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Publicamos aquí el Informe sobre situación política en el Estado Español presentado por el camarada Ernest Blanc a la reunión plenaria del Grupo Germinal celebrada el 2 de abril de 2006. El informe suscitó una viva y enriquecedora discusión. Sobre la base de las conclusiones de esta discusión se redactará el editorial del número 6 de Germinal.
El secretario general del PSOE, y
presidente del Gobierno, fue claro y reiterativo el 22 de febrero en su
contestación a Rajoy en la sesión de control al Gobierno: “El derecho al que
usted hace referencia, como es bien conocido, no existe ni en nuestro
ordenamiento constitucional, ni en ningún ordenamiento constitucional de los
países democráticos. Por tanto, la pregunta tiene una respuesta muy fácil:
no”.Como Rajoy insistía, Zapatero también insistió: “Creo que lo he dicho claro
[...] No. ¿Otra vez quiere oírlo? No.”[1]
El dirigente del PP estaba exigiendo que Zapatero se pronunciase, de nuevo,
contra el derecho de autodeterminación. A Zapatero no le dolieron prendas al
respecto y negó que “tal derecho” existiese. Esta escena parlamentaria resume
la larga marcha que el parlamento catalán comenzó en septiembre del año pasado.
En aquel mes el parlamento catalán aprobó, por mayoría absoluta, un proyecto de
nuevo estatuto de autonomía para Cataluña. Sólo los escasos diputados del PP
votaron en contra. El nuevo estatuto de autonomía aprobado por el parlamento
catalán ampliaba hasta la desmesura el articulado del anterior (227 frente a
los 57 del vigente) a fin de ocultar así la realidad: si bien se agitaba con la
afirmación de Cataluña como nación, en el fondo sólo se trataba de enfocar un
nuevo reparto de las competencias de la gestión de los intereses de la
burguesía española en suelo catalán.
El Gobierno de Zapatero pretende
cerrar esta legislatura con una remodelación de todos los estatutos de
autonomía, de forma que algo cambie para que nada cambie en mucho tiempo bajo
la Monarquía del Borbón. Galicia, Andalucía, Baleares (que, por cierto, forma
una “nacionalidad histórica” según lo aprobado en el trámite de ponencia
parlamentaria... con la iniciativa y votos del PP) y el País Vasco se
encuentran inmersos en este proceso. El del País Valenciano, o la Comunidad
Valenciana según su propio estatuto de autonomía, fue aprobado el 9 de febrero
en las Congreso de los Diputados con los votos del PSOE, PP y Coalición
Canaria. El 8 de marzo pasaba el trámite del Senado con los votos del PP y del
PSOE: los dirigentes socialdemócratas han apoyado, prácticamente, todo el
discurso del PP sobre el estatuto valenciano, y con él tratan de asegurarse el
monopolio de ‘leal oposición’ (es difícil creer que el secretario general del PSOE-PSPV
ni sueñe con lograr mayoría en las próximas elecciones autonómicas) gracias al
bloqueo que ha representado el 5% de mínimo para obtener escaño. Por otra
parte, este estatuto continúa legalizando el secesionismo lingüístico al
consagrar los diversos dialectos catalanes hablados en el País Valenciano como
idioma distinto del catalán.
A mediados de diciembre Solbes,
Ministerio de Economía y Hacienda, comenzó la labor de limpieza del proyecto de
estatuto aprobado por el “Parlament de Catalunya”. El ministro rechazó, en un documento remitido a los partidos
catalanes el 17 de diciembre, lo esencial de los contenidos referidos a la
recaudación de impuestos. El Gobierno Zapatero ya lo había avisado y Solbes lo
escribió: “Hay algo constitucionalmente evidente y es que hay tres niveles de
administración, la del estado, la de las autonomías y la de las corporaciones
locales. Los tres niveles son autónomos y, por tanto, el Estado debe tener su
propio espacio de independencia fiscal”[2]
(s.n.). Esta labor de limpieza no sólo había sido ya advertida por Zapatero
sino exigida por CiU, rompiendo, así, el ‘acuerdo’ parlamentario catalán sobre
la negociación del proyecto de estatuto. En la segunda semana de diciembre, CiU
ejerció de correa de transmisión de la patronal catalana (Fomento del Trabajo)
y, por extensión, de la CEOE, ambas patronales exigían una pronta solución a
las discusiones sobre el Estatuto aprobado por el parlamento catalán. “Menos
política y más economía”, exigió Rosell (presidente de Fomento) el 12 de
diciembre. Los dirigentes burgueses, reunidos el día 16 del mismo mes en el
Círculo de Economía de Barcelona, exigieron lo mismo: que los políticos se
olvidaran de las cuestiones ‘conflictivas’, como la definición de nación o la
financiación; el documento del Círculo de Economía debatido ese día afirmaba
que “un no-Estatuto sería mejor que un mal Estatuto.”[3]
Con estas armas en su mano, Zapatero podía asegurar relajadamente a los
periodistas el 20 de diciembre que “A día de hoy hay más posibilidades de que
haya acuerdo que de lo contrario.”[4]
El Gobierno Zapatero instaba a lograr un pacto sobre el estatuto antes del día
30 de diciembre o a su retirada en caso contrario y Artur Mas, CiU, afirmaba
que eso era imposible ya que “la propuesta del Gobierno sobre financiación no
puede ser peor.”
El 27 de diciembre el PSOE y el PP
presentaron, en el registro del Congreso de los diputados del Reino de España,
enmiendas al Estatuto aprobado por el
Parlament de Catalunya. Las enmiendas, que suponían centenares de correcciones
al texto aprobado en Cataluña, tenían
como objetivo, en el caso del PSOE, cumplir con la palabra dada por Zapatero de
dejar el Estatuto “limpio como una patena.” Se negaba la definición de nación
catalana; se negaba la posibilidad de blandir los “derechos históricos” como
fundamento de la autonomía catalana, dejando las cosas en su sitio: artículo 2
de la Constitución monárquica: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble
unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles,
y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y
regiones...” (s.n.); se reafirmaba el monopolio del castellano frente al
catalán en territorio catalán; se bloqueaban los intentos del Parlament para
unificar la gestión catalana de la Hacienda española y se reafirmaba la
obligación de mantener la estructura impositiva decimonónica de administración
local; se mantenían las competencias en el marco de las tipologías de la
Constitución monárquica (para hacerse una idea: el artículo 149 de la
Constitución, que fija las competencias exclusivas del estado, tiene 32
apartados en su mayor parte bastante largos) y se cortan todos los intentos del
nuevo Estatut por usar el artículo 150.2 de la Constitución para asumir
competencias; el Poder Judicial continuaba centralizado; los 22 artículos del
Estatut que intentaban una relación bilateral entre Catalunya y el Estado
español se modificaban... ni nación, ni
posibilidad de desarrollar y asumir competencias, continuidad en el monopolio
del castellano, etc.
A partir de la presentación de las
enmiendas comenzó un frenético ritmo de negociaciones entre todos los partidos
que apoyaron el Estatut en Catalunya (PSC, ICV, ERC y CiU) y el Gobierno
Zapatero-PSOE. El 21 de enero Zapatero y Artur Mas (CiU) llegaban a un acuerdo
que obligó al resto de partidos catalanes a seguirlo, colocados como estaban
ante el pacto consumado entre el PSOE y CiU, contra el pacto parlamentario del
PSOE-PSC con ICV y ERC. Sólo ERC se desmarcó. El 22 de enero Zapatero aseguraba
a sus colaboradores: “Aquí culmina el desarrollo autonómico de Cataluña.” Por
su parte, Joseph Antoni Duran Lleida (CiU) corroboraba está afirmación el 6 de
marzo: “Yo no me veo capaz de plantear otra reforma del Estatuto en los
próximos 20 años.”[5] De hecho, el
acuerdo Mas-Zapatero colocaba de nuevo los escasos atisbos reformistas del
Parlament de Catalunya en el mismo lugar en qué quedaron en el estatuto de
1979, es decir en la Constitución monárquica de 1978.
Carod Rovira, presidente de
Esquerra Republicana de Catalunya, afirmó el 28 de enero, criticando el acuerdo
Zapatero-Mas, que: “Zapatero ha velado por los intereses del Estado; Mas sólo
por los de su partido.”, añadiendo, así, una gota más de embellecedor
nacionalista catalán al CiU para tratar de mantener el frente unido burgués
catalanista. Pero la historia es terca y resulta que, a lo largo de todo el
período de la democracia monárquica, el partido de Mas ha velado, una y otra
vez, con el PSOE o con el PP, por la seguridad del Estado español asegurando su
‘gobernabilidad’. La burguesía catalanista representada por CiU sabe muy bien
que quien mejor le asegura, por ahora, la continuidad de la explotación de la
clase obrera en Cataluña (y en España y el resto del mundo) es el Estado...
español. Así lo había dejado bien claro unos días antes, el 23 de enero,
vaticinando que después de este acuerdo Zapatero-Mas habría, por parte de CiU,
una “implicación más a fondo en la gobernabilidad del Estado”. Casi con las
mismas palabras con las que justificó la dirección de CiU la ‘gobernabilidad’
de España cuando apoyó al Gobierno del Sr. Aznar.
La definición de nación catalana
queda fuera del pacto, de nuevo deberá conformarse con el término
‘nacionalidad’, aunque, para mayor mofa de la supuesta autonomía y soberanía
del Parlament de Catalunya, constata que éste aprobó denominar la cuestión como
nación. De hecho la definición de Catalunya como nacionalidad queda en el
articulado exactamente igual que lo estaba desde 1979.
El 6 de febrero inauguraba sus
sesiones la ponencia del Congreso de los Diputados dedicada a la reforma del
Estatut de Catalunya. La inauguración corrió a cargo de Alfonso Guerra
presidente de la Comisión Constitucional del Congreso: “todo es posible si
todos quieren”, sentenció. El 6 de marzo la ponencia aprobó el texto que ahora
está en discusión en la Comisión Constitucional del Congreso. La aprobación del
texto estaba prácticamente asegurada por las votaciones previas en la ponencia
excepto en aquello que afecta a las competencia sobre aeropuertos, el traspaso
de competencias del artículo 150.2 al estatuto (que el PSOE rechaza pues
supondría que el Estado ya no las cedería según su voluntad sino que quedarían
traspasadas definitivamente), la denominación de los símbolos catalanes como
‘nacionales’, la cesión de paradores y la denominación como ‘requisitos’ de las
condiciones de acceso a puestos judiciales y la circunscripción electoral única
catalana para las elecciones al Parlamento Europeo. Con razón afirmaba, el 3 de
marzo, Joan Ridao (ERC) que “El Estatuto está quedando limpio como una patena.”
En la Comisión Constitucional el PSOE ofreció ceder a la Generalitat el
nombramiento del director del aeropuerto de El Prat (Barcelona); también se admitió
la creación de ‘veguerías’ que, no obstante, no harán desaparecer las
provincias, que continúan siendo ámbito territorial de la Administración del
Estado español y ámbito de circunscripciones electorales y se ha admitido una
enmienda transaccional al artículo 8: “Cataluña, definida como nacionalidad en
el artículo uno, tiene como símbolos nacionales la bandera, la fiesta y el
himno.”
Bajo estas condiciones, el Consejo
Nacional de ERC, reunido el 18 de marzo, no tuvo más remedio que aprobar el
voto no al texto retocado del Estatuto. Y así lo acaba de hacer, “con dolor en
el alma”, ERC en la Comisión Constitucional del Congreso. Ayer, esta comisión
aprobaba la redacción definitiva que pasará a los siguientes trámites
legislativos (entre ellos un último trámite será el referéndum en Catalunya).
Con los votos del PSOE, del grupo PSC-PSOE, CiU, IU-ICV, PNV y CC a favor y los
del PP, ERC y EA en contra, la Comisión aprobó ayer un texto que no retira en
nada los recortes a los intentos reformistas del Parlament de Catalunya
señalados más arriba. Un día antes de que ETA emitiese su comunicado de “alto
el fuego permanente”, Carod Rovira advertía a los diputados españoles de la
Comisión que tenía que votar en contra y que habían perdido una gran
oportunidad ya que, el concepto nación para Catalunya, que el 21 de marzo de
2006 no querían admitir en el marco jurídico del estado burgués de la monarquía
borbónica, tal vez en un futuro tuviesen que admitirlo bajo la denominación de
estado. Pero ningún obrero avanzado piense que este estado con el que amenazaba
Carod vaya a ser socialista, imposible proviniendo de un representante de la
pequeña burguesía y, en menor medida, del gran capital ‘catalán’. Pero ningún
republicano piense que este estado, blandido como un fantasma del futuro,
pudiera ser propiciado por ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) como
una república ya que, el estatuto que votó ERC en el Parlament de Catalunya,
dejaba bien claro que su presidente lo nombra... el Rey del Reino de España.
Tal por eso ayer, 22 de marzo, declaró Carod: “Nadie en Esquerra se ve a sí
mismo haciendo campaña por el no en el referéndum [a celebrar en
Cataluña].” En la misma rueda de prensa, Carod anunciaba una posible abstención
de ERC en la votación del Senado... si se lograba que el Estado español
propicie un consorcio para la gestión del aeropuerto del Prat (Barcelona). Aquí
deja, por ahora, la dirección de ERC el objetivo de su pretendida lucha por la
soberanía, en el puente aéreo Madrid-Barcelona.
“Dos años y medio de ETA sin
matar, más de 200 detenciones de etarras en año y medio de Gobierno de
Rodríguez Zapatero, mayor cooperación internacional en la lucha antiterrorista
¿Esos son los regalos a ETA a los que se refiere Rajoy?”[6]
espetó María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta primera del Gobierno,
el 10 de diciembre desde su mesa de portavoz del Consejo de Ministros.
El 21 de enero, Arnaldo Otegi,
ante casi diez mil asistentes al acto convocado en Bilbao por una ‘plaforma
cívica’ para evitar la prohibición y persecución a que está sometida HB por el
Estado Español, afirmó: “Nos estamos acercando irremisiblemente a un proceso de
soluciones.”[7] Paralelamente
el Foro de Ermua sólo lograba reunir a mil asistentes a su acto nacionalista
español en Pamplona “en defensa de la unidad de España”. De hecho, el Estado
español sí que había logrado impedir la realización de un congreso público de
HB aunque no la celebración de 260 asambleas en las que participaron más de
7.000 militantes. La dirección de HB logró que en este proceso, Bide Eginez[8],
la mayoría de sus militantes reafirmasen el apoyo a la propuesta de negociación
con el Estado español de Anoeta (hecha pública en noviembre de 2004), aceptaran
la conformación de un nuevo partido más ‘moderado’ (estructurado en 200 mesas
locales) y aceptasen el marco de división del País Vasco impuesto por la
Constitución de la monarquía contra la que la población del País Vasco votó
mayoritariamente en el referéndum constitucional de 1976.
El 11 de febrero, numerosos
efectivos de la Guardia Civil, siguiendo las ordenes del juez Marlaska,
cerraban otra herrico taberna más, acusándola de dar cobijo a reuniones
de Batasuna. Los argumentos del juez para cerrarla eran que, de hecho, en esta herrico
taberna (Aitzaga en Usurbil) se había producido una reunión orgánica de HB
el 19 de enero. Esta reunión habría formado parte del proceso congresual de HB
cuyo acto final fue prohibido a pesar de que, de una forma u otra, al final se
celebrase en Bilbao el 21 de enero y con no escasa asistencia. El 26 de enero
de nuevo el juez Marlaska volvía a prohibir un acto político público convocado
por HB en el frontón Burundi de Alsasua (Navarra), el argumento de la
prohibición se basaba en que las jornadas de desarrollo de la Propuesta de
Anoeta (jornadas denominadas “Once razones para la resolución.”) estaban
relacionadas con aquella propuesta política y aquella propuesta política era culpable
de haber sido asumida por ETA. El 17 de febrero la policía vasca precintaba las
‘sedes’ de HB en Bilbao y San Sebastián. El 10 de marzo Cándido Conde-Pumpido,
fiscal general del Estado, anunciaba que la Fiscalía de la Audiencia Nacional
pedirá el ingreso en prisión incondicional de Arnaldo Otegi por los actos
‘violentos’ de la jornada de huelga general en el País Vasco el día 9; la misma
fiscalía no instará prisión para Rafael Díez Usabiaga basándose en el
razonamiento de que es miembro de un sindicato legal (LAB). Sin embargo, a
pesar de que la fiscalía únicamente pidió prisión para Otegi, el juez de la
Audiencia Nacional Grande-Marlaska (rompiendo con todos los procedimientos de
costumbre) ya ha encarcelado a J. J. Petrikorena y J. M. Olano (sin fianza, el
primero jefe de comunicación de Batasuna y el segundo jefe nacional de las
Gestoras Pro Amnistía) y a R. Usabiaga y F. Barrena (en libertad bajo fianza,
el primero secretario general del sindicato LAB y el segundo ex parlamentario
de HB).
El Tribunal Supremo ha sentado
jurisprudencia contra la redención de penas mediante los beneficios
penitenciarios y lo ha hecho de forma tan descarada que el mismo Conde-Pumpido
tenía que reconocer el 8 de marzo, ante la Comisión de Justicia del Congreso,
que “... haré lo que proceda para su aplicación, por mucho que algunas de sus
consecuencias pudieran generar, conviene advertirlo, algunas dificultades.”[9]
Y no es para menos ya que según Tomás Vives (catedrático de Derecho Penal) “la
tan celebrada ‘interpretación novedosa’ [de la Ley Penal por el Supremo] no
parece una victoria del Estado de derecho, sino más bien una grave claudicación
de este: una renuncia singular a la prohibición de retroactividad de las leyes
penales desfavorables y, también, una renuncia singular de la sumisión de los
jueces a la ley.”[10]
El Gobierno Zapatero, igual que
todos los Gobiernos de la Monarquía, trata de desactivar el conflicto vasco
mediante la asimilación política de los partidos burgueses y pequeño burgueses
vascos al marco de la Constitución de 1978. El PP, que comparte con el PSOE el
pacto de la Ley de Partidos, le ayuda en esta tarea mediante la exigencia de
máxima sumisión al marco estatal burgués español. La dirección del PSOE
enfrenta este nuevo intento de asimilación a la Constitución desde una posición
de mayor implantación en el País Vasco mientras que, por el contrario, el PP
tiene plena constancia electoral de sus límites en el País Vasco y su firme
suelo nacionalista español. Desde este contexto es fácil entender el ‘acoso’
continuo a que los dirigentes del PP someten a la política ‘antiterrorista’ del
Gobierno Zapatero. Durante los meses de enero y febrero todos los dirigentes
del PP han estado exigiendo un cambio en el tratamiento de la legislación
penitenciaria de cara a los presos de ETA. Rajoy acusaba a Zapatero de “pagar
un precio a ETA” mediante la salida de la cárcel de sus presos en virtud del
cumplimiento de la pena. Es decir: acusaba al Gobierno Zapatero de hacer lo
mismo que hiciese el Gobierno del Sr. Aznar del que el mismo Rajoy formó parte.
El 10 de febrero, Zapatero
compareció ante los periodistas para inaugurar el año parlamentario y aprovechó
para anunciar que “Estamos en una circunstancias que me permiten tener la
convicción de que puede empezar el principio del fin de la violencia.”[11]
Una pocas horas antes que Zapatero, Alechu Echeverria (presidente del Círculo
de Empresarios Vascos) se expresaba en términos semejantes y también en Madrid.
El 10 de marzo, ante el ataque de Cuevas (Presidente de la CEOE), Echevarría
insistía en su apoyo al Gobierno Zapatero: “Vamos a seguir apoyando las
iniciativas del Gobierno español para lograr la paz en Euskadi.”[12]
Por su parte, la patronal vasca Confebask (integrada en la CEOE) tenía que
desconvocar la reunión secreta prevista con el Ministro del Interior el día 9
de marzo pues se conoció públicamente esta cita. LAB y UGT ‘formalizaban’
relaciones, también por las mismas fechas, sobre la base de enfrentar
conjuntamente un proceso de desactivación del conflicto vasco, ambos sindicatos
promueven una manifiesto sindical al respecto. Los dirigentes del PSOE-PSE se
reunen desde hace tiempo ‘informalmente’ con los de HB. El Obispo de San
Sebastián, ayudado por el sacerdote pacificador irlandés Alec Reid trabajan
intensamente en el mismo sentido. A todo ello ha venido a sumarse una
plataforma de mujeres (“destacadas dirigentes del PSE, PNV y Batasuna” según El
País) vascas decididas a coger el macho por los cuernos. Realmente se trata
de parlamentarias y ex parlamentarias vascas. Aunque la dirección del PSE
desautoriza el primer borrador conocido del manifiesto de las mujeres,
incentiva, sin embargo, que sus dirigentes femeninas participen en la
plataforma y pulan el futuro manifiesto. Los dirigentes del PSOE-PSE pretenden,
de forma particular, que esta plataforma de mujeres retire las alusiones al
derecho de los vascos y vascas a decidir sobre su futuro: en concreto el
párrafo “... todos y todas deberíamos comprometernos a respetar y establecer
las garantías democráticas necesarias y los procedimientos políticos acordados
para que lo que la sociedad vasca decida sea respetado y, si fuera necesario,
tuviera su reflejo en los ordenamientos jurídicos.”[13]
La pretensión de las parlamentarias y ex parlamentarias vascas era presentar en
sociedad su manifiesto el día 8 de marzo. El PSOE-PSE ya prepara la segunda
exigencia pues parece que la lejana referencia soberanista será pulida: sus
parlamentarias no podrán firmar el manifiesto pues tras él hay ex diputadas de
HB. Y es que, además, el PSOE-PSE prepara su propio manifiesto Euskadi 2006,
hacia la libertad y la convivencia. Por último, aunque parece que desde el
principio y marcando la pauta, la patronal vasca (“las organizaciones
empresariales vascas”) prepara también un manifiesto mientras tras bambalinas
mueve los hilos de todos los demás.
El PP y el Sr. Aznar negociaron
con ETA pero ahora no quieren que negocie Zapatero ni tampoco el PSOE. El
PSOE-PSE mantiene contactos ‘informales’ con HB pero no quiere que sus
parlamentarias firmen un manifiesto junto a ex diputadas de HB, pero sí quiere
que se mantengan en la misma plataforma que existe en buen medida gracias al
apoyo de las parlamentarias socialdemócratas vascas. Según todo el bloque
‘constitucionalista’, de lo que se trata es de que el movimiento de la
‘izquierda’ abertzale entre en los cauces de la actividad política y
abandone el apoyo armado de ETA. Así, Alfredo Pérez Bubalcaba amontonaba
exigencia tras exigencia para hacerle más fácil el camino a HB: “Cualquier
posibilidad de que el PSE, como partido, normalice sus relaciones políticas con
Batasuna será consecuencia del cumplimiento de tres premisas básicas: el cese
de la actividad terrorista, el rechazo a la violencia y la aceptación de los
métodos democráticos, y la conversión de Batasuna en una fuerza política
legal.” La cabeza bien amueblada de Rubalcaba sabe bien como de imposible es
cumplir, al mismo tiempo, un requisito y el resultado de la satisfacción del
mismo requisito. Los parlamentarios vascos socialdemócratas se abstuvieron el
día 17 de febrero en la votación que permitió a la Cámara vasca aprobar una
moción que insta al Gobierno vasco a ser “un agente activo que permita poner
las bases de una paz sin vencedores ni vencidos.”[14]
Mientras, HB, híbrido entre el
Frente Popular y el Frente Único Antiimperialista, no ceja en su empeño por ver
pasos positivos y puntos interesantes en todas las propuestas encaminadas a
negar el derecho de autodeterminación con la excusa de la lucha contra el
terrorismo. El documento que prepara el PSOE-PSE es una iniciativa que persigue
la constitución de una “Mesa de Partidos para la ‘normalización y pacificación
de Euskadi’” y, ¿cómo no?, esta Mesa debería de llegar a acuerdos basados en el
consenso “de manera que ningún acuerdo sea posible sin que representantes de
las dos grandes sensibilidades presten su consentimiento.”[15]
(s.n.) El 18 de febrero se
realizaba una multitudinaria manifestación en Bilbao para pedir el
sobreseimiento del juicio contra 56 supuestos integrantes del “entorno” de ETA;
la manifestación contaba con el apoyo de los tres partidos que forman Gobierno
vasco (PNV, EA y EB) junto a HB y Aralar. Estaba convocada, Ley de Partidos
obliga a estos recursos semiclandestinos, por la Plataforma 18/98 (que es el
nombre del sumario). Mariano Ferrer, miembro de la plataforma convocante,
declaró durante el transcurso de la misma que pretendían “ofrecer un lugar de
encuentro para defender los derechos de todos.” (s.n.) El mismo día se
hacía público un comunicado de ETA en el que indicaba que la solución del
“conflicto” debería de ser “el resultado de un proceso democrático desarrollado
por todos.” (s.n.).
Pero
¿qué es el derecho de autodeterminación? ¿deben los obreros apoyar el ejercicio
de este derecho por parte de las naciones sin estado?
Toda obrera y todo obrero
conscientes del Estado español deben tener presente el contenido político que
tiene el ejercicio del derecho a la autodeterminación. Ni las definiciones de
la ONU, ni los rodeos léxicos de las direcciones burguesas de las organizaciones
terroristas (supuestamente ‘radicales’), ni, tampoco, los pasteleos
parlamentarios de los nacionalistas supuestamente pragmáticos, les
suministrarán algo de luz al respecto. De nuevo es necesario acudir a los
clásicos del marxismo, la claridad de Lenin al respecto fue meridiana en su Sobre
el derecho de las naciones a la autodeterminación; decía así: “... si
queremos entender lo que significa la autodeterminación de las naciones, sin
jugar a definiciones jurídicas ni ‘inventar’ definiciones abstractas, sino
examinando las condiciones histórico-económicas de los movimientos nacionales,
llegaremos inevitablemente a la conclusión siguiente: por autodeterminación de
las naciones se entiende su separación estatal de las colectividades de
nacionalidad extraña, se entiende la formación de un Estado nacional
independiente.”[16]
En cuanto a la posición que la
clase obrera debe tener frente al derecho a la autodeterminación, todo marxista
debe tener en cuenta (cuando enfrenta los discursos nacionalistas español, vasco
o catalán) las palabras de Lenin en la misma obra: “... precisamente a la
burguesía es a quien le importa aquí una solución ‘práctica’, mientras que a
los obreros les importa la separación en principio de dos tendencias. En
cuanto la burguesía de una nación oprimida lucha contra la opresora,
nosotros estamos siempre, en todos los casos y con más decisión que nadie, a favor, ya que somos los enemigos más audaces y consecuentes de la opresión.
En cuanto la burguesía, de la nación oprimida está por su nacionalismo burgués, nosotros estamos en contra. Lucha contra los
privilegios y violencias de la nación opresora y ninguna tolerancia con
respecto a la tendencia de la nación oprimida hacia los privilegios.”[17]
El 16 de febrero el Consejo de Estado aprobó por 24 votos a
favor (uno en contra del Sr. Aznar) el informe que el Gobierno Zapatero le
solicitó sobre la reforma de la Constitución anunciada por Zapatero el 15 de abril
del 2005 en su discurso de investidura[18].
La diferenciación entre Comunidades y nacionalidades se descarta en virtud del
siguiente razonamiento: “Dada la irrelevancia jurídica que en el texto
del Título Preliminar de la Constitución tiene hoy la distinción entre
nacionalidades y regiones, el traslado de esa distinción a otras partes de la
Constitución sólo tendría sentido si se pretendiera con ello atribuirle
consecuencias jurídicas, una pretensión que excede del ámbito de la reforma
sobre la que se solicita el informe del Consejo.”[19]
El mismo informe insta a derogar la Disposición Transitoria Cuarta de la
Constitución, esta disposición permite la incorporación de Navarra a Euskadi.
Propone una remodelación del Senado rebajando sus miembros (en especial
rectificando un poco la enorme sobrerepresentación que en él tienen las dos
Castillas) y atribuyéndole nueva capacidad de iniciar procedimiento legislativo
en materias de relevancia autonómica. En cuanto a la reforma del artículo 57.1
de sucesión de la Corona, el informe no puede evitar decir que, en este caso,
el Príncipe Felipe de Borbón está desnudo. El informe razona que “Restringiendo
la posibilidad de que las mujeres de la dinastía reinante accedan a la Corona a
la hipótesis de la ausencia de hermanos varones, el Constituyente introducía una
excepción a la general e inequívoca interdicción de la discriminación ‘por
razones de sexo’ prevista en el artículo 14.”[20]
Más claro, agua: la institución monárquica ha sido desde el mismo momento de la
aprobación de la Constitución monárquica de 1978 totalmente inconstitucional.
La reforma del Senado forma parte
de lo que la dirección del PSOE llama “proyecto territorial de Zapatero”, junta
a ella el Gobierno prepara una ley de Cooperación del Estado con las
comunidades autónomas. Ambas piezas persiguen, en palabras de Jordi Sevilla:
“... una mayor participación de las comunidades en el Estado, para pasar de una
política autonómica de reclamación y conflicto competencial [...] a otra de
cooperación entre las comunidades y el Estado, en la que éste no diluya su
papel.”[21] (s.n.)
El ministro de Defensa, el Sr.
Bono, aprovechó el 3 de diciembre el acto de la jura de bandera de 1.440 nuevos
mercenarios al servicio del Estado español. En esta jura de bandera, en la
Academia de la Guardia Civil de Baeza, el Sr. Bono lanzó mensajes de apoyo a
todos los mercenarios en armas al servicio de la burguesía española, y de su
estado. Lo hizo, supuestamente, para contrarrestar los movimientos pro golpistas
que se están produciendo entre los ‘cuerpos’ armados del Estado. Como siempre
utilizó la táctica de alentar el discurso nacionalista que justifica estos
movimientos pro golpistas. Arengó de esta forma a los alumnos: “ ...no hay
pueblos elegidos por los dioses” negó que existieran derechos “ancestrales” o
“naturales” que provengan del pasado de forma que “La indisoluble unidad de la
nación es garantía de igualdad de derechos y de oportunidades para todos,
porque no vivimos para que nadie en España sea más que nadie”[22].
Como siempre, los más preclaros portavoces del nacionalismo señalan pajas en el
ojo ajeno para desviar la atención de la viga en el propio. ¿Cuántas veces
habrán reivindicado Bono y consortes nacionalistas la realidad ‘natural’ de la
unidad de España? ¿Cuántas veces habrán recurrido a la historia (es decir a los
ancestros) para justificar la unidad de España? “La Corona de España es
hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero
de la dinastía histórica.” (s.n.) ¿Pertenece o no esta reivindicación de
los ancestros y de la elección por gracia divina a la Constitución monárquica
que tanto defiende el Sr. Bono?[23]
El mismo Sr. Bono, que durante un año ha dejado que en el cuarto de banderas,
que es el Consejo Superior del Ejército de Tierra, se discutiese sobre la
‘legalidad’ de las decisiones de su Gobierno y del Congreso de los Diputados,
asistió a la reunión de esta institución castrense del pasado 25 de enero; el
diario El País comentaba así su asistencia “Bono no suele acudir a las
reuniones del Consejo Superior del Ejército de Tierra, pero ayer quiso aprovechar la ocasión de departir con los
máximos mandos militares, reunidos en Madrid.”[24]
¿Departir? En realidad fue a mostrar sumisión a este órgano ya que, tras
haberle consentido sus deliberaciones pro golpistas, se personó para llevarles
en bandeja de plata la cabeza de un periodista catalán que se atrevió a
escribir lo que cientos de miles de catalanes piensan. El Sr. Bono había
presentado una denuncia contra el desarmado periodista, lo había hecho “como
ciudadano y como ministro de Defensa del Gobierno de España”; la denuncia
contra Iu Forn (periodista catalán) lo acusa de delito de injurias graves a los
ejércitos (artículo 504.2 del Código Penal). Mientras escribía esta denuncia el
Sr. Bono pasaba, metafóricamente, su mano consoladora sobre el cabello del
general pro golpista José Mena al que se vio obligado a regalar un retiro de
oro; los ocho días de arresto ya los había cumplido y ahora disfruta de su sueldo
en la ‘reserva’ (¿se encargará allí de reflexionar y adoctrinar debidamente al
moderno cuerpo de somatén que está formando el estado a base de titulados
universitarios?). R.Gónzalez, jefe de la 1ª Compañía de la Bandera Comandante
Franco del tercio Gran Capitán de la Legión (¡sic!, ese es el nombre exacto de
esta cofradía armada), amenazó públicamente en la prensa del enclave militar de
Melilla con llevar sus fuerzas armadas a Madrid para rectificar a los políticos
que pretenden sacrificar “la idea de Nación y de Patria para engordar sus
ansias de poder.”[25].
Se le acusó de falta leve, se le aplicó un arresto disciplinario de ocho días y
se le apartó del mando de la compañía. El diario Melilla Hoy que publicó
este llamamiento al golpe de estado, encubierto bajo la forma de carta abierta,
sigue funcionando sin que a ningún juez se le haya ocurrido la idea de
cerrarlo.
Todo esto con el mar de fondo de
la recomposición del ejército ‘profesional’ que El País del 12 de enero
comentaba así: “Aunque las declaraciones del general José Mena hayan provocado
ríos de tinta, el debate sobre el Estatuto no constituye ni mucho menos la
principal preocupación de los mandos militares.”[26]
En primer lugar queda claro que no sólo el ‘reaccionario’ La Razón
constata un hecho evidentemente pro golpista, sino también el ‘progresista’ El
País. En los órganos del alto mando del ejército español el debate sobre el
Estatuto catalán no es la principal preocupación... por tanto sí que es
una preocupación que forma parte de este debate castrense. El ejército
mercenario no ha logrado reunir suficientes tropas por más que haya rebajado
los requisitos de entrada a la altura de un colegio especial para analfabetos.
Tropas con mentalidad infantil de parvulario están al servicio de una oficialidad
que, por el contrario, cada vez está mejor formada técnicamente y con una mayor
proporcionalidad de formación universitaria. Ciertamente, los mercenarios no
escapan a las tendencias generales del mercado de trabajo. En principio se
trata de solucionar la diferencia entre las plantillas previstas de tropa de
soldados y marineros: en el papel serían 110.500 pero realmente sólo 70.000 han
logrado reunir requisitos tan bajos como los exigidos para formar parte de la
soldadesca. Sin embargo, lo que está en marcha es un avance cualitativo en la
capacidad de intervención imperialista del ejercito español... tanto en el
extranjero como en el territorio del Estado español. Se disolverán las
anticuadas divisiones que serán sustituidas por brigadas con mayor capacidad
organizativa de movilidad. Las brigadas dependerán del Mando de la Fuerza
Terrestre en Sevilla (al frente del cual estaba el pro golpista Mena) y, en caso de necesidad, podrán generar un
cuartel general de división a través del Cuartel General de Alta Disponibilidad
de Bétera, que desde su integración en el dispositivo de la OTAN es capaz de
dirigir hasta un Cuerpo de Ejército. En cuanto a la preocupación del ejército
respecto al Estatuto, es decir al mantenimiento de la unidad de España a sangre
y fuego, es ilustrativo el hecho de que “A pesar de la reducción generalizada,
ésta no afectará a los efectivos de la Brigada de Infantería Movilizable de San
Marcial, desplegada en las tres provincias vascas, ni a las guarniciones de
Ceuta y Melilla.”[27]
Sobran comentarios: evidentemente la ocupación militar sobre el terreno debe
mantenerse al completo en algunos enclaves... y autonomías.
El mismo Sr Bono que blandió su capacidad de demagogia, ante las tropas españolas enviadas a Pakistán en ‘ayuda humanitaria’, contra los ‘burócratas’ de la OTAN el 27 de diciembre del año pasado, se encarga de tutelar la continuidad de la colaboración española en la ocupación de Irak. El ejército español está integrado en el programa de la OTAN destinado a perfeccionar el ejército cipayo iraquí. El año pasado, oficiales del ejército español formaron a oficiales del nuevo ejército iraquí, tanto en el extranjero (aunque nunca en territorio iraquí) como en el Estado español. La presencia del ejército español en Afganistán será aumentada en 200 soldados hasta alcanzar los 800, si la OTAN no pide más.
Zapatero ha redoblado los
esfuerzos de defensa de los intereses del gran capital español en el exterior.
La visita de Evo Morales a España, la de Putin el pasado día 9 de febrero (la
entrevista de Putin con Zapatero fue seguida por una reunión con los
representantes de las empresas imperialistas Repsol-YPF, Iberdrola, Campofrío,
EADS-Casa, TALGO, BBVA, Banesto, CAF, PYMAR, OHL y CESCE.
La visita de Zapatero a los
enclaves militares de Ceuta y Melilla, a finales de enero, se realizó con el
telón de fondo de la colaboración con la monarquía alahuita contra el pueblo
saharaui; así, Moratinos hizo frente con Marruecos en el Consejo de Asociación
con Marruecos celebrado en Bruselas el 22 de noviembre para conseguir que del
texto de la UE fuera expulsada la palabra “autodeterminación” relacionada con
el Sahara. A la luz de esta política práctica es como cabe entender la
declaración de Zapatero en su primera visita a Marruecos, el 24 de abril de
2004: “se pueden armonizar los derechos de las partes mediante el diálogo y
llegar a un gran acuerdo”, acuerdo, evidentemente, que pasa por la negación del
derecho de autodeterminación que ni existe en el Estado Español ni tampoco en
África para una de las ex colonias españolas.
Los días 15 y 16 de diciembre de
2005 se celebró la cumbre de Bruselas de la UE. En ella Zapatero logró que el
imperialismo español continúe siendo beneficiario neto de los presupuestos de
la UE durante el período 2007-2013. 5.000 millones de euros recibirá España en
fondos creados ex professo para evitar pasar a ser contribuyente neto.
Aunque España supera ya el 90% de la renta comunitaria, continuará recibiendo
dinero del Fondo de Cohesión. Es bien sabido cómo estos fondos engordan al gran
capital (industrial, financiero y agrícola).
Por su parte, el Ministerio de
Exteriores (ministro Ángel Moratinos: “somos la octava economía del mundo”, en
inversiones en el exterior parece que sí tiene razón) prepara el lanzamiento en
la próxima cumbre iberoamericana, a celebrar el próximo otoño en Montevideo, de
una ofensiva diplomática-humanitaria-económica-cultural mediante la creación de
lo que la prensa ha llamado, provisionalmente, Cuerpo de Voluntariado
Internacional Español que pretende remedar la imperialista Alianza para el
Progreso de Kennedy. Este cuerpo de voluntarios, al servicio del imperialismo
español, estaría dedicado a la defensa en una segunda línea de los intereses
imperialistas españoles en América. Mientras, el Observatorio para Empresas en
Latinoamérica sigue haciendo ‘discretamente’ su trabajo de lobby a favor
de las empresas imperialistas españolas en la zona.
El 15 de diciembre de 2005 el
Congreso de los Diputados aprobó la LOE por 184 votos a favor (PSOE, CiU, ERC,
PNV-EA, Coalición Canaria más los votos de Iniciativa per Catalunya integrada
en Izquierda Verde y, por tanto, en IU). IU, el Bloque Nacionalista Galego, la
Chunta Aragonesista y Nafarroa Bai se abstuvieron, el PP votó en contra.[28]
En el año 2005 el Gobierno
Zapatero hizo aprobar 24 leyes. De entre ellas ninguna dirigida a mejorar las
condiciones salariales y de trabajo de la clase obrera; siete de ellas
encaminadas al perfeccionamiento del funcionamiento de extracción de plusvalía
o de su reparto entre los diferentes sectores de la burguesía (Ley de
saneamiento y liquidación de entidades de crédito; Ley de supervisión de
conglomerados financieros; Ley sobre sociedad anónima europea domiciliada en
España; Ley de incorporación de diversas directivas comunitarias en materia de
fiscalidad; Ley reguladora de entidades de capital-riesgo; Ley de reforma de la
ley de arrendamientos rústicos y, para acabar, Ley de reformas para el impulso
de la productividad). La Ley de Defensa Nacional y la de la reforma del poder
Judicial estando encaminadas a mejorar los aparatos burgueses de control y
represión.
El 3 de marzo el Gobierno aprobó
el anteproyecto de Ley Orgánica de Igualdad entre Hombres y Mujeres que
‘obligará’ a las empresas a ‘negociar’ (sin obligar a acuerdos concretos)
planes o medidas de igualdad entre trabajadores y trabajadoras. La
Administración del Estado favorecerá en sus contratos con las empresas privadas
a aquellas que hayan desarrollado medidas ‘igualitarias’.
El Consejo de Ministros aprobó, el
10 de marzo, la Reforma fiscal. Por una parte ha reducido a cuatro los tramos
en el IRPF, lo que “en la práctica
[...] supone una rebaja del impuesto” según El País[29].
Le falta añadir que será una rebaja de impuestos para aquellos asalariados
situados en la parte alta de los tramos anteriores, que eran cinco. Según el
mismo diario: “Las rentas más altas pasarán de pagar el 45% actual al 43%. Y
las más bajas pagarán un 24% frente al 15% actual”, pero un porcentaje,
aplicado a un número absoluto mucho mayor en las rentas altas que en las bajas,
neutraliza, como resultado en dinero, la mayor bajada del porcentaje en las
rentas bajas. Cierto que la reducción por trabajo que se aplica a los ingresos
por nómina de asalariado sí que benefician a los sueldos inferiores a 9.000
euros anuales, esta reducción, sin embargo, beneficiará sobretodo al sector
autónomo que trabaja para una única empresa (reconociendo el Gobierno con ello
que este tipo de ‘autónomos’ son, de hecho, asalariados que trabajan,
prácticamente, en el sector de la economía ‘submergida’) redundado la
bonificación, tarde o temprano, en beneficio empresarial ya que la empresa
estará en posición de apretarle más las clavijas al trabajador ‘autónomo’, como
demuestra el pasado de las relaciones entre este tipo de autónomos y las
empresas. Todos los ahorros pasarán a tributar por igual, el 18%, con la
intención declarada por el Gobierno de favorecer el ahorro a largo plazo,
difícil ahorro para la mayoría de los trabajadores y jóvenes que ven como, mes
tras mes, su única opción no es el ahorro sino el mayor endeudamiento; pero,
realmente, quienes saldrán beneficiados con este cambio serán los rentistas del
corte del cupón más ricos ya que los dividendos serán considerados como rentas
de ahorro y tributarán al 18%... “a las rentas más altas el cambio les sale más
que rentable, pero a las bajas y medias les sucede lo contrario”[30]
(s.n.). En cuanto a los impuestos sobre los beneficios empresariales, por
primera vez desde 1978 el Gobierno rebaja el impuesto de sociedades que pasa
del minúsculo 35% al 30% (25% para las pequeñas y medianas empresas); a cambio
se retiran las múltiples deducciones que aprovechaban, sobretodo, a las grandes
empresas... que seguro encontrarán la forma de reconvertir este tipo de
deducciones gracias a sus poderosos departamentos de asesoría fiscal.
En estas mismas páginas dedicamos
un artículo a la proyectada reforma laboral. Sólo señalar aquí que, a renglón
seguido de la rebaja del impuesto de sociedades, el Gobierno planea premiar con
414 millones de euros a las empresas mediante la anunciada reforma laboral.
Ello mediante la reducción de aportaciones al sistema de desempleo, al fondo
destinado a pagar las indemnizaciones por quiebras o impagos y la ampliación de
las ayudas por contratación de jóvenes, mujeres, discapacitados o parados de
larga duración, según adelantaba El Economista[31].
Este diario glosaba así las intenciones del Gobierno: “La rebaja propuesta por
Trabajo supone el esfuerzo más importante por reducir los costes de las
empresas que ha realizado un Gobierno en los últimos años.” El vicepresidente
del Gobierno, Pedro Solbes, afirmaba
ante el Foro Nueva Economía el 7 de febrero que “La temporalidad también
está relacionada con el coste de la finalización del contrato.”[32]
¿Estaba el Gobierno respondiendo al dirigente de CCOO que exigía el 23 de
febrero la ayuda de éste para llegar al pacto? Fidalgo declaraba ese día sobre
la marcha de la secreta negociación sobre la reforma laboral: “Parece que hemos
sido subcontratados por el Gobierno para meternos en el pantano.”[33]
El salario diferido en forma de jubilación viene
recibiendo golpe tras golpe en las últimas décadas. A pesar de ello, la
exacción sobre los trabajadores es de tal magnitud que la Seguridad Social (que
‘guarda’ esta parte del salario) ha ido, año tras año, arrojando superávit para
compensar los gastos del estado burgués. En el Pacto de Toledo las direcciones
sindicales acordaron regalar definitivamente al estado burgués los miles de
millones de pesetas que la Seguridad Social, el salario diferido de la clase
obrera, había regalado al estado. A cambio, este estado se comprometió a
guardar en una ‘hucha’ una parte mínima de los futuros superávit. A esta hucha se la denominó Fondo de Reserva
y, a 10 de marzo de 2006, tiene 31.241 millones de euros acumulados. Este
dinero está invertido, por ley, en deuda pública y gestionado por el Ministerio
de Trabajo. El 15 de marzo se sabía que un grupo de trabajo, integrado por
representantes del Ministerio de Economía y de la Seguridad Social, está
preparando una reforma legislativa que permita privatizar la gestión de este
Fondo de Reserva. Al capital financiero no le bastan ni los Fondos de Pensiones
privados ni los colectivos (última gran entrega la del Fondo de Pensiones
Colectivo de los trabajadores de las administraciones públicas); ahora que la
‘hucha’ del salario diferido ha adquirido una dimensión importante también
quiere este botín.
Según datos de la patronal de la
construcción, SEOPAN, hechos públicos por El País el 9 de febrero, “La
construcción sigue siendo le motor de crecimiento de la economía española.” Con
un crecimiento del 6% en el 2005
(superior casi en el doble al 3, 4% del PIB) supuso 165.160 millones de euros,
de modo que el sector de la construcción tiene un peso en el PIB del 17%.
España es el primer país europeo en crecimiento de este sector y generó, en el
2005, 173.000 nuevos puestos de trabajo (el 23% de las nuevas afiliaciones a la
Seguridad Social). La obra civil (aquella destinada a fines públicos como, por
ejemplo carreteras, ferrocarriles, etc.) representó el 35% de la actividad del
sector y la construcción de viviendas el 24%.
¿Cómo se financia este crecimiento? En el caso de la obra civil con el
recurso a la deuda estatal y en el caso de los particulares con el recurso a
las hipotecas para la compra de vivienda, estas últimas aumentaron el doble que
la media europea, alcanzando los 384.631 millones de euros (el 45,9% del PIB). Como ya señalábamos hace unos años, la
bajada de los tipos de interés no iba a repercutir, en el marco de la economía
capitalista, a favor de los trabajadores abaratando la compra de vivienda
(contrariamente a lo que declaraba Rato). Así ha sido: hasta ahora la rebaja en
los tipos de interés en las hipotecas ha supuesto enormes beneficios para la
banca y el ‘atesoramiento’ de buena parte del parque de viviendas como prenda
de las hipotecas; por el contrario el precio de la vivienda ha subido un 150%
en los últimos siete años según datos de la Asociación de Promotores
Constructores de España (APCE)[34]
.
La banca tiene, pues, asegurado un
negocio a largo plazo, las constructoras e inmobiliarias han duplicado su
tamaño y han financiado una expansión claramente imperialista hacia el exterior
con compras millonarias. El futuro: “Esto es insostenible. La deuda familiar
supera los 600.000 millones de euros y eso significa que, en números redondos,
no hemos pagado casi nada de lo que hemos construido; sólo los intereses.”,
declaraba el economista y arquitecto Ricardo Vergés al diario El País el
11 de diciembre de 2005.
... pero está configurando parte del
capital imperialista español
Las grandes constructoras e
inmobiliarias cosechan enormes beneficios que les permiten diversificar sus
actividades (a ellas el estallido de la burbuja inmobiliaria les pillará
vacunadas en parte) y continuar el proceso de concentración y exportación de
capitales. Las seis mayores
constructoras españolas aumentaron en un 20% su beneficio neto en el 2005;
Acciona recoge un 32% de sus beneficios en el sector de la energía gracias a la filial Acciona Energía, Ferrovial
recoge el 63% de su resultado bruto de explotación a partir de sus actividades
en el sector servicios y en las concesiones de infraestructuras; OHL recogió,
en el 2004, 46, 5 millones de euros en plusvalía al colocar en la Bolsa de
Brasil una filial de concesión de autopistas; el 40% de las ventas de ACS
provino de los servicios industriales y medioambientales; Ferrovial, que compró
el grupo estadounidense Webber por 179 millones de euros, se vuelca en la
compra de tuneladoras, infraestructuras, en la concesión de la Autopista
Chicago Skyway, en la concesionaria del metro de Londres y en la compra del
operador handing Swissport, preparaba una OPA del 100% del capital sobre
la británica BAA diseñando la constitución de un consorcio para tal operación,
de este consorcio formaría parte el grupo australiano Macquarie (con el que
gestiona conjuntamente los aeropuertos de Sydney y Bristol). Pero, por ahora,
parece que la operación está en peligro: “...[en] la Bolsa de Londres donde
desataba el secreto mejor guardado de Ferrovial: los 12.648 millones de euros
que está dispuesto a pagar por el grupo de aeropuertos. Para colmo, añadía que
rechazaban la oferta. [...] Le parece demasiado barata.”[35];
FCC (Fomento de Construcciones y Contratas)
tiene un porcentaje del 29% de
su cifra de negocios destinado a los servicios medioambientales, en el 2005
destinó el 34% de su plan de inversiones a la adquisición del Grupo Logístico Santos; Sacyr
Vallehermoso extrae el 21% de su facturación de las concesiones, los servicios
y el patrimonio inmobiliario, ya en el 2006 ha adquirido el 5% de Eiffage
(tercera constructora francesa), en el 2005 invirtió 893 millones de euros en
las concesiones y los servicios[36]
El sector agrario español ha
ingresado 93.117 millones de euros desde su integración en la PAC (Política
Agrícola Común) en 1986. Sólo Francia
le gana en este tipo de ingresos. Ya hemos explicado en otros números de
nuestra revista cómo estos ingresos van en su mayor parte a los bolsillos del
gran capital latifundista. Sin embargo España sigue dependiendo de las
importaciones masivas de cereales para alimentarse. Por el contrario, el sector
hortofrutícola sigue siendo el sector castigado por la PAC pero que genera
exportaciones voluminosas de frutas y hortalizas y crea capital suficiente para
soportar una expansión imperialista, especialmente hacia Marruecos. Todo ello
basado en un alto grado de extracción de plusvalía, gracias a la
sobreexplotación a que los empresarios de este subsector someten a la mano de
obra inmigrante, y a la renta diferencial del suelo proveniente, en gran
medida, de la climatología y proximidad a los mercados europeos.
El
automóvil: “trabajar más y cobrar menos”.
El año pasado se interrumpió el
crecimiento continuado que se producía desde 1993 (2001 fue una excepción) en
la fabricación de automóviles en España. La patronal del sector, Anfac, cifró
en enero en casi un 10% el descenso en la producción. Frente a un aumento del
0,8% en las ventas, que alcanzaron en el 2005 la cifra récord de 1.528.849
unidades, la producción de vehículos se encuentra ante una feroz competencia
por parte de las fábricas asiáticas de modo que el 15% de las ventas de turismo
y el 68% de las de todoterrenos lo eran de vehículos producidos en Corea del
Sur y Japón. España aún se mantiene como séptimo productor mundial y tercero
europeo (tras Alemania y Francia). El languideciente mercado europeo, que
representa el 80% de la producción española, no parece mostrar signos de
recuperación... y si lo hace será seguramente penalizando los productos
españoles a favor de las nuevas plantas instaladas en los países del este de
Europa o de la producción asiática. La patronal exige al gobierno que mejore
los ferrocarriles (por donde se exportan a Europa la mayoría de los vehículos)
pero, sobretodo, exige “trabajar más y cobrar menos.”
El sector del automóvil es la
primera industria exportadora española. Ángel Laborda la ponía como ejemplo de
la pérdida de competitividad internacional española: “tomando como índice 100
las exportaciones de 2000, este índice se situó en 91 en 2005, después de caer
casi un 12% en este último año.”[37]
La concentración de capitales es
un rasgo particular del capitalismo; de este rasgo resulta otro que es esencial
en la conformación de su etapa imperialista: la creación de monopolios.
Iberdrola planea una ampliación de capital que alcanza casi los 5.000 millones
de euros, ampliación que sólo sería superada en la historia del capitalismo
español por la que realizó el Banco de Santander en el 2005 (13.300 millones de
euros) para la compra del banco británico Abbey; la ampliación está destinada a
financiar el 50% de los activos de Endesa, siguiendo el acuerdo con Gas Natural
derivado de la OPA de éste sobre Endesa. Tras ello está la tendencia a la
concentración de capitales en el sector de la energía para aglutinar tanto el
mercado de la electricidad como el del gas. La española Gas Natural se
encuentra ahora incursa en una guerra total con la alemana E.ON para aumentar
su posición monopolista fagocitando a la competidora Endesa.
En el sector comercial continúa la
imparable marcha del gran capital contra las tiendas ‘familiares’. Mercadona es
un buen ejemplo. Su ritmo de crecimiento de una tienda cada tres días, lo que
hace cien establecimientos al año, se traduce en el 25% de la superficie
comercial inaugurada en España y una cuota de mercado del 16,3%;
consecuentemente, las fronteras nacionales ya le son estrechas, Juan Roig, su
presidente, afirmaba hace poco: “Cruzaremos la frontera antes de 2010.”[38]
También en el sector comercial de la
restauración se asiste al fenómeno de la concentración, en las misma página en
que se plasmaban las intenciones del presidente de Mercadona se daba cuenta de
la futura compra del 100% de Telepizza por los hermanos Ballvé. Estos contarán
con la ayuda de Permira, sociedad de capital riesgo, para comprar el 73% del
capital de Telepizza que no controlan directamente. Con el 27% del capital se
puede controlar una empresa como Telepizza, que cuenta con numerosos pequeños
accionistas, pero los hermanos Ballvé tienen que ‘defenderse’ del intento de
OPA sobre Telepizza por parte de Agrolimen (dueño de Gallina Blanca y Pans
& Company, entre otras empresas) o de Nestlé.
En el sector de la producción de
tela para pantalones vaqueros la española Tavex, primer productor mundial de
este tipo de tela conocido como denim, tiene en marcha un plan para
absorber a la brasileña Santista, primer productor iberoamericano. El mercado
potencial de la empresa resultante será de 2.500 millones de individuos;
contará con 12 plantas repartidas por todo el mundo (América, África y Europa).
La producción de este tipo de tela está atomizada... hasta cierto punto:
alrededor de 400 empresas en todo el mundo se dedican a esta producción pero 40
de ellas copan el 30% del mercado. Y es
que según Herbert Schmid, presidente de Santista: “... los distribuidores de
este producto exigen una concentración en la producción.”[39]
En el sector del acero la
absorción se producirá en sentido contrario. En el 2002 se creó Arcelor como
resultado de la fusión de la empresa española Aceralia, la francesa Usinor y la
luxemburguesa Arbed. El 27 de enero pasado la anglo-india Mittal, con sede en Londres,
lanzó una OPA por 18.600 millones de euros sobre Arcelor. El gobierno español y
francés andan dando vueltas a si ello repercutirá en contra de la competencia o
no ante la ‘invasión’ anglo-india, recordemos que con sede en Londres.
Esto en lo que afecta al gran
capital. Respecto a las pequeñas empresas, la tónica es la misma. En un
artículo del 2003, que se refería a la última década, se afirmaba: “La mayoría de las fusiones y adquisiciones que se realizan en España
afectan a pequeñas empresas no cotizadas, dado que las grandes compañías se ven
involucradas en pocas transacciones, según el informe “¿Cómo se realizan las
compraventas de empresas en España?” realizado por el Instituto de Estudios
Económicos (IEE)”[40]
2005:
año de beneficios...
Según el Barómetro de Empresas
elaborado por Deloitte y que publicaba El País-Negocios[41]
: “El indicador mejor valorado por las compañías es, en todo caso, externo a
ellas. El 41,2% de las encuestadas percibe una mejora en la situación económica
lo que supone un notable aumento respecto al 35,6% que pensó lo mismo en la
anterior oleada.” Sin embargo: “en el caso de los beneficios, el porcentaje de
empresas que ha percibido una mayor rentabilidad se ha reducido al 71,3% desde
el 72,6% del segundo trimestre.” La rentabilidad proviene sobretodo, según los
empresarios encuestados, del aumento de la facturación de modo que “... las
empresas más pequeñas (las que tienen una facturación comprendida entre los 30
y los 60 millones de euros) son las que reconocen una evolución más
desfavorable en sus resultados. Se ha producido un incremento de los beneficios
en tan sólo un 52% de los casos y una disminución en el 20%. Es, además, una
situación algo más negativa que en el período anterior, cuando el 66,7% de los
encuestados incremento el BAI[42]”
Para hacerse una idea de la
posición imperialista española en América baste señalar aquí que los beneficios
extraídos de Latinoamérica, datos referidos al 2004, por BBVA (49% de sus
beneficios), Santander (35% de sus beneficios), Telefónica (41%), Repsol YPF
(45%), Endesa (23%) y Arcelor (7%) sumaron más de 41.000 millones de euros lo
que representó el 5,4% del PIB español en aquel año.
...sobretodo
para el gran capital
La banca ha cosechado, de nuevo,
beneficios récord. En el 2005 el grupo Santander, el BBVA, La Caixa, el Banco
Popular y Caja Madrid ‘ganaron’ 13.240 millones de euros, es decir un 52% más
que en el 2004. Según diversos analistas, este crecimiento en los beneficios se
debe en gran medida al aumento del PIB en el 2005. En efecto, el Producto
Interior Bruto aumentó un 3,4% en términos reales (1,7 puntos más que la UE).
2005 ha sido, en efecto, un buen año para el gran capital: Repsol también
registró beneficios récord en este año, ganando 3.120 millones de euros (29,2%
más que en el 2004) como resultado del aumento de los precios del crudo y de su
negocio de refino (en el que el beneficio operativo creció un 69,3% hasta
alcanzar los 2.683 millones, lo que supone las cinco sextas partes del
beneficio total). Telefónica aventajó a Repsol en crecimiento de beneficios
pues cosechó un 40% más de rentabilidad fruto de su división de telefonía móvil
e internet por ADSL: “Telefónica ha dado la vuelta a su modelo de negocio. La
telefonía móvil supone ahora el grueso de sus ingresos, mientras que el acceso
a Internet por ADSL y Latinoamérica le aportan la rentabilidad.”[43].
El beneficio neto a 31 de diciembre de 2005 de las 35 empresas del IBEX 35, que
representan casi la totalidad del movimiento bursátil, ascendía a 36.696
millones de euros; el grupo bancario Santander (6.220), Telefónica y Telefónica Móviles (6.364), Arcelor
(3.846), BBVA (3.806), Endesa (3.182) , Repsol (3.120) e Iberdrola (1.382). Si
ya las empresas del Ibex son la nata del gran capital español, estas siete
empresas han recogido conjuntamente 27.920 millones de euros, es decir más de
las dos terceras partes de los beneficios de las empresas del Ibex.
“El producto interior bruto (PIB)
creció una media del 3,4%, casi el triple que los países que comparten la
moneda europea, que avanzaron un 1,3%”[44].
Así glosaba el diario madrileño la
información del INE (Instituto Nacional de Estadística). Según esta información
el 2005 sería el año de mayor crecimiento del PIB desde el 2001 (en el que
creció un 3,5%). El INE atribuía este crecimiento a un menor crecimiento de la
demanda nacional combinado con una mejoría en la exportación. De hecho
constataba que en el 2005 se produjo una desaceleración en “los dos grandes
motores de la economía española, el consumo y la inversión (especialmente en
construcción)” según el mismo diario. Y no es casual, al mismo tiempo que el
INE hacía público su informe el Banco de España colgaba en su página web
algunas advertencias sobre el endeudamiento. El Banco advertía de los peligros
de las hipotecas sujetas a tipo variable (“porque el riesgo de variación de los
tipos lo asume el prestatario”), de la técnica de reunificación de deudas (ya
que añaden un sobrecoste en tramitación y formalización... y engordan el
capital pendiente a devolver) y de los créditos rápidos (que pueden alcanzar
los 4.000 euros) ya que alcanzan un TAE del 22% “Frente a estas facilidades, su
coste suele ser muy superior al habitual en los créditos personales concedidos
a clientes con referencias previas.” Es evidente, pues, que la inmensa mayoría
de los trabajadores que acuden a este tipo de créditos no logra estas
‘referencias previas’ por falta de una nómina legal que contemple todos sus
ingresos (nóminas a tiempo parcial pero jornadas por encima de las ocho horas
diarias) o a causa de que su endeudamiento con la banca ha alcanzado un punto
que le impide recurrir a otro crédito nuevo (aunque sea bajo la figura de la
reunificación). Por otra parte, el ritmo de crecimiento del PIB se ‘estabilizó’
en el último trimestres del 2005, frenando la tendencia alcista desarrollada
desde el 2003. En cuanto a la composición de este crecimiento, como acabamos de
ver, ha cambiado, pero “Esta recomposición del crecimiento [...] es más bien un
signo del agotamiento del patrón de crecimiento de los últimos años y no tanto
el producto de un cambio de dicho patrón. [...] la mejora del saldo exterior
proviene de la desaceleración de las importaciones debida a la moderación de la
demanda interna, pero no de una recuperación de las exportaciones que siguen
creciendo muy por debajo de las importaciones y de lo que lo hacen los mercados
exteriores, perdiendo por tanto cuota de mercado.”[45]
La demanda interna lleva ya muchos
años basándose, en buena medida, en el endeudamiento y parece que este recurso
está agotando ya todas sus posibilidades. De hecho ya se están concediendo
créditos hipotecarios con un plazo de amortización de 50 años: “hay quien cree
que no se tardará mucho en ver hipotecas heredables con plazos prácticamente
ilimitados”[46]. De hecho
la ampliación de los plazos de amortización no sólo va dirigida a los jóvenes
sino, también, a aquellos que amplían (en muchas ocasiones bajo la figura de la
reunificación) su hipoteca para dedicar el dinero logrado con la ampliación no
a rebajar la cuota mensual de amortización sino a ampliar su crédito para
consumo. Así, de nuevo en el 2005 se han vuelto a batir récord de
endeudamiento: en octubre del 2005 el saldo del crédito hipotecario vivo
alcanzó los 705.287 millones de euros, 144.601 más que en el mismo mes del
2004. Todo ello con unos tipos de interés que afianzan su tendencia alcista, el
Euríbor a 12 meses superará en el 2006 el 3,25%.
Según ‘analistas’ consultados por
el diario El País[47]
el 2006, para otros el 2007, será el año de la ‘desaceleración’ de la economía
española. De acuerdo con estos mismos expertos, el alto nivel de endeudamiento
conjuntado con la subida de los tipos de interés y la incapacidad de la
economía española para mejorar su competitividad, con la consiguiente brecha
entre importaciones y exportaciones, serán los causantes de la
‘desaceleración’. Ciertamente la palabra crisis esta prohibida en una especie
de vuelta a la infancia y temor a provocar el evento si se le nombra. Pero los
datos, por más deficientemente que haya podido ser elaborados y por más
precocinados que hayan sido, son bastante contundentes. Los componentes de la
demanda que han propiciado el aumento del PIB
son reveladores de las causas y de cómo podrá repercutir la crisis
cuando estalle. Según datos del INE, el consumo de los hogares pasó de 4,4 en
el 2004 a un 4,5[48] en el 2005;
por el contrario la Formación bruta de capital fijo (FBCF) pasó de 4,9 a 7,4,
pero desagregando esta cifra resulta que el FBCF en la construcción pasó de 5,5
a 6,2 frente al de el sector bienes de equipo y servicios que pasó de 4 a 9,1.
El endeudamiento de los trabajadores llega a límites insostenibles, los tipos
de interés aseguran su tendencia alcista, la construcción (que provee más del
20% del mercado laboral) comienza a enfriarse... pero este ha sido un buen año
en el crecimiento, según el INE, a causa de la desaceleración de la demanda y
de la mejoría del sector exterior ya que disminuyeron las importaciones de
bienes y consumo. Cierto, según datos del mismo INE las importaciones de bienes
y servicios cayeron de los 9,3 millardos del 2004 a los 7,3 del 2005... y las
exportaciones de bienes y servicios también cayeron de unos raquíticos 3,3 millardos en el 2004 a un exiguo 0,1
millardo en el 2005: el resultado es un déficit por cuenta corriente que supera
el 7% del PIB, un porcentaje mayor que el de EEUU, y que está financiado por el
endeudamiento no por inversión directa extranjera.
El Estado español registró en 2005
el “primer superávit de la democracia”. El conjunto de las administraciones
públicas españolas ingresó 9.947 millones de euros por encima de los que gastó,
con lo que logró un superávit del 1,1% del PIB, “un verdadero hito en la
historia de la Hacienda pública” según palabras de Pedro Solbes. Los ingresos
tributarios crecieron en un 14,1%, destacando los percibidos por el impuesto de
sociedades, beneficios, que aumentaron en un 24,9%, ya hemos visto más arriba
que el 2005 fue un buen año para los beneficios empresariales. Los ingresos por
IRPF (aumento del 14,7%) y los del IVA (aumento del 12,1%), provenientes de la
clase trabajadora en su inmensa mayoría, sostuvieron la media del crecimiento
de ingresos. Pero fue de nuevo el salario diferido el que llenó las arcas del
Estado burgués: “La Seguridad Social registra el mejor balance. La fuerte
creación de empleo impulsa las cotizaciones al sistema, que acumula un
excedente del 1,06% del PIB. Pese a ser
abultada, la cifra es similar la de 2004.”[49].
¿Y que hará el estado burgués con ese superávit debido en su mayor parte a la
posesión en sus arcas del salario diferido de los trabajadores? Solbes también
lo explicó: en primer lugar reducir la deuda del estado burgués (que supone el
43,4% del PIB)... y financiar la rebaja fiscal que ya hemos visto más arriba
que beneficiará a los ricos.
Y mientras el estado burgués logra
su primer superávit ‘democrático’, la burguesía continúa defraudando a
espuertas. Según estimaciones hechas por José Luis Barbería, a partir de una
investigación entre expertos en la materia, y publicada en El País, el
dinero negro que mueve la ‘economía sumergida’ alcanza la cifra de 130.000 millones
de euros. Y la tendencia no es descendente sino todo lo contrario: “Los últimos
estudios avalan nuestra percepción profesional de que el fraude fiscal va a
más.”[50]
El dinero negro alcanza un porcentaje del 20% del PIB (“Creo que puede hablarse
de un cierto consenso sobre este dato”[51]).
Un rasgo del imperialismo es la
exportación de capitales. Las metrópolis imperialistas exportan capitales a
todo el mundo... también a otras metrópolis imperialistas. Es una lucha
continua entre los imperialismos, tanto ‘fuera’ de las fronteras de países
imperialistas como en el interior de esos mismo países. El imperialismo español
de tercer orden lleva desde el 2003 perdiendo capacidad de ‘atraer’ inversión
directa extranjera; en aquel año la caída fue brusca pasando de 41.666 millones
de euros en el 2002 a casi la mitad (22.971 millones de euros) en el 2003 para
continuar el descenso hasta el 2005, en que las inversiones directas
extranjeras sólo alcanzaron los 2.587 millones de euros (suponiendo un descenso
del 65% respecto al año anterior). “Una tasa negativa que aumenta al 98,5% si
se contabiliza en valores netos, descontando el efecto de las desinversiones.”[52]
La inversión directa extranjera en
España concentra su procedencia en Alemania, Francia, EEUU, Holanda, Reino
Unido e Italia (que sumaron conjuntamente el 66% de esta inversión). Por otra
parte, el único sector ‘productivo’ que recibe un porcentaje de inversión
directa extranjera significativo es el químico (el 16,8% en el 2005); casi el
50% de esta inversión se dirige hacia el sector inmobiliario, la intermediación
financiera y el comercio. La patronal, CEOE, achaca (¡como no!) esta pérdida de
inversiones al aumento de los costes laborales que, según sus expertos,
crecerían en 2005 un 3,5% frente al 1,4% de la UE de quince y el 1,6% del
conjunto de la OCDE.
A mitad de febrero del actual año
los datos recogidos para el período comprendido entre enero y noviembre del
2005 daban ya un resultado positivo para la inversión directa extranjera que
habría comenzado a superar la tendencia a la baja gracias a una recuperación
del 70,7% de crecimiento respecto al mismo período del 2004. “Es prematuro aún
hablar de un cambio de tendencia”, declaraba un responsable de estudios de Caja
Madrid. A este crecimiento de la inversión es necesario restarle la
desinversión y comprobar los sectores a los que ha afectado, las inversiones
inmobiliarias han perdido algo de peso (caen en un 6,6%) “frente a una mejora en
otras inversiones más productivas”[53]
que el periodista no concreta.
Bien, puede que la inversión
extranjera directa en España esté recuperándose... pero no lo suficiente como
para contrarrestar la marcha imparable del déficit exterior que, para el mismo
período de enero-noviembre del 2005, representaba un saldo negativo de 60.754
millones de euros (con una subida negativa del 58% respecto al 2004). Un
ejemplo es el sector textil: las importaciones provenientes de China aumentaron
un 50% en el 2005, según estimaciones del Consejo Intertextil Español hechas
públicas en el pasado mes de enero. En este sector, la clase obrera china está
compuesta por mano de obra con muy baja cualificación pero Emilio Ontiveros
señalaba en El País-Negocios[54]
que España estaba sometida, igual que otras potencias industriales, a la
competencia de los países asiáticos o de Europa del este “... todavía
consideradas [sus economías] emergentes pero con unos trabajadores equipados
con habilidades que en nada envidian a los de economías como la española” y
continuaba señalando cómo estos países están recibiendo una fuerte inversión en
capital tecnológico y disponen de una población con una buena alfabetización
digital.
Y no es que el capitalismo español
imperialista, como hemos visto más arriba,
no deje de invertir en el exterior. Repsol YPF ponía en marcha la mayor planta
de licuefacción de gas natural del mundo en Trinidad y Tobago a fines del año
pasado, su presidente Antonio Brufau se entrevistaba el pasado 3 de marzo con
Evo Morales para reconducir la situación creada por las órdenes de detención
contra ejecutivos de esta empresa, la intención: aumentar las inversiones para
industrialización del gas, ampliación de complejos petroquímicos y plantas de
fertilizantes. El capitalismo español es el segundo proveedor, cliente e
inversor de Marruecos. En Argelia, Fertiberia tiene programada una inversión en
el holding público Somedine que le permitirá controlar la empresa de
fertilizantes argelina Asmidal; Repsol YPF también programa nuevas inversiones
con contratos de exploración de yacimientos en el desierto argelino, CAF piensa
adjudicarse la construcción de 17 trenes para los ferrocarriles argelinos
(SNTF) y 14 para el metro de la capital argelina. De hecho, “Para muchas
empresas españolas, el 40% del beneficio y del crecimiento viene de fuera del
país, y muchas de las formas en las cuales las empresas están saliendo de estos
problemas es a través de la deslocalización y de la producción fuera.”[55]
Pero por primera vez en la
historia el capitalismo español está sujeto a un déficit comercial que ya no
puede superar mediante el recurso a las devaluaciones de la moneda propia. Su
inserción en el euro se lo impide. Esta misma inserción le permite seguir
logrando financiación para un endeudamiento récord también a nivel histórico.
España es el primer capitalismo en envergadura relativa de su déficit por
cuenta corriente, el déficit español representa el 7,4% del PIB, superando este
porcentaje sobre el PIB al que representa el déficit de los EEUU. La cuota de
mercado exterior de sus exportaciones, de bienes que no de capitales, mantiene
una tendencia descendente desde hace ocho años; los mercancías conteniendo alta
tecnología que exporta el capitalismo español sólo representan la media de la
Unión Europea; “El efecto dinámico del cambio en la composición de la oferta
[hacia el exterior] que se vivió en la década de los ochenta, en parte animado
por la inversión extranjera, está virtualmente agotado”[56],
sentenciaba J. A. Alonso. El mismo autor comparaba la cuota que las mercancías
de alta tecnología tienen en las
exportaciones manufactureras de Irlanda y Finlandia con la de España: en el
caso irlandés esta cuota supera en 5 veces a la española y en el caso finlandés
en 2,5.
La propaganda política sobre la
nueva era de la sociedad que habría abierto la ‘globalización’ tiene por
finalidad engañar a las masas sobre el verdadero sistema social, económico y
político sobre el que se basa la explotación. Uno de los componentes de esta
propaganda es la supuesta superación del proteccionismo y el triunfo definitivo
de la libertad comercial, del librecambio como se decía antes. Hemos visto más
arriba cómo uno de los rasgos del imperialismo es la exportación de capitales y
cómo este rasgo se concreta en la economía española. Otro rasgo del
imperialismo es el monopolio y éste es el producto de la concentración y
centralización de capitales que resulta de la acumulación del capital. Pues
bien, la pretendida globalización demuestra no ser más que un intento de
engañifa seudoteórica también en este aspecto de la cuestión ya que, por más
que señale la mayor ‘financierización’ del capital (es decir la conversión del
gran capital en capital financiero tan bien explica por Lenin), pretende hacer
creer que ahora las fronteras, prácticamente, no existen para el gran capital y
que asistimos a una época dorada de libre comercio... salvaje, excesivamente
salvaje, según el sector ‘progresista’ de los defensores de la seudoteoría de
la globalización (de aquí que vuelvan la espalda a la historia y al progreso y
se lamenten de que el estado deje de funcionar y pretenda introducir la tasa
Tobin, por cierto idea ya ajada). El proteccionismo, por más que les pese, es
un recurso más del imperialismo; y es un recurso al que cada imperialismo echa
mano según le interese o no al capital financiero en un momento determinado. La
historia del imperialismo estadounidense lo demuestra sobradamente “una gran
número de ellas [de las empresas estadounidenses] reivindican la protección
de su mercado interior.”[57]
El autor de la obra citada desarrolla múltiples ejemplos de proteccionismo a lo
largo de la historia reciente de los Estados Unidos. Y la legislación de los
Estados Unidos ha estado, y está, al servicio de este recurso imperialista:
“Inscrita en la legislación comercial de 1974 (Trade Act) que otorga al
presidente de los Estados Unidos amplios poderes que le permiten realizar
acuerdos internacionales destinados a reducir los obstáculos a las
importaciones, la cláusula llamada ‘301’ permite a la administración
estadounidense aplicar unilateralmente represalias a los países acusados de
prácticas comerciales ‘desleales’. Esta disposición fue reconducida en la nueva
ley sobre el comercio de 1988 (Trade and Competitivness Act). El arsenal
de represalias americanas comporta, además, una ‘super 301’ que permite aplicar
sobretasas a las importaciones juzgadas, también, como ‘desleales’ hacia las
empresas estadounidenses.”[58]
Los clásicos del marxismo ya analizaron, y nos enseñaron, lo básico sobre este aspecto del capitalismo en su fase imperialista. Rosa Luxemburgo afirmaba: “... el librecambio como sistema internacional no pudo ser, desde el principio, más que un episodio en la historia de la acumulación del capital.”