contentó con citar las medidas
anunciadas la víspera por Villepin, sin reclamar el levantamiento inmediato del
estado de urgencia ; los comunicados de CGT, de FO y del PT callan
igualmente sobre esta exigencia mínima.
Al unísono, PS, PCF, LCR, LO
reclaman el refuerzo de los dispositivos anti-explosion encargados de la
contención de la miseria social :
Implantación inmediata de dispositivos de policía
de proximidad, de colaboración entre todos los actores afectados :
policía, gendarmería, justicia, elegidos locales… (CEN du PCF, 4 de noviembre
2005)
No hay ya, en los barrios denominados sensibles,
policía de proximidad o puestos de policías permanentes. (Lutte Ouvrière, editorial, 4 de noviembre
2005)
¿Qué piden los alcaldes? Piden servicios públicos
inmediatos, presencia de la policía, no simplemente cuando hay incidentes,
policía permanente. (Hollande, France 2, 7 de noviembre)
Los partidos reformistas y sus acólitos se
reencuentran sistemáticamente del lado de la defensa del orden burgués. Entre otras cosas, llamaron a votar a
Chirac, aceptado Vigipirate (plan de seguridad interior, ndt), sostenido la ley
discriminatoria contra el velo musulmán.
Las burocracias sindicales que les están vinculadas aíslan las huelgas
(como en la RTM) cuando no las
traicionan directamente (SNCM), desgranan las jornadas de acción impotentes,
desvían el descontento del proletariado en una solicitud incesante de
"negociaciones" con el Gobierno Chirac-Villepin-Sarkozy, como si este
último tuviera la menor intención de cambiar su política, de dejar de golpear y
de responder favorablemente a las reivindicaciones obreras. Relevando a los reformistas a quienes la
juventud ya no escucha, los curas y los imanes predican la dimisión y las
manifestaciones silenciosas cuando los pobres gritan venganza.
Hay al menos 5 millones de parados y de
trabajadores en enorme precariedad en Francia.
Las empresas de trabajo temporal se han convertido en los mayores
empleadores de mano de obra. El 25% de
la población, el 50% de los jóvenes menores de 26 años, está privado
completamente de empleo en las ciudades más pobres de Ile de France, Picardie,
el Nord-Pas-de-Calais. Sólo uno de cada
dos trabajadores recibe indemnización cuando se le despide. Decenas de miles de proletarios,
aterrorizados por la amenaza de una detención, son obligados a trabajar sin
protección social, por muy bajos salarios, porque huyeron de la represión o la
miseria en su país de origen. 759.980
accidentes laborales se contabilizaron el último año, incluido un aumento del
3,8% de los accidentes graves que implican una incapacidad permanente. 1950 cánceres declarados en obreros expuestos al
amianto.
Una discriminación salvaje prevalece en la
contratación de los jóvenes, licenciados o no, contra los que tienen un nombre
árabe o africano. Los mismos que sufren
los controles policiales, los insultos del primer policía de Francia, Sarkozy. En los ZEP, la tasa de fracaso escolar es
superior en dos veces a la media nacional:
Villepin anuncia la implantación del aprendizaje a partir de 14 años. Hay familias que están en la calle, privadas
de alojamiento porque el Estado les niega papeles, los quiere expulsar o porque
no tienen los medios de pagar unos alquileres que suben de manera permanente.
Año tras año, se entregan barrios enteros al abandono, con alojamientos
y edificios deteriorados, transportes insuficientes, infraestructuras de servicios
a la población reducidas: cuentan con dos veces menos establecimientos de salud
que en otras partes, con cinco veces más de personas afiliadas al CMU.
Esta violencia no ocupa primeras planas en los
medios de comunicación, y sin embargo asalta
diariamente a millones de trabajadores y jóvenes. Resulta del mantenimiento del método de
producción basado en el beneficio para una minoría. Este desorden permanente para la mayoría de la población se
deriva de las leyes capitalistas. No lo
solucionará ninguna "política de la ciudad" con demoliciones de
viviendas sociales que envían a los pobres más lejos aún, con "zonas
francas" dónde deberían trabajar más barato para patrones exonerados. Sólo una revolución proletaria, que expropie
a los capitalistas para tener el poder de distribuir el trabajo entre todas las
manos, para producir y distribuir en función de las necesidades de la población
trabajadora, liquidará las injusticias sociales.
Contra esta posibilidad, ante todo, tiene la
policía, de proximidad o no, junto al ejército, el monopolio de la posesión de
armas; los cuerpos represivos se
organizan sobre todo contra la clase obrera, que tiene la capacidad social
potencial de derribar el sistema capitalista:
intervención del GIPN contra los empleados de correos huelguistas de
Bègles, del GIGN contra los marineros huelguistas del SNCM, de los CRS contra
los alojados en malas condiciones, contra los trabajadores que intentan impedir
sus despidos; jueces del tribunal administrativo
que declaran "ilegal" la huelga de los tranviarios de Marsella; amenazas de inculpación contra los
huelguistas; condenas de estudiantes y
alumnos de secundaria después de las manifestaciones contra la ley Fillon; anuncio de la expulsión de los extranjeros
incluso en situación regular si ha recaído condena sobre ellos… La disolución del conjunto de las fuerzas
de represión, de los tribunales de la "justicia" burguesa que
condenan a los manifestantes y amnistían a los empresarios y a los Ministros,
será una de las tareas de salubridad pública que desempeñará la revolución
obrera. Nada es más urgente que
organizarse para ayudar a su victoria.
La traición de las organizaciones que dirigen al
proletariado deja a los trabajadores y a los jóvenes en la impotencia ante el
Gobierno del capital. Las derrotas
sufridas (segunda guerra imperialista desencadenada contra Irak, ola de
despidos masivos, jubilaciones recortadas y retrasadas, agresiones al derecho a
la salud y a la instrucción, privatizaciones...) debidas a su política de colaboración permanente con el capital y
sus agentes laminan el nivel de conciencia político del proletariado y la juventud,
en particular de una fracción que no vislumbra ningún futuro. Los incendios de coches de los trabajadores
de los barrios populares por sus hijos y vecinos, las destrucciones de
escuelas, gimnasios o autobuses, tratar
a los bomberos como si fueran policías, son ejemplos de esta
desorientación... Estos actos que se
equivocan de enemigos hacen olvidar a los verdaderos responsables: la clase capitalista, los Chirac-Sarkozy-Villepin
y todos los Gobiernos que los han precedido.
Tienen como consecuencia un refuerzo del dispositivo represivo con el
aval de una gran fracción de la población.
Los reformistas tienen la responsabilidad de esta división de las filas
de los proletarios.
A todos los jóvenes a los que ha rebelado
justamente el orden burgués, el desempleo, las marginaciones, el racismo, el
Grupo bolchevik les propone la tarea de construir una organización
revolucionaria capaz de combatir por sus legítimas reivindicaciones, levantando
la bandera roja de los humillados y oprimidos, reestableciendo los lazos con
las luchas obreras llevadas por sus padres y abuelos, de todos los orígenes, de
todos los colores.
Para todos los jóvenes, todos los proletarios
legítimamente asqueados con las traiciones de las organizaciones reformistas,
de los palabreros "de extrema izquierda", el Grupo bolchevik
declara: es necesario construir un
partido obrero revolucionario cuyo programa sea la dictadura del proletariado,
la liquidación del Estado burgués y sus instituciones, la expropiación de los
capitalistas, el control obrero para organizar la satisfacción de las inmensas
necesidades de la población, la colaboración entre los proletariados de todos
los países.