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Publicamos aquí el Informe sobre situación política en el Estado Español presentado por el camarada Ernest Blanc a la reunión plenaria del Grupo Germinal celebrada el 2 de abril de 2006. El informe suscitó una viva y enriquecedora discusión. Sobre la base de las conclusiones de esta discusión se redactará el editorial del número 6 de Germinal.
El secretario general del PSOE, y
presidente del Gobierno, fue claro y reiterativo el 22 de febrero en su
contestación a Rajoy en la sesión de control al Gobierno: “El derecho al que
usted hace referencia, como es bien conocido, no existe ni en nuestro
ordenamiento constitucional, ni en ningún ordenamiento constitucional de los
países democráticos. Por tanto, la pregunta tiene una respuesta muy fácil:
no”.Como Rajoy insistía, Zapatero también insistió: “Creo que lo he dicho claro
[...] No. ¿Otra vez quiere oírlo? No.”[1]
El dirigente del PP estaba exigiendo que Zapatero se pronunciase, de nuevo,
contra el derecho de autodeterminación. A Zapatero no le dolieron prendas al
respecto y negó que “tal derecho” existiese. Esta escena parlamentaria resume
la larga marcha que el parlamento catalán comenzó en septiembre del año pasado.
En aquel mes el parlamento catalán aprobó, por mayoría absoluta, un proyecto de
nuevo estatuto de autonomía para Cataluña. Sólo los escasos diputados del PP
votaron en contra. El nuevo estatuto de autonomía aprobado por el parlamento
catalán ampliaba hasta la desmesura el articulado del anterior (227 frente a
los 57 del vigente) a fin de ocultar así la realidad: si bien se agitaba con la
afirmación de Cataluña como nación, en el fondo sólo se trataba de enfocar un
nuevo reparto de las competencias de la gestión de los intereses de la
burguesía española en suelo catalán.
El Gobierno de Zapatero pretende
cerrar esta legislatura con una remodelación de todos los estatutos de
autonomía, de forma que algo cambie para que nada cambie en mucho tiempo bajo
la Monarquía del Borbón. Galicia, Andalucía, Baleares (que, por cierto, forma
una “nacionalidad histórica” según lo aprobado en el trámite de ponencia
parlamentaria... con la iniciativa y votos del PP) y el País Vasco se
encuentran inmersos en este proceso. El del País Valenciano, o la Comunidad
Valenciana según su propio estatuto de autonomía, fue aprobado el 9 de febrero
en las Congreso de los Diputados con los votos del PSOE, PP y Coalición
Canaria. El 8 de marzo pasaba el trámite del Senado con los votos del PP y del
PSOE: los dirigentes socialdemócratas han apoyado, prácticamente, todo el
discurso del PP sobre el estatuto valenciano, y con él tratan de asegurarse el
monopolio de ‘leal oposición’ (es difícil creer que el secretario general del PSOE-PSPV
ni sueñe con lograr mayoría en las próximas elecciones autonómicas) gracias al
bloqueo que ha representado el 5% de mínimo para obtener escaño. Por otra
parte, este estatuto continúa legalizando el secesionismo lingüístico al
consagrar los diversos dialectos catalanes hablados en el País Valenciano como
idioma distinto del catalán.
A mediados de diciembre Solbes,
Ministerio de Economía y Hacienda, comenzó la labor de limpieza del proyecto de
estatuto aprobado por el “Parlament de Catalunya”. El ministro rechazó, en un documento remitido a los partidos
catalanes el 17 de diciembre, lo esencial de los contenidos referidos a la
recaudación de impuestos. El Gobierno Zapatero ya lo había avisado y Solbes lo
escribió: “Hay algo constitucionalmente evidente y es que hay tres niveles de
administración, la del estado, la de las autonomías y la de las corporaciones
locales. Los tres niveles son autónomos y, por tanto, el Estado debe tener su
propio espacio de independencia fiscal”[2]
(s.n.). Esta labor de limpieza no sólo había sido ya advertida por Zapatero
sino exigida por CiU, rompiendo, así, el ‘acuerdo’ parlamentario catalán sobre
la negociación del proyecto de estatuto. En la segunda semana de diciembre, CiU
ejerció de correa de transmisión de la patronal catalana (Fomento del Trabajo)
y, por extensión, de la CEOE, ambas patronales exigían una pronta solución a
las discusiones sobre el Estatuto aprobado por el parlamento catalán. “Menos
política y más economía”, exigió Rosell (presidente de Fomento) el 12 de
diciembre. Los dirigentes burgueses, reunidos el día 16 del mismo mes en el
Círculo de Economía de Barcelona, exigieron lo mismo: que los políticos se
olvidaran de las cuestiones ‘conflictivas’, como la definición de nación o la
financiación; el documento del Círculo de Economía debatido ese día afirmaba
que “un no-Estatuto sería mejor que un mal Estatuto.”[3]
Con estas armas en su mano, Zapatero podía asegurar relajadamente a los
periodistas el 20 de diciembre que “A día de hoy hay más posibilidades de que
haya acuerdo que de lo contrario.”[4]
El Gobierno Zapatero instaba a lograr un pacto sobre el estatuto antes del día
30 de diciembre o a su retirada en caso contrario y Artur Mas, CiU, afirmaba
que eso era imposible ya que “la propuesta del Gobierno sobre financiación no
puede ser peor.”
El 27 de diciembre el PSOE y el PP
presentaron, en el registro del Congreso de los diputados del Reino de España,
enmiendas al Estatuto aprobado por el
Parlament de Catalunya. Las enmiendas, que suponían centenares de correcciones
al texto aprobado en Cataluña, tenían
como objetivo, en el caso del PSOE, cumplir con la palabra dada por Zapatero de
dejar el Estatuto “limpio como una patena.” Se negaba la definición de nación
catalana; se negaba la posibilidad de blandir los “derechos históricos” como
fundamento de la autonomía catalana, dejando las cosas en su sitio: artículo 2
de la Constitución monárquica: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble
unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles,
y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y
regiones...” (s.n.); se reafirmaba el monopolio del castellano frente al
catalán en territorio catalán; se bloqueaban los intentos del Parlament para
unificar la gestión catalana de la Hacienda española y se reafirmaba la
obligación de mantener la estructura impositiva decimonónica de administración
local; se mantenían las competencias en el marco de las tipologías de la
Constitución monárquica (para hacerse una idea: el artículo 149 de la
Constitución, que fija las competencias exclusivas del estado, tiene 32
apartados en su mayor parte bastante largos) y se cortan todos los intentos del
nuevo Estatut por usar el artículo 150.2 de la Constitución para asumir
competencias; el Poder Judicial continuaba centralizado; los 22 artículos del
Estatut que intentaban una relación bilateral entre Catalunya y el Estado
español se modificaban... ni nación, ni
posibilidad de desarrollar y asumir competencias, continuidad en el monopolio
del castellano, etc.
A partir de la presentación de las
enmiendas comenzó un frenético ritmo de negociaciones entre todos los partidos
que apoyaron el Estatut en Catalunya (PSC, ICV, ERC y CiU) y el Gobierno
Zapatero-PSOE. El 21 de enero Zapatero y Artur Mas (CiU) llegaban a un acuerdo
que obligó al resto de partidos catalanes a seguirlo, colocados como estaban
ante el pacto consumado entre el PSOE y CiU, contra el pacto parlamentario del
PSOE-PSC con ICV y ERC. Sólo ERC se desmarcó. El 22 de enero Zapatero aseguraba
a sus colaboradores: “Aquí culmina el desarrollo autonómico de Cataluña.” Por
su parte, Joseph Antoni Duran Lleida (CiU) corroboraba está afirmación el 6 de
marzo: “Yo no me veo capaz de plantear otra reforma del Estatuto en los
próximos 20 años.”[5] De hecho, el
acuerdo Mas-Zapatero colocaba de nuevo los escasos atisbos reformistas del
Parlament de Catalunya en el mismo lugar en qué quedaron en el estatuto de
1979, es decir en la Constitución monárquica de 1978.
Carod Rovira, presidente de
Esquerra Republicana de Catalunya, afirmó el 28 de enero, criticando el acuerdo
Zapatero-Mas, que: “Zapatero ha velado por los intereses del Estado; Mas sólo
por los de su partido.”, añadiendo, así, una gota más de embellecedor
nacionalista catalán al CiU para tratar de mantener el frente unido burgués
catalanista. Pero la historia es terca y resulta que, a lo largo de todo el
período de la democracia monárquica, el partido de Mas ha velado, una y otra
vez, con el PSOE o con el PP, por la seguridad del Estado español asegurando su
‘gobernabilidad’. La burguesía catalanista representada por CiU sabe muy bien
que quien mejor le asegura, por ahora, la continuidad de la explotación de la
clase obrera en Cataluña (y en España y el resto del mundo) es el Estado...
español. Así lo había dejado bien claro unos días antes, el 23 de enero,
vaticinando que después de este acuerdo Zapatero-Mas habría, por parte de CiU,
una “implicación más a fondo en la gobernabilidad del Estado”. Casi con las
mismas palabras con las que justificó la dirección de CiU la ‘gobernabilidad’
de España cuando apoyó al Gobierno del Sr. Aznar.
La definición de nación catalana
queda fuera del pacto, de nuevo deberá conformarse con el término
‘nacionalidad’, aunque, para mayor mofa de la supuesta autonomía y soberanía
del Parlament de Catalunya, constata que éste aprobó denominar la cuestión como
nación. De hecho la definición de Catalunya como nacionalidad queda en el
articulado exactamente igual que lo estaba desde 1979.
El 6 de febrero inauguraba sus
sesiones la ponencia del Congreso de los Diputados dedicada a la reforma del
Estatut de Catalunya. La inauguración corrió a cargo de Alfonso Guerra
presidente de la Comisión Constitucional del Congreso: “todo es posible si
todos quieren”, sentenció. El 6 de marzo la ponencia aprobó el texto que ahora
está en discusión en la Comisión Constitucional del Congreso. La aprobación del
texto estaba prácticamente asegurada por las votaciones previas en la ponencia
excepto en aquello que afecta a las competencia sobre aeropuertos, el traspaso
de competencias del artículo 150.2 al estatuto (que el PSOE rechaza pues
supondría que el Estado ya no las cedería según su voluntad sino que quedarían
traspasadas definitivamente), la denominación de los símbolos catalanes como
‘nacionales’, la cesión de paradores y la denominación como ‘requisitos’ de las
condiciones de acceso a puestos judiciales y la circunscripción electoral única
catalana para las elecciones al Parlamento Europeo. Con razón afirmaba, el 3 de
marzo, Joan Ridao (ERC) que “El Estatuto está quedando limpio como una patena.”
En la Comisión Constitucional el PSOE ofreció ceder a la Generalitat el
nombramiento del director del aeropuerto de El Prat (Barcelona); también se admitió
la creación de ‘veguerías’ que, no obstante, no harán desaparecer las
provincias, que continúan siendo ámbito territorial de la Administración del
Estado español y ámbito de circunscripciones electorales y se ha admitido una
enmienda transaccional al artículo 8: “Cataluña, definida como nacionalidad en
el artículo uno, tiene como símbolos nacionales la bandera, la fiesta y el
himno.”
Bajo estas condiciones, el Consejo
Nacional de ERC, reunido el 18 de marzo, no tuvo más remedio que aprobar el
voto no al texto retocado del Estatuto. Y así lo acaba de hacer, “con dolor en
el alma”, ERC en la Comisión Constitucional del Congreso. Ayer, esta comisión
aprobaba la redacción definitiva que pasará a los siguientes trámites
legislativos (entre ellos un último trámite será el referéndum en Catalunya).
Con los votos del PSOE, del grupo PSC-PSOE, CiU, IU-ICV, PNV y CC a favor y los
del PP, ERC y EA en contra, la Comisión aprobó ayer un texto que no retira en
nada los recortes a los intentos reformistas del Parlament de Catalunya
señalados más arriba. Un día antes de que ETA emitiese su comunicado de “alto
el fuego permanente”, Carod Rovira advertía a los diputados españoles de la
Comisión que tenía que votar en contra y que habían perdido una gran
oportunidad ya que, el concepto nación para Catalunya, que el 21 de marzo de
2006 no querían admitir en el marco jurídico del estado burgués de la monarquía
borbónica, tal vez en un futuro tuviesen que admitirlo bajo la denominación de
estado. Pero ningún obrero avanzado piense que este estado con el que amenazaba
Carod vaya a ser socialista, imposible proviniendo de un representante de la
pequeña burguesía y, en menor medida, del gran capital ‘catalán’. Pero ningún
republicano piense que este estado, blandido como un fantasma del futuro,
pudiera ser propiciado por ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) como
una república ya que, el estatuto que votó ERC en el Parlament de Catalunya,
dejaba bien claro que su presidente lo nombra... el Rey del Reino de España.
Tal por eso ayer, 22 de marzo, declaró Carod: “Nadie en Esquerra se ve a sí
mismo haciendo campaña por el no en el referéndum [a celebrar en
Cataluña].” En la misma rueda de prensa, Carod anunciaba una posible abstención
de ERC en la votación del Senado... si se lograba que el Estado español
propicie un consorcio para la gestión del aeropuerto del Prat (Barcelona). Aquí
deja, por ahora, la dirección de ERC el objetivo de su pretendida lucha por la
soberanía, en el puente aéreo Madrid-Barcelona.
“Dos años y medio de ETA sin
matar, más de 200 detenciones de etarras en año y medio de Gobierno de
Rodríguez Zapatero, mayor cooperación internacional en la lucha antiterrorista
¿Esos son los regalos a ETA a los que se refiere Rajoy?”[6]
espetó María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta primera del Gobierno,
el 10 de diciembre desde su mesa de portavoz del Consejo de Ministros.
El 21 de enero, Arnaldo Otegi,
ante casi diez mil asistentes al acto convocado en Bilbao por una ‘plaforma
cívica’ para evitar la prohibición y persecución a que está sometida HB por el
Estado Español, afirmó: “Nos estamos acercando irremisiblemente a un proceso de
soluciones.”[7] Paralelamente
el Foro de Ermua sólo lograba reunir a mil asistentes a su acto nacionalista
español en Pamplona “en defensa de la unidad de España”. De hecho, el Estado
español sí que había logrado impedir la realización de un congreso público de
HB aunque no la celebración de 260 asambleas en las que participaron más de
7.000 militantes. La dirección de HB logró que en este proceso, Bide Eginez[8],
la mayoría de sus militantes reafirmasen el apoyo a la propuesta de negociación
con el Estado español de Anoeta (hecha pública en noviembre de 2004), aceptaran
la conformación de un nuevo partido más ‘moderado’ (estructurado en 200 mesas
locales) y aceptasen el marco de división del País Vasco impuesto por la
Constitución de la monarquía contra la que la población del País Vasco votó
mayoritariamente en el referéndum constitucional de 1976.
El 11 de febrero, numerosos
efectivos de la Guardia Civil, siguiendo las ordenes del juez Marlaska,
cerraban otra herrico taberna más, acusándola de dar cobijo a reuniones
de Batasuna. Los argumentos del juez para cerrarla eran que, de hecho, en esta herrico
taberna (Aitzaga en Usurbil) se había producido una reunión orgánica de HB
el 19 de enero. Esta reunión habría formado parte del proceso congresual de HB
cuyo acto final fue prohibido a pesar de que, de una forma u otra, al final se
celebrase en Bilbao el 21 de enero y con no escasa asistencia. El 26 de enero
de nuevo el juez Marlaska volvía a prohibir un acto político público convocado
por HB en el frontón Burundi de Alsasua (Navarra), el argumento de la
prohibición se basaba en que las jornadas de desarrollo de la Propuesta de
Anoeta (jornadas denominadas “Once razones para la resolución.”) estaban
relacionadas con aquella propuesta política y aquella propuesta política era culpable
de haber sido asumida por ETA. El 17 de febrero la policía vasca precintaba las
‘sedes’ de HB en Bilbao y San Sebastián. El 10 de marzo Cándido Conde-Pumpido,
fiscal general del Estado, anunciaba que la Fiscalía de la Audiencia Nacional
pedirá el ingreso en prisión incondicional de Arnaldo Otegi por los actos
‘violentos’ de la jornada de huelga general en el País Vasco el día 9; la misma
fiscalía no instará prisión para Rafael Díez Usabiaga basándose en el
razonamiento de que es miembro de un sindicato legal (LAB). Sin embargo, a
pesar de que la fiscalía únicamente pidió prisión para Otegi, el juez de la
Audiencia Nacional Grande-Marlaska (rompiendo con todos los procedimientos de
costumbre) ya ha encarcelado a J. J. Petrikorena y J. M. Olano (sin fianza, el
primero jefe de comunicación de Batasuna y el segundo jefe nacional de las
Gestoras Pro Amnistía) y a R. Usabiaga y F. Barrena (en libertad bajo fianza,
el primero secretario general del sindicato LAB y el segundo ex parlamentario
de HB).
El Tribunal Supremo ha sentado
jurisprudencia contra la redención de penas mediante los beneficios
penitenciarios y lo ha hecho de forma tan descarada que el mismo Conde-Pumpido
tenía que reconocer el 8 de marzo, ante la Comisión de Justicia del Congreso,
que “... haré lo que proceda para su aplicación, por mucho que algunas de sus
consecuencias pudieran generar, conviene advertirlo, algunas dificultades.”[9]
Y no es para menos ya que según Tomás Vives (catedrático de Derecho Penal) “la
tan celebrada ‘interpretación novedosa’ [de la Ley Penal por el Supremo] no
parece una victoria del Estado de derecho, sino más bien una grave claudicación
de este: una renuncia singular a la prohibición de retroactividad de las leyes
penales desfavorables y, también, una renuncia singular de la sumisión de los
jueces a la ley.”[10]
El Gobierno Zapatero, igual que
todos los Gobiernos de la Monarquía, trata de desactivar el conflicto vasco
mediante la asimilación política de los partidos burgueses y pequeño burgueses
vascos al marco de la Constitución de 1978. El PP, que comparte con el PSOE el
pacto de la Ley de Partidos, le ayuda en esta tarea mediante la exigencia de
máxima sumisión al marco estatal burgués español. La dirección del PSOE
enfrenta este nuevo intento de asimilación a la Constitución desde una posición
de mayor implantación en el País Vasco mientras que, por el contrario, el PP
tiene plena constancia electoral de sus límites en el País Vasco y su firme
suelo nacionalista español. Desde este contexto es fácil entender el ‘acoso’
continuo a que los dirigentes del PP someten a la política ‘antiterrorista’ del
Gobierno Zapatero. Durante los meses de enero y febrero todos los dirigentes
del PP han estado exigiendo un cambio en el tratamiento de la legislación
penitenciaria de cara a los presos de ETA. Rajoy acusaba a Zapatero de “pagar
un precio a ETA” mediante la salida de la cárcel de sus presos en virtud del
cumplimiento de la pena. Es decir: acusaba al Gobierno Zapatero de hacer lo
mismo que hiciese el Gobierno del Sr. Aznar del que el mismo Rajoy formó parte.
El 10 de febrero, Zapatero
compareció ante los periodistas para inaugurar el año parlamentario y aprovechó
para anunciar que “Estamos en una circunstancias que me permiten tener la
convicción de que puede empezar el principio del fin de la violencia.”[11]
Una pocas horas antes que Zapatero, Alechu Echeverria (presidente del Círculo
de Empresarios Vascos) se expresaba en términos semejantes y también en Madrid.
El 10 de marzo, ante el ataque de Cuevas (Presidente de la CEOE), Echevarría
insistía en su apoyo al Gobierno Zapatero: “Vamos a seguir apoyando las
iniciativas del Gobierno español para lograr la paz en Euskadi.”[12]
Por su parte, la patronal vasca Confebask (integrada en la CEOE) tenía que
desconvocar la reunión secreta prevista con el Ministro del Interior el día 9
de marzo pues se conoció públicamente esta cita. LAB y UGT ‘formalizaban’
relaciones, también por las mismas fechas, sobre la base de enfrentar
conjuntamente un proceso de desactivación del conflicto vasco, ambos sindicatos
promueven una manifiesto sindical al respecto. Los dirigentes del PSOE-PSE se
reunen desde hace tiempo ‘informalmente’ con los de HB. El Obispo de San
Sebastián, ayudado por el sacerdote pacificador irlandés Alec Reid trabajan
intensamente en el mismo sentido. A todo ello ha venido a sumarse una
plataforma de mujeres (“destacadas dirigentes del PSE, PNV y Batasuna” según El
País) vascas decididas a coger el macho por los cuernos. Realmente se trata
de parlamentarias y ex parlamentarias vascas. Aunque la dirección del PSE
desautoriza el primer borrador conocido del manifiesto de las mujeres,
incentiva, sin embargo, que sus dirigentes femeninas participen en la
plataforma y pulan el futuro manifiesto. Los dirigentes del PSOE-PSE pretenden,
de forma particular, que esta plataforma de mujeres retire las alusiones al
derecho de los vascos y vascas a decidir sobre su futuro: en concreto el
párrafo “... todos y todas deberíamos comprometernos a respetar y establecer
las garantías democráticas necesarias y los procedimientos políticos acordados
para que lo que la sociedad vasca decida sea respetado y, si fuera necesario,
tuviera su reflejo en los ordenamientos jurídicos.”[13]
La pretensión de las parlamentarias y ex parlamentarias vascas era presentar en
sociedad su manifiesto el día 8 de marzo. El PSOE-PSE ya prepara la segunda
exigencia pues parece que la lejana referencia soberanista será pulida: sus
parlamentarias no podrán firmar el manifiesto pues tras él hay ex diputadas de
HB. Y es que, además, el PSOE-PSE prepara su propio manifiesto Euskadi 2006,
hacia la libertad y la convivencia. Por último, aunque parece que desde el
principio y marcando la pauta, la patronal vasca (“las organizaciones
empresariales vascas”) prepara también un manifiesto mientras tras bambalinas
mueve los hilos de todos los demás.
El PP y el Sr. Aznar negociaron
con ETA pero ahora no quieren que negocie Zapatero ni tampoco el PSOE. El
PSOE-PSE mantiene contactos ‘informales’ con HB pero no quiere que sus
parlamentarias firmen un manifiesto junto a ex diputadas de HB, pero sí quiere
que se mantengan en la misma plataforma que existe en buen medida gracias al
apoyo de las parlamentarias socialdemócratas vascas. Según todo el bloque
‘constitucionalista’, de lo que se trata es de que el movimiento de la
‘izquierda’ abertzale entre en los cauces de la actividad política y
abandone el apoyo armado de ETA. Así, Alfredo Pérez Bubalcaba amontonaba
exigencia tras exigencia para hacerle más fácil el camino a HB: “Cualquier
posibilidad de que el PSE, como partido, normalice sus relaciones políticas con
Batasuna será consecuencia del cumplimiento de tres premisas básicas: el cese
de la actividad terrorista, el rechazo a la violencia y la aceptación de los
métodos democráticos, y la conversión de Batasuna en una fuerza política
legal.” La cabeza bien amueblada de Rubalcaba sabe bien como de imposible es
cumplir, al mismo tiempo, un requisito y el resultado de la satisfacción del
mismo requisito. Los parlamentarios vascos socialdemócratas se abstuvieron el
día 17 de febrero en la votación que permitió a la Cámara vasca aprobar una
moción que insta al Gobierno vasco a ser “un agente activo que permita poner
las bases de una paz sin vencedores ni vencidos.”[14]
Mientras, HB, híbrido entre el
Frente Popular y el Frente Único Antiimperialista, no ceja en su empeño por ver
pasos positivos y puntos interesantes en todas las propuestas encaminadas a
negar el derecho de autodeterminación con la excusa de la lucha contra el
terrorismo. El documento que prepara el PSOE-PSE es una iniciativa que persigue
la constitución de una “Mesa de Partidos para la ‘normalización y pacificación
de Euskadi’” y, ¿cómo no?, esta Mesa debería de llegar a acuerdos basados en el
consenso “de manera que ningún acuerdo sea posible sin que representantes de
las dos grandes sensibilidades presten su consentimiento.”[15]
(s.n.) El 18 de febrero se
realizaba una multitudinaria manifestación en Bilbao para pedir el
sobreseimiento del juicio contra 56 supuestos integrantes del “entorno” de ETA;
la manifestación contaba con el apoyo de los tres partidos que forman Gobierno
vasco (PNV, EA y EB) junto a HB y Aralar. Estaba convocada, Ley de Partidos
obliga a estos recursos semiclandestinos, por la Plataforma 18/98 (que es el
nombre del sumario). Mariano Ferrer, miembro de la plataforma convocante,
declaró durante el transcurso de la misma que pretendían “ofrecer un lugar de
encuentro para defender los derechos de todos.” (s.n.) El mismo día se
hacía público un comunicado de ETA en el que indicaba que la solución del
“conflicto” debería de ser “el resultado de un proceso democrático desarrollado
por todos.” (s.n.).
Pero
¿qué es el derecho de autodeterminación? ¿deben los obreros apoyar el ejercicio
de este derecho por parte de las naciones sin estado?
Toda obrera y todo obrero
conscientes del Estado español deben tener presente el contenido político que
tiene el ejercicio del derecho a la autodeterminación. Ni las definiciones de
la ONU, ni los rodeos léxicos de las direcciones burguesas de las organizaciones
terroristas (supuestamente ‘radicales’), ni, tampoco, los pasteleos
parlamentarios de los nacionalistas supuestamente pragmáticos, les
suministrarán algo de luz al respecto. De nuevo es necesario acudir a los
clásicos del marxismo, la claridad de Lenin al respecto fue meridiana en su Sobre
el derecho de las naciones a la autodeterminación; decía así: “... si
queremos entender lo que significa la autodeterminación de las naciones, sin
jugar a definiciones jurídicas ni ‘inventar’ definiciones abstractas, sino
examinando las condiciones histórico-económicas de los movimientos nacionales,
llegaremos inevitablemente a la conclusión siguiente: por autodeterminación de
las naciones se entiende su separación estatal de las colectividades de
nacionalidad extraña, se entiende la formación de un Estado nacional
independiente.”[16]
En cuanto a la posición que la
clase obrera debe tener frente al derecho a la autodeterminación, todo marxista
debe tener en cuenta (cuando enfrenta los discursos nacionalistas español, vasco
o catalán) las palabras de Lenin en la misma obra: “... precisamente a la
burguesía es a quien le importa aquí una solución ‘práctica’, mientras que a
los obreros les importa la separación en principio de dos tendencias. En
cuanto la burguesía de una nación oprimida lucha contra la opresora,
nosotros estamos siempre, en todos los casos y con más decisión que nadie, a favor, ya que somos los enemigos más audaces y consecuentes de la opresión.
En cuanto la burguesía, de la nación oprimida está por su nacionalismo burgués, nosotros estamos en contra. Lucha contra los
privilegios y violencias de la nación opresora y ninguna tolerancia con
respecto a la tendencia de la nación oprimida hacia los privilegios.”[17]
El 16 de febrero el Consejo de Estado aprobó por 24 votos a
favor (uno en contra del Sr. Aznar) el informe que el Gobierno Zapatero le
solicitó sobre la reforma de la Constitución anunciada por Zapatero el 15 de abril
del 2005 en su discurso de investidura[18].
La diferenciación entre Comunidades y nacionalidades se descarta en virtud del
siguiente razonamiento: “Dada la irrelevancia jurídica que en el texto
del Título Preliminar de la Constitución tiene hoy la distinción entre
nacionalidades y regiones, el traslado de esa distinción a otras partes de la
Constitución sólo tendría sentido si se pretendiera con ello atribuirle
consecuencias jurídicas, una pretensión que excede del ámbito de la reforma
sobre la que se solicita el informe del Consejo.”[19]
El mismo informe insta a derogar la Disposición Transitoria Cuarta de la
Constitución, esta disposición permite la incorporación de Navarra a Euskadi.
Propone una remodelación del Senado rebajando sus miembros (en especial
rectificando un poco la enorme sobrerepresentación que en él tienen las dos
Castillas) y atribuyéndole nueva capacidad de iniciar procedimiento legislativo
en materias de relevancia autonómica. En cuanto a la reforma del artículo 57.1
de sucesión de la Corona, el informe no puede evitar decir que, en este caso,
el Príncipe Felipe de Borbón está desnudo. El informe razona que “Restringiendo
la posibilidad de que las mujeres de la dinastía reinante accedan a la Corona a
la hipótesis de la ausencia de hermanos varones, el Constituyente introducía una
excepción a la general e inequívoca interdicción de la discriminación ‘por
razones de sexo’ prevista en el artículo 14.”[20]
Más claro, agua: la institución monárquica ha sido desde el mismo momento de la
aprobación de la Constitución monárquica de 1978 totalmente inconstitucional.
La reforma del Senado forma parte
de lo que la dirección del PSOE llama “proyecto territorial de Zapatero”, junta
a ella el Gobierno prepara una ley de Cooperación del Estado con las
comunidades autónomas. Ambas piezas persiguen, en palabras de Jordi Sevilla:
“... una mayor participación de las comunidades en el Estado, para pasar de una
política autonómica de reclamación y conflicto competencial [...] a otra de
cooperación entre las comunidades y el Estado, en la que éste no diluya su
papel.”[21] (s.n.)
El ministro de Defensa, el Sr.
Bono, aprovechó el 3 de diciembre el acto de la jura de bandera de 1.440 nuevos
mercenarios al servicio del Estado español. En esta jura de bandera, en la
Academia de la Guardia Civil de Baeza, el Sr. Bono lanzó mensajes de apoyo a
todos los mercenarios en armas al servicio de la burguesía española, y de su
estado. Lo hizo, supuestamente, para contrarrestar los movimientos pro golpistas
que se están produciendo entre los ‘cuerpos’ armados del Estado. Como siempre
utilizó la táctica de alentar el discurso nacionalista que justifica estos
movimientos pro golpistas. Arengó de esta forma a los alumnos: “ ...no hay
pueblos elegidos por los dioses” negó que existieran derechos “ancestrales” o
“naturales” que provengan del pasado de forma que “La indisoluble unidad de la
nación es garantía de igualdad de derechos y de oportunidades para todos,
porque no vivimos para que nadie en España sea más que nadie”[22].
Como siempre, los más preclaros portavoces del nacionalismo señalan pajas en el
ojo ajeno para desviar la atención de la viga en el propio. ¿Cuántas veces
habrán reivindicado Bono y consortes nacionalistas la realidad ‘natural’ de la
unidad de España? ¿Cuántas veces habrán recurrido a la historia (es decir a los
ancestros) para justificar la unidad de España? “La Corona de España es
hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero
de la dinastía histórica.” (s.n.) ¿Pertenece o no esta reivindicación de
los ancestros y de la elección por gracia divina a la Constitución monárquica
que tanto defiende el Sr. Bono?[23]
El mismo Sr. Bono, que durante un año ha dejado que en el cuarto de banderas,
que es el Consejo Superior del Ejército de Tierra, se discutiese sobre la
‘legalidad’ de las decisiones de su Gobierno y del Congreso de los Diputados,
asistió a la reunión de esta institución castrense del pasado 25 de enero; el
diario El País comentaba así su asistencia “Bono no suele acudir a las
reuniones del Consejo Superior del Ejército de Tierra, pero ayer quiso aprovechar la ocasión de departir con los
máximos mandos militares, reunidos en Madrid.”[24]
¿Departir? En realidad fue a mostrar sumisión a este órgano ya que, tras
haberle consentido sus deliberaciones pro golpistas, se personó para llevarles
en bandeja de plata la cabeza de un periodista catalán que se atrevió a
escribir lo que cientos de miles de catalanes piensan. El Sr. Bono había
presentado una denuncia contra el desarmado periodista, lo había hecho “como
ciudadano y como ministro de Defensa del Gobierno de España”; la denuncia
contra Iu Forn (periodista catalán) lo acusa de delito de injurias graves a los
ejércitos (artículo 504.2 del Código Penal). Mientras escribía esta denuncia el
Sr. Bono pasaba, metafóricamente, su mano consoladora sobre el cabello del
general pro golpista José Mena al que se vio obligado a regalar un retiro de
oro; los ocho días de arresto ya los había cumplido y ahora disfruta de su sueldo
en la ‘reserva’ (¿se encargará allí de reflexionar y adoctrinar debidamente al
moderno cuerpo de somatén que está formando el estado a base de titulados
universitarios?). R.Gónzalez, jefe de la 1ª Compañía de la Bandera Comandante
Franco del tercio Gran Capitán de la Legión (¡sic!, ese es el nombre exacto de
esta cofradía armada), amenazó públicamente en la prensa del enclave militar de
Melilla con llevar sus fuerzas armadas a Madrid para rectificar a los políticos
que pretenden sacrificar “la idea de Nación y de Patria para engordar sus
ansias de poder.”[25].
Se le acusó de falta leve, se le aplicó un arresto disciplinario de ocho días y
se le apartó del mando de la compañía. El diario Melilla Hoy que publicó
este llamamiento al golpe de estado, encubierto bajo la forma de carta abierta,
sigue funcionando sin que a ningún juez se le haya ocurrido la idea de
cerrarlo.
Todo esto con el mar de fondo de
la recomposición del ejército ‘profesional’ que El País del 12 de enero
comentaba así: “Aunque las declaraciones del general José Mena hayan provocado
ríos de tinta, el debate sobre el Estatuto no constituye ni mucho menos la
principal preocupación de los mandos militares.”[26]
En primer lugar queda claro que no sólo el ‘reaccionario’ La Razón
constata un hecho evidentemente pro golpista, sino también el ‘progresista’ El
País. En los órganos del alto mando del ejército español el debate sobre el
Estatuto catalán no es la principal preocupación... por tanto sí que es
una preocupación que forma parte de este debate castrense. El ejército
mercenario no ha logrado reunir suficientes tropas por más que haya rebajado
los requisitos de entrada a la altura de un colegio especial para analfabetos.
Tropas con mentalidad infantil de parvulario están al servicio de una oficialidad
que, por el contrario, cada vez está mejor formada técnicamente y con una mayor
proporcionalidad de formación universitaria. Ciertamente, los mercenarios no
escapan a las tendencias generales del mercado de trabajo. En principio se
trata de solucionar la diferencia entre las plantillas previstas de tropa de
soldados y marineros: en el papel serían 110.500 pero realmente sólo 70.000 han
logrado reunir requisitos tan bajos como los exigidos para formar parte de la
soldadesca. Sin embargo, lo que está en marcha es un avance cualitativo en la
capacidad de intervención imperialista del ejercito español... tanto en el
extranjero como en el territorio del Estado español. Se disolverán las
anticuadas divisiones que serán sustituidas por brigadas con mayor capacidad
organizativa de movilidad. Las brigadas dependerán del Mando de la Fuerza
Terrestre en Sevilla (al frente del cual estaba el pro golpista Mena) y, en caso de necesidad, podrán generar un
cuartel general de división a través del Cuartel General de Alta Disponibilidad
de Bétera, que desde su integración en el dispositivo de la OTAN es capaz de
dirigir hasta un Cuerpo de Ejército. En cuanto a la preocupación del ejército
respecto al Estatuto, es decir al mantenimiento de la unidad de España a sangre
y fuego, es ilustrativo el hecho de que “A pesar de la reducción generalizada,
ésta no afectará a los efectivos de la Brigada de Infantería Movilizable de San
Marcial, desplegada en las tres provincias vascas, ni a las guarniciones de
Ceuta y Melilla.”[27]
Sobran comentarios: evidentemente la ocupación militar sobre el terreno debe
mantenerse al completo en algunos enclaves... y autonomías.
El mismo Sr Bono que blandió su capacidad de demagogia, ante las tropas españolas enviadas a Pakistán en ‘ayuda humanitaria’, contra los ‘burócratas’ de la OTAN el 27 de diciembre del año pasado, se encarga de tutelar la continuidad de la colaboración española en la ocupación de Irak. El ejército español está integrado en el programa de la OTAN destinado a perfeccionar el ejército cipayo iraquí. El año pasado, oficiales del ejército español formaron a oficiales del nuevo ejército iraquí, tanto en el extranjero (aunque nunca en territorio iraquí) como en el Estado español. La presencia del ejército español en Afganistán será aumentada en 200 soldados hasta alcanzar los 800, si la OTAN no pide más.
Zapatero ha redoblado los
esfuerzos de defensa de los intereses del gran capital español en el exterior.
La visita de Evo Morales a España, la de Putin el pasado día 9 de febrero (la
entrevista de Putin con Zapatero fue seguida por una reunión con los
representantes de las empresas imperialistas Repsol-YPF, Iberdrola, Campofrío,
EADS-Casa, TALGO, BBVA, Banesto, CAF, PYMAR, OHL y CESCE.
La visita de Zapatero a los
enclaves militares de Ceuta y Melilla, a finales de enero, se realizó con el
telón de fondo de la colaboración con la monarquía alahuita contra el pueblo
saharaui; así, Moratinos hizo frente con Marruecos en el Consejo de Asociación
con Marruecos celebrado en Bruselas el 22 de noviembre para conseguir que del
texto de la UE fuera expulsada la palabra “autodeterminación” relacionada con
el Sahara. A la luz de esta política práctica es como cabe entender la
declaración de Zapatero en su primera visita a Marruecos, el 24 de abril de
2004: “se pueden armonizar los derechos de las partes mediante el diálogo y
llegar a un gran acuerdo”, acuerdo, evidentemente, que pasa por la negación del
derecho de autodeterminación que ni existe en el Estado Español ni tampoco en
África para una de las ex colonias españolas.
Los días 15 y 16 de diciembre de
2005 se celebró la cumbre de Bruselas de la UE. En ella Zapatero logró que el
imperialismo español continúe siendo beneficiario neto de los presupuestos de
la UE durante el período 2007-2013. 5.000 millones de euros recibirá España en
fondos creados ex professo para evitar pasar a ser contribuyente neto.
Aunque España supera ya el 90% de la renta comunitaria, continuará recibiendo
dinero del Fondo de Cohesión. Es bien sabido cómo estos fondos engordan al gran
capital (industrial, financiero y agrícola).
Por su parte, el Ministerio de
Exteriores (ministro Ángel Moratinos: “somos la octava economía del mundo”, en
inversiones en el exterior parece que sí tiene razón) prepara el lanzamiento en
la próxima cumbre iberoamericana, a celebrar el próximo otoño en Montevideo, de
una ofensiva diplomática-humanitaria-económica-cultural mediante la creación de
lo que la prensa ha llamado, provisionalmente, Cuerpo de Voluntariado
Internacional Español que pretende remedar la imperialista Alianza para el
Progreso de Kennedy. Este cuerpo de voluntarios, al servicio del imperialismo
español, estaría dedicado a la defensa en una segunda línea de los intereses
imperialistas españoles en América. Mientras, el Observatorio para Empresas en
Latinoamérica sigue haciendo ‘discretamente’ su trabajo de lobby a favor
de las empresas imperialistas españolas en la zona.
El 15 de diciembre de 2005 el
Congreso de los Diputados aprobó la LOE por 184 votos a favor (PSOE, CiU, ERC,
PNV-EA, Coalición Canaria más los votos de Iniciativa per Catalunya integrada
en Izquierda Verde y, por tanto, en IU). IU, el Bloque Nacionalista Galego, la
Chunta Aragonesista y Nafarroa Bai se abstuvieron, el PP votó en contra.[28]
En el año 2005 el Gobierno
Zapatero hizo aprobar 24 leyes. De entre ellas ninguna dirigida a mejorar las
condiciones salariales y de trabajo de la clase obrera; siete de ellas
encaminadas al perfeccionamiento del funcionamiento de extracción de plusvalía
o de su reparto entre los diferentes sectores de la burguesía (Ley de
saneamiento y liquidación de entidades de crédito; Ley de supervisión de
conglomerados financieros; Ley sobre sociedad anónima europea domiciliada en
España; Ley de incorporación de diversas directivas comunitarias en materia de
fiscalidad; Ley reguladora de entidades de capital-riesgo; Ley de reforma de la
ley de arrendamientos rústicos y, para acabar, Ley de reformas para el impulso
de la productividad). La Ley de Defensa Nacional y la de la reforma del poder
Judicial estando encaminadas a mejorar los aparatos burgueses de control y
represión.
El 3 de marzo el Gobierno aprobó
el anteproyecto de Ley Orgánica de Igualdad entre Hombres y Mujeres que
‘obligará’ a las empresas a ‘negociar’ (sin obligar a acuerdos concretos)
planes o medidas de igualdad entre trabajadores y trabajadoras. La
Administración del Estado favorecerá en sus contratos con las empresas privadas
a aquellas que hayan desarrollado medidas ‘igualitarias’.
El Consejo de Ministros aprobó, el
10 de marzo, la Reforma fiscal. Por una parte ha reducido a cuatro los tramos
en el IRPF, lo que “en la práctica
[...] supone una rebaja del impuesto” según El País[29].
Le falta añadir que será una rebaja de impuestos para aquellos asalariados
situados en la parte alta de los tramos anteriores, que eran cinco. Según el
mismo diario: “Las rentas más altas pasarán de pagar el 45% actual al 43%. Y
las más bajas pagarán un 24% frente al 15% actual”, pero un porcentaje,
aplicado a un número absoluto mucho mayor en las rentas altas que en las bajas,
neutraliza, como resultado en dinero, la mayor bajada del porcentaje en las
rentas bajas. Cierto que la reducción por trabajo que se aplica a los ingresos
por nómina de asalariado sí que benefician a los sueldos inferiores a 9.000
euros anuales, esta reducción, sin embargo, beneficiará sobretodo al sector
autónomo que trabaja para una única empresa (reconociendo el Gobierno con ello
que este tipo de ‘autónomos’ son, de hecho, asalariados que trabajan,
prácticamente, en el sector de la economía ‘submergida’) redundado la
bonificación, tarde o temprano, en beneficio empresarial ya que la empresa
estará en posición de apretarle más las clavijas al trabajador ‘autónomo’, como
demuestra el pasado de las relaciones entre este tipo de autónomos y las
empresas. Todos los ahorros pasarán a tributar por igual, el 18%, con la
intención declarada por el Gobierno de favorecer el ahorro a largo plazo,
difícil ahorro para la mayoría de los trabajadores y jóvenes que ven como, mes
tras mes, su única opción no es el ahorro sino el mayor endeudamiento; pero,
realmente, quienes saldrán beneficiados con este cambio serán los rentistas del
corte del cupón más ricos ya que los dividendos serán considerados como rentas
de ahorro y tributarán al 18%... “a las rentas más altas el cambio les sale más
que rentable, pero a las bajas y medias les sucede lo contrario”[30]
(s.n.). En cuanto a los impuestos sobre los beneficios empresariales, por
primera vez desde 1978 el Gobierno rebaja el impuesto de sociedades que pasa
del minúsculo 35% al 30% (25% para las pequeñas y medianas empresas); a cambio
se retiran las múltiples deducciones que aprovechaban, sobretodo, a las grandes
empresas... que seguro encontrarán la forma de reconvertir este tipo de
deducciones gracias a sus poderosos departamentos de asesoría fiscal.
En estas mismas páginas dedicamos
un artículo a la proyectada reforma laboral. Sólo señalar aquí que, a renglón
seguido de la rebaja del impuesto de sociedades, el Gobierno planea premiar con
414 millones de euros a las empresas mediante la anunciada reforma laboral.
Ello mediante la reducción de aportaciones al sistema de desempleo, al fondo
destinado a pagar las indemnizaciones por quiebras o impagos y la ampliación de
las ayudas por contratación de jóvenes, mujeres, discapacitados o parados de
larga duración, según adelantaba El Economista[31].
Este diario glosaba así las intenciones del Gobierno: “La rebaja propuesta por
Trabajo supone el esfuerzo más importante por reducir los costes de las
empresas que ha realizado un Gobierno en los últimos años.” El vicepresidente
del Gobierno, Pedro Solbes, afirmaba
ante el Foro Nueva Economía el 7 de febrero que “La temporalidad también
está relacionada con el coste de la finalización del contrato.”[32]
¿Estaba el Gobierno respondiendo al dirigente de CCOO que exigía el 23 de
febrero la ayuda de éste para llegar al pacto? Fidalgo declaraba ese día sobre
la marcha de la secreta negociación sobre la reforma laboral: “Parece que hemos
sido subcontratados por el Gobierno para meternos en el pantano.”[33]
El salario diferido en forma de jubilación viene
recibiendo golpe tras golpe en las últimas décadas. A pesar de ello, la
exacción sobre los trabajadores es de tal magnitud que la Seguridad Social (que
‘guarda’ esta parte del salario) ha ido, año tras año, arrojando superávit para
compensar los gastos del estado burgués. En el Pacto de Toledo las direcciones
sindicales acordaron regalar definitivamente al estado burgués los miles de
millones de pesetas que la Seguridad Social, el salario diferido de la clase
obrera, había regalado al estado. A cambio, este estado se comprometió a
guardar en una ‘hucha’ una parte mínima de los futuros superávit. A esta hucha se la denominó Fondo de Reserva
y, a 10 de marzo de 2006, tiene 31.241 millones de euros acumulados. Este
dinero está invertido, por ley, en deuda pública y gestionado por el Ministerio
de Trabajo. El 15 de marzo se sabía que un grupo de trabajo, integrado por
representantes del Ministerio de Economía y de la Seguridad Social, está
preparando una reforma legislativa que permita privatizar la gestión de este
Fondo de Reserva. Al capital financiero no le bastan ni los Fondos de Pensiones
privados ni los colectivos (última gran entrega la del Fondo de Pensiones
Colectivo de los trabajadores de las administraciones públicas); ahora que la
‘hucha’ del salario diferido ha adquirido una dimensión importante también
quiere este botín.
Según datos de la patronal de la
construcción, SEOPAN, hechos públicos por El País el 9 de febrero, “La
construcción sigue siendo le motor de crecimiento de la economía española.” Con
un crecimiento del 6% en el 2005
(superior casi en el doble al 3, 4% del PIB) supuso 165.160 millones de euros,
de modo que el sector de la construcción tiene un peso en el PIB del 17%.
España es el primer país europeo en crecimiento de este sector y generó, en el
2005, 173.000 nuevos puestos de trabajo (el 23% de las nuevas afiliaciones a la
Seguridad Social). La obra civil (aquella destinada a fines públicos como, por
ejemplo carreteras, ferrocarriles, etc.) representó el 35% de la actividad del
sector y la construcción de viviendas el 24%.
¿Cómo se financia este crecimiento? En el caso de la obra civil con el
recurso a la deuda estatal y en el caso de los particulares con el recurso a
las hipotecas para la compra de vivienda, estas últimas aumentaron el doble que
la media europea, alcanzando los 384.631 millones de euros (el 45,9% del PIB). Como ya señalábamos hace unos años, la
bajada de los tipos de interés no iba a repercutir, en el marco de la economía
capitalista, a favor de los trabajadores abaratando la compra de vivienda
(contrariamente a lo que declaraba Rato). Así ha sido: hasta ahora la rebaja en
los tipos de interés en las hipotecas ha supuesto enormes beneficios para la
banca y el ‘atesoramiento’ de buena parte del parque de viviendas como prenda
de las hipotecas; por el contrario el precio de la vivienda ha subido un 150%
en los últimos siete años según datos de la Asociación de Promotores
Constructores de España (APCE)[34]
.
La banca tiene, pues, asegurado un
negocio a largo plazo, las constructoras e inmobiliarias han duplicado su
tamaño y han financiado una expansión claramente imperialista hacia el exterior
con compras millonarias. El futuro: “Esto es insostenible. La deuda familiar
supera los 600.000 millones de euros y eso significa que, en números redondos,
no hemos pagado casi nada de lo que hemos construido; sólo los intereses.”,
declaraba el economista y arquitecto Ricardo Vergés al diario El País el
11 de diciembre de 2005.
... pero está configurando parte del
capital imperialista español
Las grandes constructoras e
inmobiliarias cosechan enormes beneficios que les permiten diversificar sus
actividades (a ellas el estallido de la burbuja inmobiliaria les pillará
vacunadas en parte) y continuar el proceso de concentración y exportación de
capitales. Las seis mayores
constructoras españolas aumentaron en un 20% su beneficio neto en el 2005;
Acciona recoge un 32% de sus beneficios en el sector de la energía gracias a la filial Acciona Energía, Ferrovial
recoge el 63% de su resultado bruto de explotación a partir de sus actividades
en el sector servicios y en las concesiones de infraestructuras; OHL recogió,
en el 2004, 46, 5 millones de euros en plusvalía al colocar en la Bolsa de
Brasil una filial de concesión de autopistas; el 40% de las ventas de ACS
provino de los servicios industriales y medioambientales; Ferrovial, que compró
el grupo estadounidense Webber por 179 millones de euros, se vuelca en la
compra de tuneladoras, infraestructuras, en la concesión de la Autopista
Chicago Skyway, en la concesionaria del metro de Londres y en la compra del
operador handing Swissport, preparaba una OPA del 100% del capital sobre
la británica BAA diseñando la constitución de un consorcio para tal operación,
de este consorcio formaría parte el grupo australiano Macquarie (con el que
gestiona conjuntamente los aeropuertos de Sydney y Bristol). Pero, por ahora,
parece que la operación está en peligro: “...[en] la Bolsa de Londres donde
desataba el secreto mejor guardado de Ferrovial: los 12.648 millones de euros
que está dispuesto a pagar por el grupo de aeropuertos. Para colmo, añadía que
rechazaban la oferta. [...] Le parece demasiado barata.”[35];
FCC (Fomento de Construcciones y Contratas)
tiene un porcentaje del 29% de
su cifra de negocios destinado a los servicios medioambientales, en el 2005
destinó el 34% de su plan de inversiones a la adquisición del Grupo Logístico Santos; Sacyr
Vallehermoso extrae el 21% de su facturación de las concesiones, los servicios
y el patrimonio inmobiliario, ya en el 2006 ha adquirido el 5% de Eiffage
(tercera constructora francesa), en el 2005 invirtió 893 millones de euros en
las concesiones y los servicios[36]
El sector agrario español ha
ingresado 93.117 millones de euros desde su integración en la PAC (Política
Agrícola Común) en 1986. Sólo Francia
le gana en este tipo de ingresos. Ya hemos explicado en otros números de
nuestra revista cómo estos ingresos van en su mayor parte a los bolsillos del
gran capital latifundista. Sin embargo España sigue dependiendo de las
importaciones masivas de cereales para alimentarse. Por el contrario, el sector
hortofrutícola sigue siendo el sector castigado por la PAC pero que genera
exportaciones voluminosas de frutas y hortalizas y crea capital suficiente para
soportar una expansión imperialista, especialmente hacia Marruecos. Todo ello
basado en un alto grado de extracción de plusvalía, gracias a la
sobreexplotación a que los empresarios de este subsector someten a la mano de
obra inmigrante, y a la renta diferencial del suelo proveniente, en gran
medida, de la climatología y proximidad a los mercados europeos.
El
automóvil: “trabajar más y cobrar menos”.
El año pasado se interrumpió el
crecimiento continuado que se producía desde 1993 (2001 fue una excepción) en
la fabricación de automóviles en España. La patronal del sector, Anfac, cifró
en enero en casi un 10% el descenso en la producción. Frente a un aumento del
0,8% en las ventas, que alcanzaron en el 2005 la cifra récord de 1.528.849
unidades, la producción de vehículos se encuentra ante una feroz competencia
por parte de las fábricas asiáticas de modo que el 15% de las ventas de turismo
y el 68% de las de todoterrenos lo eran de vehículos producidos en Corea del
Sur y Japón. España aún se mantiene como séptimo productor mundial y tercero
europeo (tras Alemania y Francia). El languideciente mercado europeo, que
representa el 80% de la producción española, no parece mostrar signos de
recuperación... y si lo hace será seguramente penalizando los productos
españoles a favor de las nuevas plantas instaladas en los países del este de
Europa o de la producción asiática. La patronal exige al gobierno que mejore
los ferrocarriles (por donde se exportan a Europa la mayoría de los vehículos)
pero, sobretodo, exige “trabajar más y cobrar menos.”
El sector del automóvil es la
primera industria exportadora española. Ángel Laborda la ponía como ejemplo de
la pérdida de competitividad internacional española: “tomando como índice 100
las exportaciones de 2000, este índice se situó en 91 en 2005, después de caer
casi un 12% en este último año.”[37]
La concentración de capitales es
un rasgo particular del capitalismo; de este rasgo resulta otro que es esencial
en la conformación de su etapa imperialista: la creación de monopolios.
Iberdrola planea una ampliación de capital que alcanza casi los 5.000 millones
de euros, ampliación que sólo sería superada en la historia del capitalismo
español por la que realizó el Banco de Santander en el 2005 (13.300 millones de
euros) para la compra del banco británico Abbey; la ampliación está destinada a
financiar el 50% de los activos de Endesa, siguiendo el acuerdo con Gas Natural
derivado de la OPA de éste sobre Endesa. Tras ello está la tendencia a la
concentración de capitales en el sector de la energía para aglutinar tanto el
mercado de la electricidad como el del gas. La española Gas Natural se
encuentra ahora incursa en una guerra total con la alemana E.ON para aumentar
su posición monopolista fagocitando a la competidora Endesa.
En el sector comercial continúa la
imparable marcha del gran capital contra las tiendas ‘familiares’. Mercadona es
un buen ejemplo. Su ritmo de crecimiento de una tienda cada tres días, lo que
hace cien establecimientos al año, se traduce en el 25% de la superficie
comercial inaugurada en España y una cuota de mercado del 16,3%;
consecuentemente, las fronteras nacionales ya le son estrechas, Juan Roig, su
presidente, afirmaba hace poco: “Cruzaremos la frontera antes de 2010.”[38]
También en el sector comercial de la
restauración se asiste al fenómeno de la concentración, en las misma página en
que se plasmaban las intenciones del presidente de Mercadona se daba cuenta de
la futura compra del 100% de Telepizza por los hermanos Ballvé. Estos contarán
con la ayuda de Permira, sociedad de capital riesgo, para comprar el 73% del
capital de Telepizza que no controlan directamente. Con el 27% del capital se
puede controlar una empresa como Telepizza, que cuenta con numerosos pequeños
accionistas, pero los hermanos Ballvé tienen que ‘defenderse’ del intento de
OPA sobre Telepizza por parte de Agrolimen (dueño de Gallina Blanca y Pans
& Company, entre otras empresas) o de Nestlé.
En el sector de la producción de
tela para pantalones vaqueros la española Tavex, primer productor mundial de
este tipo de tela conocido como denim, tiene en marcha un plan para
absorber a la brasileña Santista, primer productor iberoamericano. El mercado
potencial de la empresa resultante será de 2.500 millones de individuos;
contará con 12 plantas repartidas por todo el mundo (América, África y Europa).
La producción de este tipo de tela está atomizada... hasta cierto punto:
alrededor de 400 empresas en todo el mundo se dedican a esta producción pero 40
de ellas copan el 30% del mercado. Y es
que según Herbert Schmid, presidente de Santista: “... los distribuidores de
este producto exigen una concentración en la producción.”[39]
En el sector del acero la
absorción se producirá en sentido contrario. En el 2002 se creó Arcelor como
resultado de la fusión de la empresa española Aceralia, la francesa Usinor y la
luxemburguesa Arbed. El 27 de enero pasado la anglo-india Mittal, con sede en Londres,
lanzó una OPA por 18.600 millones de euros sobre Arcelor. El gobierno español y
francés andan dando vueltas a si ello repercutirá en contra de la competencia o
no ante la ‘invasión’ anglo-india, recordemos que con sede en Londres.
Esto en lo que afecta al gran
capital. Respecto a las pequeñas empresas, la tónica es la misma. En un
artículo del 2003, que se refería a la última década, se afirmaba: “La mayoría de las fusiones y adquisiciones que se realizan en España
afectan a pequeñas empresas no cotizadas, dado que las grandes compañías se ven
involucradas en pocas transacciones, según el informe “¿Cómo se realizan las
compraventas de empresas en España?” realizado por el Instituto de Estudios
Económicos (IEE)”[40]
2005:
año de beneficios...
Según el Barómetro de Empresas
elaborado por Deloitte y que publicaba El País-Negocios[41]
: “El indicador mejor valorado por las compañías es, en todo caso, externo a
ellas. El 41,2% de las encuestadas percibe una mejora en la situación económica
lo que supone un notable aumento respecto al 35,6% que pensó lo mismo en la
anterior oleada.” Sin embargo: “en el caso de los beneficios, el porcentaje de
empresas que ha percibido una mayor rentabilidad se ha reducido al 71,3% desde
el 72,6% del segundo trimestre.” La rentabilidad proviene sobretodo, según los
empresarios encuestados, del aumento de la facturación de modo que “... las
empresas más pequeñas (las que tienen una facturación comprendida entre los 30
y los 60 millones de euros) son las que reconocen una evolución más
desfavorable en sus resultados. Se ha producido un incremento de los beneficios
en tan sólo un 52% de los casos y una disminución en el 20%. Es, además, una
situación algo más negativa que en el período anterior, cuando el 66,7% de los
encuestados incremento el BAI[42]”
Para hacerse una idea de la
posición imperialista española en América baste señalar aquí que los beneficios
extraídos de Latinoamérica, datos referidos al 2004, por BBVA (49% de sus
beneficios), Santander (35% de sus beneficios), Telefónica (41%), Repsol YPF
(45%), Endesa (23%) y Arcelor (7%) sumaron más de 41.000 millones de euros lo
que representó el 5,4% del PIB español en aquel año.
...sobretodo
para el gran capital
La banca ha cosechado, de nuevo,
beneficios récord. En el 2005 el grupo Santander, el BBVA, La Caixa, el Banco
Popular y Caja Madrid ‘ganaron’ 13.240 millones de euros, es decir un 52% más
que en el 2004. Según diversos analistas, este crecimiento en los beneficios se
debe en gran medida al aumento del PIB en el 2005. En efecto, el Producto
Interior Bruto aumentó un 3,4% en términos reales (1,7 puntos más que la UE).
2005 ha sido, en efecto, un buen año para el gran capital: Repsol también
registró beneficios récord en este año, ganando 3.120 millones de euros (29,2%
más que en el 2004) como resultado del aumento de los precios del crudo y de su
negocio de refino (en el que el beneficio operativo creció un 69,3% hasta
alcanzar los 2.683 millones, lo que supone las cinco sextas partes del
beneficio total). Telefónica aventajó a Repsol en crecimiento de beneficios
pues cosechó un 40% más de rentabilidad fruto de su división de telefonía móvil
e internet por ADSL: “Telefónica ha dado la vuelta a su modelo de negocio. La
telefonía móvil supone ahora el grueso de sus ingresos, mientras que el acceso
a Internet por ADSL y Latinoamérica le aportan la rentabilidad.”[43].
El beneficio neto a 31 de diciembre de 2005 de las 35 empresas del IBEX 35, que
representan casi la totalidad del movimiento bursátil, ascendía a 36.696
millones de euros; el grupo bancario Santander (6.220), Telefónica y Telefónica Móviles (6.364), Arcelor
(3.846), BBVA (3.806), Endesa (3.182) , Repsol (3.120) e Iberdrola (1.382). Si
ya las empresas del Ibex son la nata del gran capital español, estas siete
empresas han recogido conjuntamente 27.920 millones de euros, es decir más de
las dos terceras partes de los beneficios de las empresas del Ibex.
“El producto interior bruto (PIB)
creció una media del 3,4%, casi el triple que los países que comparten la
moneda europea, que avanzaron un 1,3%”[44].
Así glosaba el diario madrileño la
información del INE (Instituto Nacional de Estadística). Según esta información
el 2005 sería el año de mayor crecimiento del PIB desde el 2001 (en el que
creció un 3,5%). El INE atribuía este crecimiento a un menor crecimiento de la
demanda nacional combinado con una mejoría en la exportación. De hecho
constataba que en el 2005 se produjo una desaceleración en “los dos grandes
motores de la economía española, el consumo y la inversión (especialmente en
construcción)” según el mismo diario. Y no es casual, al mismo tiempo que el
INE hacía público su informe el Banco de España colgaba en su página web
algunas advertencias sobre el endeudamiento. El Banco advertía de los peligros
de las hipotecas sujetas a tipo variable (“porque el riesgo de variación de los
tipos lo asume el prestatario”), de la técnica de reunificación de deudas (ya
que añaden un sobrecoste en tramitación y formalización... y engordan el
capital pendiente a devolver) y de los créditos rápidos (que pueden alcanzar
los 4.000 euros) ya que alcanzan un TAE del 22% “Frente a estas facilidades, su
coste suele ser muy superior al habitual en los créditos personales concedidos
a clientes con referencias previas.” Es evidente, pues, que la inmensa mayoría
de los trabajadores que acuden a este tipo de créditos no logra estas
‘referencias previas’ por falta de una nómina legal que contemple todos sus
ingresos (nóminas a tiempo parcial pero jornadas por encima de las ocho horas
diarias) o a causa de que su endeudamiento con la banca ha alcanzado un punto
que le impide recurrir a otro crédito nuevo (aunque sea bajo la figura de la
reunificación). Por otra parte, el ritmo de crecimiento del PIB se ‘estabilizó’
en el último trimestres del 2005, frenando la tendencia alcista desarrollada
desde el 2003. En cuanto a la composición de este crecimiento, como acabamos de
ver, ha cambiado, pero “Esta recomposición del crecimiento [...] es más bien un
signo del agotamiento del patrón de crecimiento de los últimos años y no tanto
el producto de un cambio de dicho patrón. [...] la mejora del saldo exterior
proviene de la desaceleración de las importaciones debida a la moderación de la
demanda interna, pero no de una recuperación de las exportaciones que siguen
creciendo muy por debajo de las importaciones y de lo que lo hacen los mercados
exteriores, perdiendo por tanto cuota de mercado.”[45]
La demanda interna lleva ya muchos
años basándose, en buena medida, en el endeudamiento y parece que este recurso
está agotando ya todas sus posibilidades. De hecho ya se están concediendo
créditos hipotecarios con un plazo de amortización de 50 años: “hay quien cree
que no se tardará mucho en ver hipotecas heredables con plazos prácticamente
ilimitados”[46]. De hecho
la ampliación de los plazos de amortización no sólo va dirigida a los jóvenes
sino, también, a aquellos que amplían (en muchas ocasiones bajo la figura de la
reunificación) su hipoteca para dedicar el dinero logrado con la ampliación no
a rebajar la cuota mensual de amortización sino a ampliar su crédito para
consumo. Así, de nuevo en el 2005 se han vuelto a batir récord de
endeudamiento: en octubre del 2005 el saldo del crédito hipotecario vivo
alcanzó los 705.287 millones de euros, 144.601 más que en el mismo mes del
2004. Todo ello con unos tipos de interés que afianzan su tendencia alcista, el
Euríbor a 12 meses superará en el 2006 el 3,25%.
Según ‘analistas’ consultados por
el diario El País[47]
el 2006, para otros el 2007, será el año de la ‘desaceleración’ de la economía
española. De acuerdo con estos mismos expertos, el alto nivel de endeudamiento
conjuntado con la subida de los tipos de interés y la incapacidad de la
economía española para mejorar su competitividad, con la consiguiente brecha
entre importaciones y exportaciones, serán los causantes de la
‘desaceleración’. Ciertamente la palabra crisis esta prohibida en una especie
de vuelta a la infancia y temor a provocar el evento si se le nombra. Pero los
datos, por más deficientemente que haya podido ser elaborados y por más
precocinados que hayan sido, son bastante contundentes. Los componentes de la
demanda que han propiciado el aumento del PIB
son reveladores de las causas y de cómo podrá repercutir la crisis
cuando estalle. Según datos del INE, el consumo de los hogares pasó de 4,4 en
el 2004 a un 4,5[48] en el 2005;
por el contrario la Formación bruta de capital fijo (FBCF) pasó de 4,9 a 7,4,
pero desagregando esta cifra resulta que el FBCF en la construcción pasó de 5,5
a 6,2 frente al de el sector bienes de equipo y servicios que pasó de 4 a 9,1.
El endeudamiento de los trabajadores llega a límites insostenibles, los tipos
de interés aseguran su tendencia alcista, la construcción (que provee más del
20% del mercado laboral) comienza a enfriarse... pero este ha sido un buen año
en el crecimiento, según el INE, a causa de la desaceleración de la demanda y
de la mejoría del sector exterior ya que disminuyeron las importaciones de
bienes y consumo. Cierto, según datos del mismo INE las importaciones de bienes
y servicios cayeron de los 9,3 millardos del 2004 a los 7,3 del 2005... y las
exportaciones de bienes y servicios también cayeron de unos raquíticos 3,3 millardos en el 2004 a un exiguo 0,1
millardo en el 2005: el resultado es un déficit por cuenta corriente que supera
el 7% del PIB, un porcentaje mayor que el de EEUU, y que está financiado por el
endeudamiento no por inversión directa extranjera.
El Estado español registró en 2005
el “primer superávit de la democracia”. El conjunto de las administraciones
públicas españolas ingresó 9.947 millones de euros por encima de los que gastó,
con lo que logró un superávit del 1,1% del PIB, “un verdadero hito en la
historia de la Hacienda pública” según palabras de Pedro Solbes. Los ingresos
tributarios crecieron en un 14,1%, destacando los percibidos por el impuesto de
sociedades, beneficios, que aumentaron en un 24,9%, ya hemos visto más arriba
que el 2005 fue un buen año para los beneficios empresariales. Los ingresos por
IRPF (aumento del 14,7%) y los del IVA (aumento del 12,1%), provenientes de la
clase trabajadora en su inmensa mayoría, sostuvieron la media del crecimiento
de ingresos. Pero fue de nuevo el salario diferido el que llenó las arcas del
Estado burgués: “La Seguridad Social registra el mejor balance. La fuerte
creación de empleo impulsa las cotizaciones al sistema, que acumula un
excedente del 1,06% del PIB. Pese a ser
abultada, la cifra es similar la de 2004.”[49].
¿Y que hará el estado burgués con ese superávit debido en su mayor parte a la
posesión en sus arcas del salario diferido de los trabajadores? Solbes también
lo explicó: en primer lugar reducir la deuda del estado burgués (que supone el
43,4% del PIB)... y financiar la rebaja fiscal que ya hemos visto más arriba
que beneficiará a los ricos.
Y mientras el estado burgués logra
su primer superávit ‘democrático’, la burguesía continúa defraudando a
espuertas. Según estimaciones hechas por José Luis Barbería, a partir de una
investigación entre expertos en la materia, y publicada en El País, el
dinero negro que mueve la ‘economía sumergida’ alcanza la cifra de 130.000 millones
de euros. Y la tendencia no es descendente sino todo lo contrario: “Los últimos
estudios avalan nuestra percepción profesional de que el fraude fiscal va a
más.”[50]
El dinero negro alcanza un porcentaje del 20% del PIB (“Creo que puede hablarse
de un cierto consenso sobre este dato”[51]).
Un rasgo del imperialismo es la
exportación de capitales. Las metrópolis imperialistas exportan capitales a
todo el mundo... también a otras metrópolis imperialistas. Es una lucha
continua entre los imperialismos, tanto ‘fuera’ de las fronteras de países
imperialistas como en el interior de esos mismo países. El imperialismo español
de tercer orden lleva desde el 2003 perdiendo capacidad de ‘atraer’ inversión
directa extranjera; en aquel año la caída fue brusca pasando de 41.666 millones
de euros en el 2002 a casi la mitad (22.971 millones de euros) en el 2003 para
continuar el descenso hasta el 2005, en que las inversiones directas
extranjeras sólo alcanzaron los 2.587 millones de euros (suponiendo un descenso
del 65% respecto al año anterior). “Una tasa negativa que aumenta al 98,5% si
se contabiliza en valores netos, descontando el efecto de las desinversiones.”[52]
La inversión directa extranjera en
España concentra su procedencia en Alemania, Francia, EEUU, Holanda, Reino
Unido e Italia (que sumaron conjuntamente el 66% de esta inversión). Por otra
parte, el único sector ‘productivo’ que recibe un porcentaje de inversión
directa extranjera significativo es el químico (el 16,8% en el 2005); casi el
50% de esta inversión se dirige hacia el sector inmobiliario, la intermediación
financiera y el comercio. La patronal, CEOE, achaca (¡como no!) esta pérdida de
inversiones al aumento de los costes laborales que, según sus expertos,
crecerían en 2005 un 3,5% frente al 1,4% de la UE de quince y el 1,6% del
conjunto de la OCDE.
A mitad de febrero del actual año
los datos recogidos para el período comprendido entre enero y noviembre del
2005 daban ya un resultado positivo para la inversión directa extranjera que
habría comenzado a superar la tendencia a la baja gracias a una recuperación
del 70,7% de crecimiento respecto al mismo período del 2004. “Es prematuro aún
hablar de un cambio de tendencia”, declaraba un responsable de estudios de Caja
Madrid. A este crecimiento de la inversión es necesario restarle la
desinversión y comprobar los sectores a los que ha afectado, las inversiones
inmobiliarias han perdido algo de peso (caen en un 6,6%) “frente a una mejora en
otras inversiones más productivas”[53]
que el periodista no concreta.
Bien, puede que la inversión
extranjera directa en España esté recuperándose... pero no lo suficiente como
para contrarrestar la marcha imparable del déficit exterior que, para el mismo
período de enero-noviembre del 2005, representaba un saldo negativo de 60.754
millones de euros (con una subida negativa del 58% respecto al 2004). Un
ejemplo es el sector textil: las importaciones provenientes de China aumentaron
un 50% en el 2005, según estimaciones del Consejo Intertextil Español hechas
públicas en el pasado mes de enero. En este sector, la clase obrera china está
compuesta por mano de obra con muy baja cualificación pero Emilio Ontiveros
señalaba en El País-Negocios[54]
que España estaba sometida, igual que otras potencias industriales, a la
competencia de los países asiáticos o de Europa del este “... todavía
consideradas [sus economías] emergentes pero con unos trabajadores equipados
con habilidades que en nada envidian a los de economías como la española” y
continuaba señalando cómo estos países están recibiendo una fuerte inversión en
capital tecnológico y disponen de una población con una buena alfabetización
digital.
Y no es que el capitalismo español
imperialista, como hemos visto más arriba,
no deje de invertir en el exterior. Repsol YPF ponía en marcha la mayor planta
de licuefacción de gas natural del mundo en Trinidad y Tobago a fines del año
pasado, su presidente Antonio Brufau se entrevistaba el pasado 3 de marzo con
Evo Morales para reconducir la situación creada por las órdenes de detención
contra ejecutivos de esta empresa, la intención: aumentar las inversiones para
industrialización del gas, ampliación de complejos petroquímicos y plantas de
fertilizantes. El capitalismo español es el segundo proveedor, cliente e
inversor de Marruecos. En Argelia, Fertiberia tiene programada una inversión en
el holding público Somedine que le permitirá controlar la empresa de
fertilizantes argelina Asmidal; Repsol YPF también programa nuevas inversiones
con contratos de exploración de yacimientos en el desierto argelino, CAF piensa
adjudicarse la construcción de 17 trenes para los ferrocarriles argelinos
(SNTF) y 14 para el metro de la capital argelina. De hecho, “Para muchas
empresas españolas, el 40% del beneficio y del crecimiento viene de fuera del
país, y muchas de las formas en las cuales las empresas están saliendo de estos
problemas es a través de la deslocalización y de la producción fuera.”[55]
Pero por primera vez en la
historia el capitalismo español está sujeto a un déficit comercial que ya no
puede superar mediante el recurso a las devaluaciones de la moneda propia. Su
inserción en el euro se lo impide. Esta misma inserción le permite seguir
logrando financiación para un endeudamiento récord también a nivel histórico.
España es el primer capitalismo en envergadura relativa de su déficit por
cuenta corriente, el déficit español representa el 7,4% del PIB, superando este
porcentaje sobre el PIB al que representa el déficit de los EEUU. La cuota de
mercado exterior de sus exportaciones, de bienes que no de capitales, mantiene
una tendencia descendente desde hace ocho años; los mercancías conteniendo alta
tecnología que exporta el capitalismo español sólo representan la media de la
Unión Europea; “El efecto dinámico del cambio en la composición de la oferta
[hacia el exterior] que se vivió en la década de los ochenta, en parte animado
por la inversión extranjera, está virtualmente agotado”[56],
sentenciaba J. A. Alonso. El mismo autor comparaba la cuota que las mercancías
de alta tecnología tienen en las
exportaciones manufactureras de Irlanda y Finlandia con la de España: en el
caso irlandés esta cuota supera en 5 veces a la española y en el caso finlandés
en 2,5.
La propaganda política sobre la
nueva era de la sociedad que habría abierto la ‘globalización’ tiene por
finalidad engañar a las masas sobre el verdadero sistema social, económico y
político sobre el que se basa la explotación. Uno de los componentes de esta
propaganda es la supuesta superación del proteccionismo y el triunfo definitivo
de la libertad comercial, del librecambio como se decía antes. Hemos visto más
arriba cómo uno de los rasgos del imperialismo es la exportación de capitales y
cómo este rasgo se concreta en la economía española. Otro rasgo del
imperialismo es el monopolio y éste es el producto de la concentración y
centralización de capitales que resulta de la acumulación del capital. Pues
bien, la pretendida globalización demuestra no ser más que un intento de
engañifa seudoteórica también en este aspecto de la cuestión ya que, por más
que señale la mayor ‘financierización’ del capital (es decir la conversión del
gran capital en capital financiero tan bien explica por Lenin), pretende hacer
creer que ahora las fronteras, prácticamente, no existen para el gran capital y
que asistimos a una época dorada de libre comercio... salvaje, excesivamente
salvaje, según el sector ‘progresista’ de los defensores de la seudoteoría de
la globalización (de aquí que vuelvan la espalda a la historia y al progreso y
se lamenten de que el estado deje de funcionar y pretenda introducir la tasa
Tobin, por cierto idea ya ajada). El proteccionismo, por más que les pese, es
un recurso más del imperialismo; y es un recurso al que cada imperialismo echa
mano según le interese o no al capital financiero en un momento determinado. La
historia del imperialismo estadounidense lo demuestra sobradamente “una gran
número de ellas [de las empresas estadounidenses] reivindican la protección
de su mercado interior.”[57]
El autor de la obra citada desarrolla múltiples ejemplos de proteccionismo a lo
largo de la historia reciente de los Estados Unidos. Y la legislación de los
Estados Unidos ha estado, y está, al servicio de este recurso imperialista:
“Inscrita en la legislación comercial de 1974 (Trade Act) que otorga al
presidente de los Estados Unidos amplios poderes que le permiten realizar
acuerdos internacionales destinados a reducir los obstáculos a las
importaciones, la cláusula llamada ‘301’ permite a la administración
estadounidense aplicar unilateralmente represalias a los países acusados de
prácticas comerciales ‘desleales’. Esta disposición fue reconducida en la nueva
ley sobre el comercio de 1988 (Trade and Competitivness Act). El arsenal
de represalias americanas comporta, además, una ‘super 301’ que permite aplicar
sobretasas a las importaciones juzgadas, también, como ‘desleales’ hacia las
empresas estadounidenses.”[58]
Los clásicos del marxismo ya
analizaron, y nos enseñaron, lo básico sobre este aspecto del capitalismo en su
fase imperialista. Rosa Luxemburgo afirmaba: “... el librecambio como sistema
internacional no pudo ser, desde el principio, más que un episodio en la
historia de la acumulación del capital.”[59]
Lenin, en su Imperialismo, fase superior del capitalismo, afirmaba la
polivalencia del proteccionismo y del librecambio para el imperialismo: “Los
hechos demuestran que las diferencias entre los diversos países capitalistas,
por ejemplo, en lo que se refiere al proteccionismo o al librecambio, traen
aparejadas únicamente diferencias no esenciales en cuanto a la formación de los
monopolios..”[60] Y, más
adelante en la obra, afirmaba también cómo el proteccionismo, por más que sea
un recurso, no puede evitar el desarrollo de las tendencias imperialistas de
lucha de todos contra todos: “Si Alemania desarrolla su comercio con las
colonias inglesas más rápidamente que Inglaterra, esto demuestra solamente que
el imperialismo alemán es más lozano, más fuerte, mejor organizado que el
inglés, superior a éste, pero no demuestra, ni mucho menos, la ‘preponderancia’
del librecambio, porque no es el librecambio que lucha contra el proteccionismo
[...] sino que un imperialismo lucha contra otro, un monopolio contra otro, un capital financiero contra otro. La
preponderancia del imperialismo alemán sobre el inglés es más fuerte que la
muralla [...] o que los aranceles proteccionistas.”[61]
En plena vorágine de
proteccionismo españolista contra la OPA ‘catalana’ de Gas Natural sobre
Endesa... estalló la bomba del proteccionismo español ante la OPA de la alemana
E.ON sobre la misma Endesa (que según todos los indicios estaba previamente
pactada desde hacía meses con los españolistas ejecutivos de Endesa). El 22 de
febrero Zapatero afirmaba al respecto que: “La posición de la energía y
nuestros intereses energéticos en el mundo es una cuestión relevante para el
país, y también internamente, estamos hablando del 50% de la energía nuclear que
hay en España, estamos hablando del carbón, que tiene un interés estratégico,
estamos hablando del abastecimiento energético a las islas, que tiene un
interés singular para nuestro país y el Gobierno tiene que estar pendiente para
el futuro.”[62] Parece que
una vez llegado a Canarias se le acabó el fuelle de las justificaciones
proteccionistas; antes había recurrido a los intereses de los ciudadanos para
enmarcar la acción proteccionista de su Gobierno. Pero no parece que el
Gobierno del Reino de España haya demostrado tanto celo en defender a los
canarios del abandono de las infraestructuras eléctricas que fallaron
estrepitosamente ante unas lluvias y vientos un tanto fuertes; ni tampoco que
el carbón le haya preocupado más allá de obligar a los consumidores a pagar un
canon abusivo a las eléctricas, o más allá de buscar el modo de aislar y
desactivar las protestas de los mineros; en cuanto a la energía nuclear, no se
atisba en su acción de Gobierno ningún índice de preocupación, más allá del
mínimo, en cuanto a la seguridad de los ciudadanos amenazada por un futuro de
décadas de peligro de contaminación radiactiva.
El 24 de febrero, el Gobierno
aprobó medidas extraordinarias y urgentes para frenar la OPA de E.ON (‘la
alemana’). El Gobierno amplió las competencias de la Comisión Nacional de la
Energía (CNE), por la vía del real decreto, de forma que ésta podrá meter palos
en las ruedas de la OPA de E.ON (seguramente en cumplimiento de “las reglas del
juego” a que hacía referencia Zapatero el 22 de febrero) ya que esta OPA deberá
ser autorizada ahora por la CN y, también mediante real decreto ley, modificó
la regulación del mercado mayorista eléctrico para evitar “la manipulación
continuada” de los precios, de modo que el proteccionismo funcionó como buen
estimulante para que el Gobierno intente, al menos teóricamente, por enésima
vez romper el acuerdo de los monopolios eléctricos para mantener los precios
por arriba de los que facilitarían una real competencia. De hecho los precios
de la electricidad en le mercado mayorista (el que suministra a grandes y
pequeñas y medianas empresas) subieron en enero de 2005 un 195% en comparación
con el mismo mes de 2004. No es el capitalismo español el único proteccionista;
los EEUU han dado una última muestra impidiendo la compra de una empresa que
gestiona los puertos estadounidenses por otra ‘arabe’ y Francia, sin ir tan
lejos, fuerza la fusión de GdF y Suez para evitar que la italiana Enel compre
la franco-belga Suez. Si EEUU y Francia acuden al proteccionismo, con tanta
mayor fuerza lo debe hacer España, quinta economía europea.
La
inflación y la productividad del trabajo continúan haciendo de la economía
española un imperialismo de tercera fila y ligándolo, por tanto, a la suerte
del imperialismo
En diciembre el INE avanzó el IPC (índice de precios al consumo) global
de 2005: 3,8% de aumento en los precios; el Gobierno había previsto un 2%. Los
precios del petróleo, de los alimentos y los tipos de interés de las hipotecas
explicarían en buena medida está subida de la inflación. Veremos como afecta
esto a la clase obrera más abajo, pero la capacidad del imperialismo español
para competir también se ve mermada por este aumento de la inflación. Hemos
visto más arriba como la industria manufacturera española pierde posiciones en
el mundo a causa de la escasa competitividad de sus productos: “... el Índice
de Precios Industriales del pasado mes
de enero se anotó un incremento del 1,5 por ciento, el más alto en tasa mensual
de los últimos 11 años.”[63]
Frente a la inflación española, la media de la zona euro alcanzó, en el mismo
período, el 2,2%, aumentando, así, la ‘brecha’ de precios entre los
imperialismos europeos y el español al que le separaban en diciembre de 2005
1,7 puntos de aquellos. Este diferencial de precios, que marca la capacidad de
competir del imperialismo español con el resto de los europeos, se estrechó a
principios de 2004 pero de nuevo esta adquiriendo la dimensión secular que
siempre tuvo respecto a los imperialismos europeos.
El 6 de marzo el Consejo de
Cooperación Económica entregó a Barroso, presidente de la Comisión Europea, un
informe que constataba la pérdida de capacidad de competir del imperialismo
español. Este Consejo se formó para propiciar y observar la competitividad de
las economías del sur de Europa. Lo forman 120 grandes empresas de España,
Portugal, Francia e Italia. España está representada por 28 grandes empresas.
La competitividad de las mercancías españolas está afectada por sus precios
elevados en relación con su calidad; su mercado de trabajo presenta un exceso
de contratos no indefinidos (evidentemente la Comisión aconseja solucionarlo...
revisando las cláusulas de despido de los indefinidos); el mercado interno
español está monopolizado (‘falto de competencia’) especialmente el de la
distribución comercial y el energético; la educación y formación españolas “no
parecen a la altura del reto económico y social del país”; el crecimiento de la
tasa de productividad por persona empleada descendió en el 2004 respecto al
2003 y en el 2005 sólo lo hizo en un 0,3%, dos décimas menos que en el 2004,
datos relevantes teniendo en cuenta el aumento en la inversión en bienes de
equipo (cifrada por el INE el pasado mes de febrero en un 9,5% en el 2005).
“La productividad española,
definida como PIB por empleado a los precios y tipos de cambio de 1970, tenía
un nivel en 1963 que representaba el 40 por cien del de la CEE, el 46 por 100
de la media de los países europeos de la OCDE y el 33 por 100 respecto del total
de la OCDE. Diez años más tarde, este desfase de productividad solamente se
había reducido entre cinco y seis puntos y, en 1980, la productividad media
española todavía no llegaba al 50 por 100 de la de la CEE...”[64]
Esta situación no ha mejorado sensiblemente en los últimos años: “El bajo
crecimiento de la productividad del trabajo en España en los últimos años [...]
ha llevado incluso a un buen número de expertos a cuestionarse la ‘sanidad’ del
modelo de crecimiento español durante la etapa expansiva 1996-2002, etapa en la
que el PIB de nuestro país creció en media 1,3 pp por encima del crecimiento de
la Zona Euro, y 0,3 pp más que la economía norteamericana. Lo cierto es que la
productividad del trabajo medida por el PIB por hora trabajada [...] creció durante
este periodo a una tasa anual media del 0,57%, crecimiento muy inferior al
registrado por la productividad en la mayoría de países europeos y EEUU, y
más de 2 puntos porcentuales menor que el crecimiento medio anual de la productividad
en la economía española desde 1970.[65]
Trotsky afirmaba: “La ley de la
productividad del trabajo es tan importante en la esfera de la sociedad humana
como la de la gravitación en la esfera de la mecánica. La desaparición de
formaciones sociales que crecieron hasta desbordar sus marcos no es más que la
manifestación de esta cruel ley [...] La ley de la productividad del trabajo no
se abre camino en línea recta sino de manera contradictoria, con esfuerzos y
distensiones, saltos y rodeos, remontando en su marcha las barreras
geográficas, antropológicas y sociales. De aquí que haya tantas ‘excepciones’
en la historia, que no son más que reflejos específicos de la ‘regla’”[66]
El
capitalismo español roza su capacidad de generar ‘pleno empleo’ bajo las condiciones imperialistas
“El ejército de reserva industrial forma parte indispensable del
mecanismo social del capitalismo, al igual que la reserva de máquinas y de
materias primas en las fábricas o que el almacenamiento de productos
manufacturados en los almacenes. Ni la expansión general de la producción, ni
la adaptación a los flujos y reflujos del
ciclo industrial, serian posibles sin una
reserva de fuerza de trabajo. [...] El actual ejército de parados ya no puede ser considerado como un “ejército de reserva”,
porque su masa fundamental ya no puede esperar encontrar trabajo;
al contrario, está destinado a verse engrosado con una afluencia constante de
nuevos parados. La desintegración del capitalismo ha engendrado toda una
generación de jóvenes que nunca han tenido un oficio
y que no tienen esperanza alguna de lograrlo.
[...] Si se considera que en 1929, en la cima de la prosperidad, había dos
millones de parados en Estados Unidos y que, durante esos nuevos últimos años,
el número virtual de trabajadores ha aumentado en 5 millones, el número total
de años de trabajo humano perdido ha debido
multiplicarse.”[67] Este
análisis de Trotsky, en 1939, lo han confirmado todas las crisis y
recuperaciones capitalistas habidas desde entonces. En estos momentos, el
capitalismo español se encuentra en su máximo apogeo en cuanto a capacidad de
generar empleo. Pero, el rasgo del capitalismo en su fase imperialista
analizado por Trotsky se muestra a plena luz.
En el mes de enero el INE hacía
públicas las cifras de la EPA (Encuesta de Población Activa) referentes al
2005. En el primer trimestre de ese año se registraban 19.314 trabajadores
ocupados; la taso de paro medida por la EPA bajó hasta el 8,7% que es el
porcentaje de parados más bajo desde 1978, sin tener en cuenta los cambios en
la metodología de la encuesta, y la creación de empleo fue la mejor registrada
desde 1996 (año en el que se cambió la metodología). Pero “Mucho más
espectaculares resultaron las cifras de afiliación a la Seguridad Social, con
casi un millón (968.607) de nuevos afiliados. Casi la mitad de esa cifra
obedece a la regularización de inmigrantes [...] Este colectivo representa ya
el 7,6% de los cotizantes...”[68]
Las mujeres siguen soportando una tasa de paro más elevada (11,6% frente a la
media del 6,6% en los varones). La comparación entre las cifras de la EPA y las
de la Seguridad Social hace aflorar una realidad: según esta fuente los
trabajadores inmigrantes ocupados representan el 11,3% de los ocupados y los que sufren la condena
del paro suponen el 13,5% de los parados (siendo su tasa de paro del 10,2% y la
de los nacionalizados del 8,7%). La industria sigue perdiendo trabajadores año
tras año. En el pasado mes de febrero se rompió la tendencia bajista de la tasa
de paro.
El aumento de trabajadores
ocupados se acompaña de un aumento en los ataques a sus condiciones de trabajo.
En primer lugar, la tasa de precariedad laboral alcanzó el año pasado el 33,7% de los asalariados (en el 2004 fue del 30,8%). De nuevo los trabajadores inmigrantes nutren este aumento de una de las tasas orientativas del grado de explotación de la clase obrera. De hecho, la media de altas laborales, detectada por una muestra de 1,1 millón de trabajadores realizada por el Ministerio de Trabajo, es de 12,6 altas en la Seguridad Social por trabajador a lo largo de su vida laboral. Pero esta elevada tasa de precariedad laboral oculta otra realidad más sangrante: millares y millares de contratos que sólo cotizan a la Seguridad Social el 50% del tiempo trabajado, contratos por cinco horas y jornadas de más de diez horas (ya hemos visto más arriba como la ‘economía sumergida’ nutre el dinero ‘negro’); es decir: el sistemático robo del salario diferido.
En segundo lugar, ya en el mes de
octubre de 2005 los ‘accidentes laborales’ se habían cobrado 849 vidas de
trabajadores haciendo aumentar esta cifra, compañera inseparable del obrero
bajo el capitalismo, en un 7,6% respecto al mismo período del 2004. En el
‘mercado laboral’ español se producen el 20% de los accidentes laborales de la
Unión Europea; según UGT, dos tercios de estos accidentes los padecen
trabajadores en precario, ‘temporales’. En cuanto a los accidentes laborales
con resultado de baja laboral, alcanzaron casi el millón en el 2005 (906.836).
En diciembre el Gobierno y los ‘agentes sociales’ acordaron un plan para frenar
el aumento de los accidentes laborales. Una de los representantes de esos
‘agentes sociales’, Dolors Hernández secretaria de Salud Laboral de UGT,
afirmaba sobre la bonanza de este plan: “Lo bueno del grupo de trabajo es que
estamos todos representados y que las decisiones serán vinculantes”; por su
parte, el representante de CCOO declaraba que “Si se sabe que la autoridad está
encima, las empresas van a reaccionar.”[69]
¿La ley del sacrosanto Estado de Derecho burgués no ha sido vinculante en este
campo? ¡En el cumplimiento de la represión para mantener el estado burgués, sin
embargo, sí que lo ha sido! ¿Todos representados? ¿Qué tiene eso de bueno?[70]
¡Los ‘agentes sociales’ que representan directamente a la patronal, es
decir a la burguesía, serán el mejor elemento de boicot de cualquier plan que
pretenda rebajar los accidentes laborales pues estos accidentes laborales le
son necesarios al capital para mantener el actual grado de explotación de la
clase obrera. De nuevo los dirigentes de UGT y CCOO cogestionan con la
burguesía el mantenimiento de la explotación.
En tercer lugar, la jornada
laboral en España es una de las más largas de Europa según un estudio reciente
de una comisión nacional para la racionalización de los horarios encargada por
el Gobierno de elaborar un libro blanco al respecto. El presidente de esta
comisión afirmó que “no debemos confundir el trabajar con estar en el lugar de
trabajo”, dando con ello una buena pista de las recomendaciones... y de lo poco
que ha pisado los tajos, los talleres y las fábricas españolas.
“El salario medio de los españoles
(descontando la inflación y antes de pagar impuestos) se situará este año en
1.541 euros al mes, lo mismo que ganábamos en 1997” afirmaba D. Fernández[71]
y, en la misma página, corroboraba J. F. Domene “Los que dependemos de una
nómina hemos perdido cinco puntos de poder adquisitivo desde 200: nuestra paga
ha crecido una media del 17% y la inflación, medida por el Índice de Precios al
Consumo (IPC), lo ha hecho casi un 22%”, para añadir: “Pero ese diferencial ya
preocupante adquiere una especial relevancia en el caso de los alimentos, que
han subido en un 27,2% en los últimos cinco años; la vivienda (+26,3%) y el
transporte (+24%)”. No se trata de afirmaciones de extremistas de izquierda,
sino de comentarios de periodistas normales sobre los datos oficiales. Todos
los trabajadores saben que los datos reales, los que ellos producen y sufren
día a día, son peores. De hecho, según cifras del INE, en el año 2004 la
retribución media aumentó en un 3,3% y en el 2005 un 2,5%.
El 11 de enero UGT, CCOO y la CEOE
prorrogaban el acuerdo sobre negociación colectiva que firman anualmente desde
el año 2002. El periodista comentaba: “Se trata de un marco de negociación de
convenios que ha propiciado la paz social en los últimos años.”[72].
El acuerdo afectó el año pasado a 7,8 millones de trabajadores que vieron como
las direcciones sindicales pactaban aumentos del 2,9% (la inflación, como hemos
visto, convirtió este aumento en una pérdida). La mayor parte de estos
trabajadores pudo recuperarse de la pérdida gracias a las cláusulas de garantía
que les aseguraron un aumento casi igual al de... la inflación media. Pero esta
mayoría cada vez se hace más pequeña: en 2004 las cláusulas de garantía
‘protegieron’ al 76% de los casi 8 millones de trabajadores sujetos a convenio,
porcentaje menor al de años anteriores en los que llegó a representar casi el
80%.
La inflación es uno de los
instrumentos de rebaja de los salarios, como decía Trotsky: “La inflación
monetaria significa para las masas un impuesto cada vez mayor a su nivel de
vida.”[73].
En el caso de los datos arriba reflejados, la inflación repercute de manera
especial sobre las capas peor pagadas de la clase obrera ya que el peso que el
precio de la comida, la vivienda y el transporte tienen sobre los sueldos bajos
es aplastante. A ello hay que añadir que la inflación subyacente (la que
resulta de no tener en cuenta los alimentos frescos, energía y otros elementos
‘volatiles’ pero necesarios para vivir, es decir la inflación que afecta
directamente a la burguesía industrial) ha estado por debajo de la global: en
enero alcanzaba el 2,9% frente al 4,2% de la inflación media, con beneficio
para la patronal evidentemente. Pero en el 2006 la situación no cambiará si no
lo impide la clase obrera con sus movilizaciones ya que el año “se estrena con
subidas de la luz, el gas y los transportes públicos”[74]
(el gas a los hogares aumentó en enero su precio en un 5%, la botella de butano
en un 10,3%, el recibo de la luz en un 4,4%, los billetes de cercanías y
regionales de RENFE en un 6%, en Madrid el transporte público sube una media
del 4,8% y en Barcelona un 4,7%, los billetes de autocares de línea subieron en
el primer cuatrimestre del 2005 un 3,04% y en diciembre el 3,3%... para abril
se prepara una nueva subida) , ello en los precios sobre los que el Gobierno
tiene capacidad de influir. En enero la inflación interanual se elevó al 4,2%
en la media de todos los grupos pero vivir y trasladarse para poder ganar un
sueldo salió aún más caro: la vivienda aumentó en un 7,8% (se incluye aquí la
subida de la electricidad y el gas), el transporte lo hizo en un 7,9. En lo que
va de año la gasolina (los diversos tipos conjuntamente) ha aumentado en 16,7%.
Ángel Laborda, comentando la
subida del PIB en 2005, afirmaba: “...el PIB crece 1,7 puntos porcentuales más
que en la UE, pero la renta per cápita (que sería el indicador del bienestar)
sólo lo hace en seis o siete décimas, debido a que la población en España está
creciendo del orden de un punto más que en dicha zona”[75].
Si la renta per cápita es una media, si los salarios bajan y los beneficios
suben, todo ello no tiene más que una traducción para la vida de las masas: los
trabajadores cada vez son más pobres, los ricos cada vez más ricos.
...engordando
las arcas del estado burgués
Pero no son los ricos los que
soportan la mayor carga de impuestos para sostener al estado que, con las armas
en la mano, les garantiza el mantenimiento de sus privilegios. El 33,8 de los
ingresos fiscales del estado proviene del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas) y el 31,6% del IVA (Impuesto sobre el valor añadido) frente
al exiguo 18,4% que aporta el impuesto sobre sociedades. Tanto el IRPF como el
IVA gravan, sobretodo, a la clase trabajadora. El fraude fiscal está al alcance
de los ricos, tanto por el tipo de ingresos como por la capacidad para comprar
buenos asesores fiscales, pero la clase obrera no puede escapar ni del
descuento en nómina del IRPF ni del IVA repercutido al final de la cadena en
todos los productos que compra. El IRPF es un impuesto que favorece, pues, a la
burguesía y obliga al proletariado a pagar los gastos del mantenimiento de un
estado construido para perpetuar su explotación. En el año 2005 las ‘rentas del
trabajo’ aportaron el 80% de los ingresos por IRPF frente al 7% aportado por el
capital y el 11% de las ‘actividades económicas’.
En la obra de Trotsky citada más arriba, éste habla de la nueva subclase de los parados. El capitalismo siempre ha generado pobreza, es más: una ley general de este régimen social y económico es la tendencia a la miseria creciente, ley conocida como la de la tendencia a la depauperación relativa de las masas. Para tener en cuenta la validez de esta ley es necesario recordar, a los seguros y precipitados críticos de ella, que cuando los marxistas usamos el concepto capitalismo nos referimos a un fenómeno socio-económico de alcance mundial que su fase imperialista ha completado. No es el momento aquí de argumentar con cifras mundiales, pero toda obrera y todo obrero conscientes saben que la miseria crece a pasos de gigante en todo el mundo, que millones y millones de personas van sumándose día a día en todo el planeta a los más pobres de entre los pobres. Estos pobres forman parte del campesinado o del proletariado a los que el capitalismo en su fase imperialista es incapaz de garantizar el más elemental derecho de todo ser humano: el trabajo. Recientemente, los ‘analistas’ de la sociedad y, también, los economistas han descubierto un fenómeno que, según ellos, es novedoso: los ‘trabajadores pobres’. En la Obra de Trotsky citada más arriba puede leerse: “ ...la contradicción económica entre el proletariado y la burguesía se agrava durante los períodos más prósperos del desarrollo capitalista, cuando la elevación del nivel de vida de determinadas capas de trabajadores, muy extendidas momentáneamente, oculta la disminución de la parte del proletariado en la renta nacional. De esta manera, apenas antes de caer en el marasmo, la producción industrial de Estados Unidos aumentó en un 50% entre 1920 y 1930, mientras que la suma pagada por los salarios aumentó únicamente en un 30%, que significó una tremenda disminución de la parte de los trabajadores en la renta nacional [...] La ilusión del “progreso” continuo de todas las clases se ha desvanecido sin dejar rastro. El declive relativo del nivel de vida de las masas ha dado lugar a un declive absoluto. Los trabajadores comienzan por economizar en sus modestos placeres, después en sus trajes y, al final, en sus alimentos.” [76] Este fenómeno ya lo analizó Marx magistralmente en El Capital, a mitad del siglo XIX cuando el capitalismo estaba en su juventud más sana. El capitalismo no sólo exige un ejército de reserva para seguir funcionando como sistema de explotación del hombre por el hombre, para seguir saciando la insaciable sed de beneficios del capital, sino, también, mantener constantemente un lumpenproletariado. Pero, además, también dentro de la capa del proletariado con ocupación, con trabajo, exige el capitalismo extender la pobreza: la extracción de plusvalía fue una exigencia histórica para el nacimiento del capitalismo y, después, lo ha sido para su mantenimiento. El capitalismo español es un buen ejemplo de ello. A fines del 2005, el INE hizo públicos los resultado de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV). Joaquín Estefanía decía glosándolos: “El mapa que traza la ECV es desconsolador, y cuestiona muchos de los datos de la coyuntura más superficial: una de cada cinco personas que vive en España (casi nueve millones de ciudadanos) se encuentran por debajo del umbral de pobreza relativa, que se estima en poco más de 5.000 euros anuales, unos 369 euros mensuales.”[77] Esta situación afecta no sólo a jubilados y sin trabajo sino también a trabajadores, especialmente a los trabajadores inmigrantes. En febrero la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, informaba del resultado del estudio Inmigración y vivienda en España: la mitad de los inmigrantes viven bajo el régimen de subarriendo que significa, lisa y llanamente, que viven amontonados en casas compartidas en una habitación y con derecho a cocina. Un 19% se hacinan en menos de 10 metros cuadrados. El salario medio de un inmigrante es de 870 euros y lograr el ‘privilegio’ de esclavizarse con una hipoteca para comprar vivienda propia sólo está al alcance del 15% de los inmigrantes. Los obreros españoles jubilados ya, o que rondan la jubilación, saben bien qué significan esas cifras: las sufrieron en carne propia cuando tuvieron que emigrar masivamente al extranjero o a otras regiones dentro de la Península. Algunos de ellos forman ahora parte de la exigua ‘aristocracia obrera’... destinada, posiblemente, a volver a condiciones fronterizas con la pobreza en la jubilación. ¿Sólo los trabajadores inmigrantes están sujetos a estas condiciones? No, un estudio semejante de las condiciones de vida y de salario de los jóvenes obreros o estudiantes que hayan tenido la valentía de comenzar un vida propia e independiente arrojaría datos semejantes... si no peores. El último informe Foessa sobre la pobreza ofrecía esta conclusión al respecto: “Buena parte del deterioro de la situación de los jóvenes tiene su origen en problemas de inserción. Nunca como en la primera mitad de los noventa, los jóvenes han tenido un nivel educativo tan alto, sin que esto haya impedido que su tasa de paro creciera hasta alcanzar sus niveles máximos [...] Para los que consiguen encontrar una ocupación, el principal problema es la insuficiencia de sus ingresos, con un salario medio de los jóvenes en el sector privado que únicamente supone el 60% del salario medio del total de asalariados.”[78]
“...el grado de
desigualdad en la distribución de la renta observado en dieciséis áreas urbanas
estudiadas es muy grande: mientras tan sólo un 10% de las familias acumulan el
40% de la renta, un 21,6% de las familias, las más pobres, tan sólo disponen de
un 6,9% del total de ingresos.”[79].
Esto lo escribían los autores de un estudio de Cáritas realizado en 1984 y que
cifró el número absoluto de pobres en ocho millones. El Gobierno de Felipe
González se negó a subvencionar el estudio acusándolo de ‘sesgado’. ¡Bajo la
España ‘socialista’ no podían haber tantos pobres! J. A. Alonso, comentado
datos de la UE, afirmaba este año: “Tanto si se acude a la relación entre el
20% más rico y el 20% más pobre (el primero tiene 5,3 veces la renta del
segundo) como si se apela [... al] índice Gini (32%) se observa que España se
encuentra en el grupo de países con mayor desigualdad de la UE, con tasas
superiores a la media comunitaria.”[80];
por su parte, en la mismas páginas, Silverio Agea, secretario general de
Cáritas España no quería volver al 84 pero, partiendo del estudio de Cáritas de
1998 y contrastándolo con los datos del INE constataba, después de reconocer
que entre los setenta, ochenta y primeros noventa se produjo una tendencia a la
baja en la tasa de pobreza, que “con la actual distribución de renta y de otros
bienes se está consolidando un rejuvenecimiento de la pobreza y un sector
social de personas a quienes la Unión Europea denomina ‘trabajadores pobres’.”
(s.n.) El último informe Foessa sobre la pobreza en España arrojaba los mismos
resultados: “Especialmente llamativo es el hecho de que un segmento de los
ocupados no disponga de un nivel de ingresos suficientes para traspasar el
umbral de la pobreza. Tal realidad constituye un reto para la sociedad
española, condicionada hasta ahora por la falta de respuestas de la política económica
y social. La desigualdad salarial, la incidencia del empleo de bajos salarios y
el problema de los trabajadores pobres forman parte de una misma secuencia,”[81]
No es una realidad que afecte únicamente al proletariado en España sino al
proletariado de los países imperialistas en general: los Estados Unidos son una
buena muestra de ello.[82]
LA ACTUAL CORRELACIÓN DE FUERZAS EXIGE REDOBLAR LOS ESFUERZOS DE LOS OBREROS Y OBRERAS CONSCIENTES POR CONSTRUIR UN PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO
Entre el 3 y el 5 de marzo, el PP
realizó una Convención en el Palacio de Congresos de Madrid en la que reunió a
un buen nutrido número de militantes y cuadros partidarios con un claro
propósito de movilización. La Convención, montada al estilo norteamericano y
anunciada a bombo y platillo por todos los medios de comunicación de la
burguesía, pretendía recoger los frutos de las manifestaciones en la calle, que
la habían precedido, y preparar a la base social y organitzativa, sobre la que
se apoyan los más de nueve millones de votos recogidos por este partido en las
últimas elecciones generales. Por otra parte, se trataba de consolidar las
filas de un partido que ha podido superar, hasta el momento, el golpe de la
pérdida del Gobierno central sin divisiones internas significativas y
recomponiendo algunas direcciones ‘regionales’ sometidas a constantes
divisiones como (siendo un paradigma) la del PP gallego o la del PP valenciano;
en cuanto a la dirección del PP catalán, sujeta al dictado españolista de la
dirección central del partido, la Convención sirvió para que, una vez más, esta
dirección catalana (con Piqué a la cabeza) aceptará el sacrificio de sus cada
vez más escasas posibilidades electorales en aras de la lucha por la conquista
del Gobierno del Estado español. Piqué de nuevo cerró filas con la dirección de
Rajoy y negó la evidencia al contestar, el 4 de marzo y en plena Convención, a
un periodista que, en su partido, nadie a renunciado a Cataluña; parte de la
entrevista es ilustrativa: “P.¿El PP nacional está renunciando a Cataluña?; R.
Si alguien cree que para gobernar España es necesario renunciar a Cataluña
comete un error; P. ¿Nadie lo piensa en su partido?; R. No me lo han dicho.”[83]
La Convención del PP insistió en
su discurso nacional-populista, al que llaman ‘de centro reformista’,
machacando con España, España y España, de modo que: “Nunca bajamos la cabeza.
Nunca doblamos la rodilla ni la doblaremos [...] cada vez somos más los que
estamos dispuestos a salir a la calle a decir que España y la Constitución son
sinónimos de libertad”[84].
Los representantes políticos directos de la burguesía española dejaron bien
claras dos conclusiones que se desprenden de sus discursos: que para gobernar
el Estado español hace falta Cataluña (y para eso está CiU) y que el
nacionalismo español es más fuerte en votos que el catalán. Las propuestas más
concretas de esta Convención, que se arropó con la bandera de las anteriores
constituciones burguesas españolas (empezando por la de Cádiz de 1812) y se
coronó con la apropiación de la de 1978, fueron... la derogación del artículo
150.2 (sí, el que permite transferencias del estado a las autonomías) y la
revisión del 149 (sí, el que detalla las competencias exclusivas del estado
español) para hacerlo más extenso y detallado y la ampliación a dos tercios de
la mayoría mínima necesaria en las Cortes Generales para modificar los
Estatutos de autonomía. La Convención también aprobó proponerle al Gobierno, sí
al de Zapatero, un pacto de estado para impulsar las centrales nucleares.
La Convenció aprobó el documento Ideario
del PP en el que se dice que este partido asume “con orgullo la tradición
liberal que arranca de las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812”. Esta
Constitución le merece el siguiente comentario al experto constitucionalista E.
Sánchez: “Respecto a los derechos fundamentales de la persona, la Constitución
de 1812, es muy limitada.”[85].
Por cierto que en esta constitución, a parte de negar el derecho de ciudadanía
a los habitantes de las colonias, la elección de los diputados era indirecta,
el poder ejecutivo lo detentaba el Rey, y la libertad religiosa quedaba
prohibida por completo: “La religión de la Nación española es y será
perpetuamente la católica, apostólica romana, única verdadera. La Nación la
protege por Leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra”
sentenciaba su artículo 12.
Los recursos sociales,
organizativos y monetarios de la base social y organizativa que está detrás del
PP le han permitido sacar a la calle a millares de personas en el pasado año:
los 30.000 manifestantes que sacó a la calle el 22 de enero (convocaba su
organización Asociación de Víctimas del Terrorismo) para atacar al Gobierno
Zapatero (supuestamente para rendir homenaje a las víctimas del terrorismo de
ETA, sólo a éstas); de nuevo convocando a través de su organización AVT, el 4
de junio reunió en las calles de Madrid a más de 200.000 manifestantes contra
el País Vasco (supuestamente para protestar por la resolución del Congreso
sobre el ‘dialogo’ con ETA); a los pocos días, el 11 de junio, casi llegó a
reunir a 30.000 personas para manifestarse en Madrid a favor del expolio
franquista (supuestamente en defensa del Archivo de Salamanca... por cierto
que, al final, algunos documentos de este archivo fueron entregados a la
Generalitat catalana y el Ayuntamiento de Salamanca, gobernado por el PP, dio
un nombre realmente correcto a la calle del Archivo... decidió rotularla como
Calle del Expolio); la manifestación contra la libertad afectiva de las
personas (contra los matrimonios homosexuales), el 18 de junio, reunió en
Madrid a más de 150.000 manifestantes, esta vez la organización internacional
Iglesia Católica puso a sus cardenales y a las subvenciones que recibe del
estado español a trabajar para asegurar la convocatoria; la concentración de
pequeños burgueses agricultores que convocó en Murcia el 14 de julio, según la
Delegación de Gobierno esta vez fueron 75.000 los participantes; la
manifestación a favor del monopolio ideológico y educativo de la Iglesia
Católica (supuestamente contra la LOE), en esta ocasión fue la organización que
la Iglesia Católica y el PP se reparten (Confederación de Padres Católicos)
quien convocó y el PP y la Iglesia Católica quienes, de nuevo, pusieron todos
los recursos económicos que reciben del estado al servicio del trasiego de
autocares, bocadillos, jarana y más entretenimientos para los menores
trasladados a punta de talonario paterno, la delegación de Gobierno cifró la
asistencia en 400.000... el PP (que ha pasado de una progresión aritmética a
una geométrica en el cálculo de los participantes) en ¡dos millones!; los más
40.000 militantes que reunió en la Puerta del Sol el 3 de diciembre en una
manifestación contra Cataluña (supuestamente a favor de la Constitución... de
1978), esta vez el PP hizo afirmar al Gobierno de la Comunidad de Madrid que
habían asistido ¡200.000!. Ya en este año, la organización del PP, AVT, convocó
de nuevo una manifestación en Madrid contra el derecho de autodeterminación de
la población del País Vasco (supuestamente contra la ‘negociación’ de Zapatero
con ETA), en este caso se manifestaron alrededor de 180.000 españoles traídos
de todos los confines de la Península... según el PP (por boca de la AVT)
¡1.700.000!
Es evidente que el PP, la Iglesia
Católica y las organizaciones de ambos, han exagerado las cifras de
movilizados. Pero también es cierto que han logrado sacar a la calle a un
repetido pero nutrido número de militantes y, con ello, insuflar moral entre
las filas de la burguesía que ve como es capaz de detentar el estado y el
Gobierno (aunque tenga que hacerlo a través del PSOE ahora) y, también, lanzar
a las masas a la calle.
El 31 de enero, el PP comenzaba
una campaña que servirá para mantener movilizadas a sus bases: la campaña de
recogida de firmas para celebrar un referéndum contra los derechos de la
población catalana. Desde diversos sectores ‘progresistas’ y nacionalistas
catalanes se ha cuestionado la legalidad de tal iniciativa y se ha
menospreciado el significado de esta táctica de movilización. Pero con ella el
PP no pretende, en primer lugar, respetar la legalidad constitucional de la que
la burguesía, y sus representantes políticos (directos o indirectos), siempre
está en condiciones de hacer un uso correcto o saltársela a la torera y, en
segundo lugar, para el PP no se trata de grandes movilizaciones sino de
mantener viva la llama del nacionalismo español que tan buenos resultados le da
electoralmente y en la cohesión de sus propias filas.
El
PSOE, se esconde tras el Gobierno al servicio de la burguesía y se niega a
movilizar a su base social...
Por su parte el PSOE ha rehuido en
todo momento la convocatoria de manifestaciones, parecería lógico en un partido
que está en el Gobierno. Y lo es puesto que la acción del Gobierno sólo
cosméticamente está dirigida a favorecer a los sectores sociales que le auparon
al poder. Una convocatoria en la calle, por tanto, fácilmente escaparía al
control de los dirigentes socialdemócratas y se convertiría en una respuesta
masiva a las movilizaciones del PP y, en consecuencia, cuestionaría toda la
política proburguesa realizada por el Gobierno y la socialdemocracia. Esto lo
saben bien tanto los dirigentes del PSOE como los de IU-PCE... como los del
PSC-PSOE. Aquí radica la explicación del ‘buen talante’, de responder a la
presión en la calle del PP con actos partidarios realizados entre cuatro muros.
El 29 de diciembre Zapatero viajó
a Cádiz para adelantarse a Rajoy en la defensa del nacionalismo español. Lo que
antes la socialdemocracia llamaba ‘patriotismo constitucionalista’ ahora se ha
visto obligada a reconvertirlo en ‘patriotismo social’. Así lo expresó Zapatero
ante los 500 militantes reunidos en un almuerzo en Cádiz. Después de
reivindicar la labor gubernamental como una labor de “patriotismo social”,
concretó qué tipo de patriotismo es este patriotismo social: “Debemos tener
gran confianza en nuestro proyecto, en nuestra acción en nuestro partido y, lo
que es aún más importante, con gran confianza en España.” (s.n.) El 5 de
marzo los dirigentes del PSOE trataron de contrarrestar la Convención del PP
con un mitin en la Feria de Muestras de Valladolid, el mitin reunió a 4.000
militantes. El último ejemplo de esta táctica de cohesión partidaria y
exclusión de las masas lo ofreció la socialdemocracia en Alicante el 17 de
marzo: reunió a unos dos mil militantes y simpatizantes en el polideportivo
Ciudad Jardín.
...
por tanto: ¿El poder desgasta sólo a quien no lo tiene?
Es famosa la frase de que el poder
a quien realmente desgasta no es a quien lo tiene sino a quien no lo tiene.
Pero cuando el poder se ejerce en contra de la base social que ha sustentado la
llegada al poder, a quien desgasta es a quien detenta este poder; y es que, en
realidad, este poder lo detenta indirectamente la socialdemocracia pues lo
ejerce en nombre la burguesía infiltrada en sus filas hasta el tuétano.
El PSOE ha sufrido más amagos de
crisis internas que el PP como fruto del papel que debe ejercer en el Gobierno.
Fueron las masas catalanas y las andaluzas las determinantes, a nivel de los
distritos electorales, para el triunfo del PSOE en las pasadas elecciones generales.
De aquí las fricciones entre el PSC-PSOE, Maragall, y el PSOE; de aquí la
necesidad de llamadas al orden continuamente que la dirección socialdemócrata
necesita dirigir a Ibarra y, en menor medida, a Chaves; de aquí las amenazas
continuas de Ibarra y, en menor medida, de Chaves. La base social de la
socialdemocracia española ha sido contaminada por ésta por el nacionalismo
español y, en ausencia de un cauce para expresar las reales necesidades de la
clase trabajadora, los conflictos internos del PSOE se centran sobre la
cuestión nacional... española. La socialdemocracia de Felipe González tuvo que
lidiar aún con las grietas por las que se colaba la necesidad de usarla por
parte de los trabajadores, la de Zapatero parece haber escapado a este peligro.
En la huída se está dejando a buena parte de su base electoral. ¿Podrá
recuperar parte de esta base y ganar al resto de partidos ese sector de la
población denominado ‘de centro’? Los ritmos que adquiera la futura crisis
económica, o ‘desaceleración profunda’ según los economistas burgueses, serán
determinantes en última instancia. La reacción defensiva espontánea de la clase
obrera ante los nuevos ataques que la burguesía prepara, para evitar que la
próxima crisis económica la hunda definitivamente, será también determinante; y
lo será en última instancia en la medida en que el proletariado logre dotarse
de organismo de autoorganización y construir un partido revolucionario. El
resultado de la negociación con ETA, la claudicación de las organizaciones pequeño
burgueses nacionalistas catalanas y vascas en la lucha por la
autodeterminación, será determinante también, y sobretodo, en la medida en que
el proletariado no sea capaz de articular su propia alternativa.
La
patronal y los aparatos de estado al servicio de la ofensiva burguesa
El año pasado la CEOE hizo frente
común con el PP en su ofensiva anticatalana hasta el punto de apoyar, con su
silencio y tras la bambalinas, el boicot a los ‘productos catalanes’ lanzado
por la dirección del PP. Fomento del Trabajo, patronal catalana con mayor
tradición que la CEOE (¡recuérdese la época del pistolerismo amarillo en
Barcelona!), tuvo que sufrir este ataque proveniente de sus propias filas.
Rosell, presidente de Fomento, hizo amagos en diciembre de presentarse como
candidato a la presidencia de la CEOE. Al final no presentó su candidatura. Las
declaraciones recientes de Cuevas, presidente reelegido de la CEOE, contra la
OPA de la ‘catalana’ Gas Natural y contra los empresarios catalanes, no
retumbaron, pues, en un cielo tranquilo, el tono despectivo de la definición de
la OPA como “muy a la catalana, con poco dinero y con el BOE” llevaba tiempo
incubándose en Cuevas. De todos modos, tanto Fomento como CECOT, patronal industrial
también catalana adscrita a la CEOE, no han roto la disciplina de la gran
patronal española CEOE. Exigieron rectificaciones que no se hicieron y siguen
dentro de la organización madre.
En los primeros días de este mes,
Cuevas cargó contra los empresarios vascos (organizados en la Confebask, que
forma parte de la CEOE) al mismo tiempo que contra la política de Zapatero,
“este disparate en el que estamos metidos de la búsqueda de la paz”, según
palabras de Cuevas. En cuanto a los empresarios vascos su propuesta llegó a ser
de retirarles cualquier apoyo. Es decir: les enseñó la puerta de salida si no
se plegaban a las directrices del gran capital español, representado tanto el
Confebask como en su organización madre la CEOE. La Confebask se quejó, se lamentó,
no se reunió con el ministro del Interior como tenía acordado y pidió al
Circulo de Empresarios Vascos (que agrupa al gran capital ‘vasco’) que pasará
de puntillas sobre la disputa... y permanece dentro de la CEOE con Cuevas como
presidente.
La Confederación Española de Cajas
de Ahorro (CECA) mantiene su litigio con la Asociación Española de Banca (AEB),
ésta asociación no cesa de hostigar a la CECA ya que desea comerse un pastel
tan importante como son las Cajas de Ahorros.
Los empresarios agricultores,
ganaderos y los pequeños y medianos campesinos se organizan mayoritariamente en
la UPA, la COAG y Asaja. Tras las movilizaciones y locaut patronales del pasado
mes de noviembre, y el acuerdo posterior de UPA y COAG (Asaja no lo quiso
firmar) con el Gobierno, se desató una enconada polémica entre UPA y COAG, por
una parte, y Asaja (que firmó acuerdos peores con el Gobierno del Sr Aznar),
por la otra. En este mes es la COAG la que ha tenido que postergar las
divisiones internas hasta las próximas elecciones a Cámaras Agrarias en
Castilla y León y en Cataluña. Pero la escisión dentro de la Coordinadora de
Organizaciones de Agricultores y Ganaderos parece que se producirá. Las
implicadas: la Unión de Campesinos de Castilla y León y la Unió de Pagesos de
Catalunya y la del País Valencià.
Arriba hemos visto como el
ejército continúa haciendo funcionar bien sus mecanismos progolpistas y como el
Gobierno los consiente. Todo ello en el 25 aniversario del golpe semifracasado
de Tejero. La trama golpista continúa engordando sus cuentas corrientes sin que
nadie se lo impida; la trama golpista sabe muy bien que nunca será castigada
por el estado burgués de la monarquía borbónica, estado a favor del cual
tramaron, realizaron y vuelven a tramar posibles, y necesarios, golpes de
estado.
La Conferencia Episcopal cocina en
sus marmitas nuevas declaraciones contra el derecho de autodeterminación,
contra las libertades personales y a favor de la reacción. La Conferencia
Episcopal reúne los fondos necesarios, que tan graciosamente le entrega el
estado burgués a cuenta de los bolsillos de la clase obrera, para organizar
nuevas movilizaciones en el marco de la ofensiva burguesa.
En cuanto a la judicatura hay que
tener en cuenta el golpe de mano contra el Gobierno y la mayoría parlamentaria
que dio Francisco Hernando, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo
General del Poder Judicial, cuando el pasado 7 de marzo se negó a comparecer
ante la Comisión de Justicia del Congreso.
En 1952 se publicaba el primer
número de Ekin como medio de expresión de un grupo de estudiantes
bilbaínos de las juventudes del Partido Nacionalista Vasco; este grupo de
jóvenes es expulsado de las juventudes del conservador partido burgués PNV en
1957. Durante cinco años, los jóvenes burgueses que publicaban Ekin
conviven con sus padres burgueses en el mismo partido nacionalista reaccionario
que fundó Sabino Arana en 1894. En mayo de 1962 se realiza la I Asamblea de
ETA. El documento aprobado en aquella primera asamblea aún no daba suficientes
pistas sobre el detonante social del nacimiento de ETA, pero todas sobre su
naturaleza de organización pequeño burguesa radical. Los Principios
aprobados en la I Asamblea lo dejaban bien claro: “Euskadi Ta Askatasuna (ETA)
es un Movimiento Revolucionario Vasco de Liberación Nacional, creado en la
resistencia patriótica [...] La libertad de Euskadi no constituye para ETA el
interés supremo, sino el único medio realista de desarrollo y vigorización de
la Nación Vasca en todos su ámbitos.”[86]
En el mismo documento se especificaba qué propugnaba ETA para Euskadi: “El
establecimiento de un régimen democrático e inequívocamente representativo,
tanto en el sentido político como en el social-económico y en el cultural, en
orden a actualizar en todo momento, los valores positivos del Pueblo Vasco. La
garantía cierta y efectiva de los Derechos del Hombre: libertad de expresión,
libertad de reunión, libertad de sindicación, libertad de práctica de cultos y
credos religiosos, etc., siempre que éstos no vengan a constituir un
instrumento, bien sea destinado a atentar contra la soberanía de Euskadi, a
implantar en ella un régimen dictatorial (sea fascista o comunista)..”, y, más
adelante, concretaba qué entendía por la democracia en el sentido
“social-económico”: “La desaparición del liberalismo económico como sistema
base de la futura economía vasca, [y, tras hablar sobre la socialización de los
recursos e industrias básicos, con especial derivación hacia la formación de
cooperativas, pasaba a concretar exactamente en qué debía consistir esta
‘socialización’] El reconocimiento de la primacía del Trabajo sobre el Capital,
como norma rectora. La calificación del Trabajo y del capital (tanto privado
como público) como elementos integrantes de la Empresa, en cuya cogestión y
beneficios participarán proporcional y correspondientemente”. Todo un programa
utópico reaccionario de cogestión de la empresa entre los obreros y los
capitalistas; la versión radical de la rama cristiana del movimiento
cooperativista. Por fin, en el documento se especificaban las tácticas de
unidad con otras organizaciones que perseguía ETA: “ETA desea colaborar
estrechamente con las fuerzas, partidos u organizaciones patrióticas vascas.
Colaborará asimismo con cuantas organizaciones o fuerzas traten de contribuir
en la lucha contra la situación de avasallamiento que hoy padece el Pueblo
Vasco.”[87]
Los sectores nacionalistas, “patrióticos”, de la sociedad debían dirigir al
resto de sectores sociales que quisieran acompañarles en la lucha. ETA nacía
construyendo sus cimientos no al margen de la lucha de clases, que fue la
espoleta que disparó su nacimiento, sino para reconducir esta lucha de clases
por el camino de la liberación “patriótica”. El Frente Único Antiimperialista
pero propiciado desde el principio por la burguesía. La degeneración del
estalinismo, versión pensamiento Mao Tse-Tung, iba a prestar buenas apoyaturas
‘teóricas’ de allí en adelante a los nacionalistas pequeño burgueses radicales
vascos.
Así fue, en la II Asamblea: “La
difusión de las obras de Mao Tse-Tung y en particular del ensayo El problema
de la independencia y de la autodeterminación en el frente único [...] hace
reflexionar a algunos dirigentes. Esta reflexión interna lleva a ETA a definirse
socialista.”[88]. Y, ya como
producto de su III Asamblea de 1964, en el documento Carta abierta de ETA a
los intelectuales vascos, perfilaría su táctica reformista dentro del
respeto al capitalismo ‘democrático’: “Nosotros, vascos, tenemos la obligación
de construir una sociedad que solucione nuestros problemas y al mismo tiempo
pueda aportar algo al concurso de los pueblos; para eso necesitamos primero
hacernos con un AUTOGOBIERNO NACIONAL. Autogobierno, es decir, ser
nosotros mismos quienes decidamos nuestro destino, y no poderes extranjeros;
nacional, es decir, de TODOS LOS VASCOS, [...] Resumiendo: INDEPENDENCIA Y
REUNIFICACIÓN NACIONAL.”[89]
Este documento no podía quitarse de encima la rémora democratacristiana,
afirmaba en una de sus partes: “Al igual que consideramos a la familia como
célula base de un pueblo, éste debe ser, creemos, el componente básico de la
comunidad supranacional al que el hombre debe aspirar como medio ideal..”, es
decir, al internacionalismo a través de la familia burguesa. Todas las
pinceladas de ‘socialismo’ que el documento contenía no podían evitar que la
naturaleza burguesa de ETA superase de él línea tras línea.
ETA ha sufrido muchas escisiones
desde entonces, ha producido mucha literatura de ‘izquierda abertxale’, pero
todas sus recomposiciones políticas tras las crisis padecidas, a causa de la
represión del nacionalismo español y francés o a causa de las tensiones
internas que traducían la lucha de clases, han acabado bebiendo en la fuente de
sus orígenes, en las raíces burguesas de esta organización. Los revolucionarios
siempre hemos defendido a los luchadores nacionalistas vascos de la represión
del nacionalismo burgués español o francés; estamos, pues, más que autorizados
para señalarle a la clase obrera del País Vasco (y con ella a su juventud) las
raíces que han convertido su lucha en defensa del derecho a la
autodeterminación en una lucha impotente. Ahora, que con el alto el fuego se
abre un nuevo período de recomposición política en el País Vasco, es prioritario que enfrentemos un balance
clarificador. Los obreros revolucionarios estamos realmente interesados
en que el derecho de autodeterminación pueda ser ejercido por todo pueblo
oprimido, por ello estamos, también, obligados a señalar todos los obstáculos
que la burguesía, o la pequeña burguesía radical, levanta contra el pleno
ejercicio de este derecho. Y el principal obstáculo que ETA, y HB, levantan en
este camino no es ‘militar’ (el terrorismo) sino político; es la supeditación a
sus orígenes burgueses, es su política nacionalista. El proletariado no tiene
patria, tampoco el vasco. Pero, por eso mismo, únicamente el proletariado,
mediante la expropiación del capital y la constitución de un gobierno obrero,
puede garantizar el ejercicio pleno de las libertades (entre ellas el derecho
de autodeterminación).
¿Por qué afirmamos que el
comunicado de ETA es una ‘vuelta a los orígenes’? Hemos citado ya algunos
textos de los orígenes. Veamos los de los dos comunicados. “ETA muestra su
deseo y voluntad de que el proceso abierto llegue hasta el final, y así
conseguir una verdadera situación democrática para Euskal herria, superando el
conflicto de largos años y construyendo una paz basada en la justicia. [...] La
superación del conflicto, aquí y ahora, es posible.”[90]
Y en el segundo, concreta cómo impulsar el proceso democrático dentro del marco
de la Monarquía y del estado burgués español: “El objetivo de esta decisión es
impulsar un proceso democrático en Euskal herria para que mediante el diálogo,
la negociación y el acuerdo, el Pueblo Vasco pueda realizar el cambio político
que necesita.”, y, también, quiénes van a ser los actores de este cambio: “ETA
considera que corresponde a todos los agentes vascos desarrollar ese
proceso y adoptar los acuerdos correspondientes al futuro de Euskal Herria,
teniendo en cuenta su pluralidad y totalidad.”[91]
(s.n.) La clase obrera tal vez sea uno de esos ‘agentes’ pero seguro que no es
el que debe dirigir esta solución según ETA. Con su comunicado de rendición, la
organización ETA vuelve a demostrar que es un obstáculo en el camino de la
lucha de clases, único camino que, con su enfrentamiento de clase contra clase,
garantizará la autodeterminación de la población del País Vasco.
Pero también es importante avanzar
hacia un balance de un aspecto de las posiciones ‘políticas-económicas’ que ETA
ha propiciado. Ya hemos visto su posición deudora del movimiento cooperativista
de corte democratacristiano. En este aspecto mucho se ha andado en el País
Vasco en cuanto al movimiento cooperativista. Y, por ello, es un buen ejemplo
de los aspectos positivos de este movimiento y de sus límites bajo el dominio
del capitalismo. El Grupo Mondragón, con su conversión en grupo económico
imperialista, representa el paradigma de la tendencia del cooperativismo bajo el
imperialismo que señalaba hace ya más de un siglo Rosa Luxemburgo: “Las
cooperativas, especialmente las cooperativas de producción, constituyen un híbrido
en el seno de la economía capitalista, son pequeñas unidades de producción
socializada dentro de la distribución capitalista. Pero en la economía
capitalista la distribución domina la producción y, debido a la competencia, la
completa dominación del proceso de producción por los intereses del capital
--es decir, la explotación más despiadada-- se convierte en una condición
imprescindible para la supervivencia de una empresa. Esto se manifiesta en la
necesidad de, en razón de las exigencias del mercado, intensificar todo lo
posible los ritmos de trabajo, alargar o acortar la jornada laboral, necesitar
más mano de obra o ponerla en la calle..., en una palabra, practicar todos los
métodos ya conocidos que hacen competitiva a una empresa capitalista. Y al
desempeñar el papel de empresario, los trabajadores de la cooperativa se ven en
la contradicción de tener que regirse con toda la severidad propia de una
empresa incluso contra sí mismos, contradicción que acaba hundiendo la
cooperativa de producción, que o bien se convierte en una empresa capitalista
normal o bien, si los intereses de los obreros predominan, se disuelve.”[92]
El cooperativismo vasco, con alguna excepción, hunde sus raíces en la propiedad
privada burguesa, la mantiene e incluso es capaz de llevarla pareja a la marcha
del capitalismo en su fase imperialista.
La
clase obrera y las masas: dispersión de las movilizaciones, las direcciones de
las organizaciones sindicales y obrero-burguesas cortan continuamente el camino
hacia la generalización
“España es el tercer país
desarrollado que más jornadas de trabajo perdió como consecuencia de conflictos
laborales en la última década, según los datos que publica el semanario
británico The Economist.”[93]
El comentario hace referencia a la estadística de huelgas elaborada por el The
Economist hasta el 2004. Desde 1995 hasta 2004, los trabajadores españoles
no rehuyeron la participación en huelgas; pusieron de su parte todo el
sacrificio para intentar revertir la correlación de fuerzas que la ofensiva
burguesa estaba estableciendo. Si no se logró no fue, pues, a causa de una pérdida
de ‘conciencia’ de la clase; si no se logró no fue, pues, a causa de un
supuesta atonía por parte de los trabajadores. Cuando una clase se coloca en el
tercer lugar por cantidad de movilizaciones y huelgas en los países
desarrollados, ninguna excusa le cabe a las direcciones sindicales y políticas
de esa clase. Toda la responsabilidad del esfuerzo malgastado recae sobre las
burocracias que han controlado los aparatos sindicales y los de los partidos
que los obreros construyeron para defender sus intereses (el PSOE y el
PCE).
En numerosas fábricas, en
numerosos tajos, se han producido enfrentamientos con la patronal, huelgas
parciales para frenar reducciones de plantilla, para protestar contra los
accidentes laborales, lograr aumentos salariales para contrarrestar la pérdida
del poder adquisitivo, tratar de ejercer una acción solidaria con otros
compañeros y compañeras. Sin embargo todo este esfuerzo disperso no se ha
plasmado en ninguna huelga general, que realmente mereciese este nombre, sino
en ‘jornadas de lucha’ aisladas, ‘paros generales’ de, como máximo, un día.
Esta es la impronta que la maquinaria burocrática sindical y política ha
producido en la imprenta en la que escribe sus traiciones a la clase obrera.
El resultado electoral del 14-M lo
detonó la doble provocación de un atentado masivo antiobrero y de su
manipulación informativa por el PP, pero los fundamentos de la derrota del
partido burgués en el poder, el PP, los construyó la clase trabajadora y su
juventud en las huelgas parciales, que trataban objetivamente de romper el
aislamiento y desgaste impuesto por la burocracia, y en las movilizaciones en
la calle. La serie histórica de datos del The Economist acaba en el
2004, pues bien: “Durante 2004 se registraron en España un total de 707 huelgas
en las que se acumularon la segunda mayor cantidad de jornadas no trabajadas
desde, por lo menos, 1995, año en el que comienza la serie histórica.”[94]
Como decíamos en estas mismas páginas: “Movilizaciones no han faltado para que
estos partidos [PSOE y PCE] tuvieran la oportunidad de centralizarlas y
dirigirlas contra el objetivo prioritario que las masas marcaban.”[95]
El endeudamiento de los obreros
crece cada día más, los salarios reales bajan constantemente, y sólo a base de
horas extras pueden los obreros compensar esta bajada, pero la clase obrera no
logra generalizar una reacción defensiva (apoyándose en un nivel de ocupación
que no se veía desde hace décadas) ante la ofensiva contra sus condiciones
salariales y de trabajo. La enorme fragmentación a que se ve sometida la clase
obrera en el Estado español, como resultado de la proliferación de
subcontratas, contratos en precario, asalarización encubierta bajo la forma de
trabajador autónomo, explican en parte este fenómeno. Pero, bajo el Gobierno de
Zapatero, la decisión de lucha de la clase no ha decaído; de nuevo toda la
responsabilidad recae sobre las cúpulas sindicales y políticas. Una y otra vez
las direcciones sindicales logran aislar y cortar los atisbos de generalización
de las huelgas y de las movilizaciones. Los datos que suministra la CEOE
demuestran que la capacidad de sacrificio y las ganas de luchar no han decaído
entre las masas.
Estadística de huelgas, trabajadores en huelga y
horas de huelga de los sectores industriales
(datos totales sin tener en cuenta los que
afectan a los funcionarios, servicios públicos y conflictos “extralaborales”) [96]
|
|
2004 |
2005 |
Enero 2006 |
enero 2005 sobre mismo período 2004 |
|
Número de huelgas |
295 |
837 |
108 |
+ 66,1 % |
|
Trabajadores en huelga |
157.130 |
116.881 |
7494 |
+ 49,6 % |
|
Horas de huelga |
9.003.001 |
9.861.942 |
760.656 |
-17,3 % |
|
|
2005 |
Variación respecto al 2004 |
|
Número de huelgas |
1.061 |
+ 122,4 % |
|
Trabajadores en huelga |
304.772 |
+ 18,55 % |
|
Horas de huelga |
26.051.888 |
+ 34,8 % |
Estadística de huelgas,
trabajadores en huelga y horas de huelga en 2005 [97]
En cuanto al contenido de los
objetivos concretos e inmediatos de estas huelgas, durante el 2005: “En demanda
de incrementos salariales se produjeron 165 huelgas, con 9.261 implicados y
650.088 horas no trabajadas, mientras que por el pago de salarios atrasados
hubo 61 conflictos y para protestar contra la tramitación de expedientes de
regulación de empleo, 138”[98]
Durante el mes de enero de este año: “En demanda de
incrementos salariales se registraron 20 paros, con 847 huelguistas y 62.656
horas no trabajadas. Para obtener el abono de salarios atrasados se produjeron
4 conflictos, mientras que otros 22 tenían como finalidad protestar contra la
tramitación de expedientes de regulación de empleo. Por ambos motivos se
perdieron 105.624 horas.”[99]
Las únicas movilizaciones y
manifestaciones masivas recientes que han logrado romper el corsé burocrático,
y poner al orden del día la generalización, lo han hecho sobre el terreno del
nacionalismos catalán, vasco y contra la reducción de plantilla en SEAT o en la
minería, contra la precariedad laboral entre el profesorado y contra la LOE.
Durante el mes de noviembre los trabajadores de SEAT secundaron varias
‘jornadas de lucha’ y se manifestaron en varias ocasiones, el 10 fueron 16.000
los que desfilaron por las calles de Barcelona para oponerse a la reducción de
plantilla. Los profesores, afectados por una alta tasa de temporalidad en sus
contratos, iban a la huelga los días 16 y 17 de noviembre, el 16 más de 10.000
profesores se manifestaban en Madrid. El 8 de noviembre se producían paros y
manifestaciones estudiantiles en todo el Estado español para intentar frenar la
LOE y sacar a la religión de las aulas, en Madrid la manifestación reunió a
12.000 estudiantes y en Barcelona a 15.000. El 17 de noviembre 10.000
estudiantes y profesores se manifestaron Barcelona en defensa de la enseñanza
pública. El 14 de diciembre, sin embargo, la huelga y las manifestaciones
convocadas contra la LOE por el Sindicato de Estudiantes no cosechaban grandes
resultados. El 7 de enero millares de vascos se manifestaron en Bilbao para
exigir el acercamiento de los presos al País Vasco o, lo que es lo mismo, un
trato legalmente igualitario que al resto de presos. El 16 de enero los casi
6.000 estibadores españoles paraban los puertos al igual que lo hacían sus
compañeros europeos en protesta por la liberalización de la estiba y desestiba
que preparaba el Parlamento europeo. El 18 de febrero un millón de catalanes se
manifestaron en las calles de Barcelona reivindicando su derecho a ser una
nación, la manifestación estaba convocada por una plataforma de ciudadanos y
sufrió el boicoteo de CiU, PSC-PSOE. A pesar de ello se convirtió, ésta sí, en
la manifestación más masiva que se ha producido en el Estado español desde las
manifestaciones contra la invasión de Irak. El mismo día, una multitud recorría
las calles de Bilbao para exigir el sobreseimiento del juicio contra el
supuesto ‘entorno’ de ETA. El 3 de marzo en Vitoria miles de trabajadores se
manifestaron a pesar del aplastante control y represión de la Ertzaintza,
estaban convocados por HB y el sindicato LAB para homenajear la memoria de los
cinco obreros asesinados por la policía a las ordenes de Fraga el 3 de marzo de
1976; la manifestación coincidió con la llegada de la noticia de la muerte de
un preso acusado de pertenecer a ETA; al día siguiente los intentos de acudir
al funeral por el preso muerto coincidieron con la llegada de la noticia de la
muerte de otro preso acusado de pertenecer a ETA, la Ertzaintza, que había
montado un dispositivo sin precedentes en Zanturtzi (Vizcaya), logró frenar las
manifestación a base de una dura represión. El 8 de marzo, día de la mujer
trabajadora convertido en día de la mujer, las manifestaciones ‘festivas’ no
lograron reunir a un número significativo de mujeres, la fagocitación por los
representantes políticos, directos e indirectos, de la burguesía de este día, que
conmemora el asesinato de casi un centenar de trabajadoras del textil quemadas
vivas dentro de la fábrica, va haciendo mella en la capacidad de movilización
masiva. El 9 de marzo se desarrolló en el País Vasco una huelga general
convocada por el sindicato LAB y HB. Según datos del sindicato LAB, la huelga
fue secundada en doscientas empresas y centros públicos y alrededor de 25.000
manifestantes salieron a la calle en diversos puntos del País Vasco. El 19 de
marzo casi el 75% de los trabajadores de la cadena de medianas superficies
Champion, perteneciente a Carrefour, secundaba la huelga convocada por UGT y
CCOO contra el convenio estatal firmado por el sindicato amarillo Fetico, el
convenio estatal firmado por Fetico supone más horas de trabajo, mayor disponibilidad
para le empresa, movilidad geográfica y merma de salarios. Cuando cerramos la
redacción de este artículo, las obreras y obreros de Sáez Merino llevan, de
nuevo, varias ‘jornadas’ de protestas y huelgas (ayer 300 obreras y obreros se
manifestaban ante la sede central de la empresa en Valencia) en su intento de
evitar 654 despidos.
Sólo
el proletariado del Estado español pueden solucionar democráticamente el
‘conflicto’ vasco y la ‘cuestión’ catalana y esa es una de sus tareas
Los representantes burgueses del
nacionalismo vasco se llenan la boca con frases sobre la necesidad de buscar
una solución ‘democrática’ al ‘conflicto vasco’. Como hemos visto más arriba y
en números anteriores[100],
la democracia en la que acaban todos estos burgueses y pequeño burgueses tiene
un marco jurídico claro: la monarquía española del Borbón. Es decir, el estado
burgués español cuya finalidad última y principal es gestionar los intereses
del gran capital español imperialista y cuyo cometido inmediato, por tanto, es
asegurar la explotación de los trabajadores. Ante esta realidad es necesario
recordar lo que decía Trotsky: “El derecho a la autodeterminación nacional es,
por supuesto, un principio democrático, no un principio socialista. Pero en
nuestra era el único que apoya y aplica los principios genuinamente
democráticos es el proletariado revolucionario: por esta razón las tareas
democráticas se entrelazan con las socialistas.”[101]
Lenin, en la misma obra ya citada,
afirmaba en sus “Conclusiones”: “Semejante estado de cosas plantea ante el
proletariado de Rusia una tarea doble, o mejor dicho, bilateral: luchar contra
todo nacionalismo y, en primer término, contra el nacionalismo ruso: reconocer
no sólo la completa igualdad de derechos de todas las naciones en general, sino
también la igualdad de derechos respecto a la edificación estatal, es decir, el
derecho de las naciones a la autodeterminación, a la separación; y, al mismo
tiempo y precisamente en interés del éxito en la lucha contra toda clase de nacionalismos
de todas las naciones, propugnar la unidad de la lucha proletaria y de las
organizaciones proletarias, su más íntima fusión en una comunidad
internacional, a despecho de las tendencias burguesas al aislamiento nacional.
Completa igualdad de derechos de
las naciones; derecho de autodeterminación de las naciones; fusión de los
obreros de todas las naciones;...”[102]
Pero hoy en día, cuando estamos
luchando por los Estados Unidos Socialistas de Europa, cuando la burguesía dice
pretender construir la Unión Europea ¿no estará fuera de lugar esta lucha, no
será contraproducente?, esta puede ser una pregunta que dé vueltas en la mente
de muchas obreras y de muchos obreros. El mismo Lenin hace tiempo que respondió
a estas dudas: “La defensa de este derecho [a la autodeterminación], lejos de
fomentar la creación de pequeños Estados, lleva, por el contrario, a la
formación más libre, más audaz y, por tanto, más amplia y extensa de grandes
Estados y de federaciones de Estados, más beneficiosos para las masas y más en
consonancia con el desarrollo económico.”[103]
Las políticas desarrolladas por
las direcciones burguesas y pequeño burguesas de los nacionalismos vasco y
catalán han supuesto llegar al 2006 con la negación del derecho de
autodeterminación más fortalecida que hace décadas. Son un callejón sin salida
para las aspiraciones de las obreras y obreros que, viviendo y trabajando en el
País Vasco o en Cataluña, desean ver sus aspiraciones a ejercer el derecho de
autodeterminación plenamente reconocidas. El Estado burgués español, la
monarquía borbónica, son una cárcel de pueblos cuyas paredes será necesario
derrocar para el pleno ejercicio de este derecho. El ‘practicismo catalán’ y el
‘radicalismo vasco’ desperdician las fuerzas y la rebeldía de la juventud catalana
y vasca, uno por el lado del cretinismo parlamentario y el otro por el del
terrorismo. Sólo el reagrupamiento en torno a un programa revolucionario para
el Estado español, un programa que base la destrucción del Estado burgués
opresor español en la lucha de las masas dirigidas por el proletariado, con el
objetivo de la expropiación del capital y la constitución de un gobierno obrero
que abra la vía a la Federación Ibérica de Repúblicas Socialistas, será capaz
de sacarle el máximo rendimiento (de cara a la construcción de una alternativa
verdaderamente democrática) al espíritu de combate y sacrificio demostrado por
esa juventud, demostrado por la clase obrera.
Es
preciso construir el partido obrero revolucionario capaz de representar los
intereses de la clase obrera
Si la burguesía puede desarrollar
su ofensiva contra las condiciones de vida, de trabajo y salariales de la clase
obrera; si la burguesía puede dictar un futuro de precariedad y deudas para la
juventud; si la burguesía puede movilizar a cientos de miles en la calle; si la
burguesía puede mantener prácticamente intacta a su mejor representación
política directa actual (al Partido Popular), ello sólo puede suceder gracias a
la labor que sus agentes en el seno del movimiento obrero, sus representantes
indirectos en el actual Gobierno del Estado Español, ejercen en contra de los
intereses de la clase que construyó las organizaciones sobre las que, ahora,
esos agentes de la burguesía basan su labor antiobrera. PSOE, IU-PCE, UGT y
CCOO, son organizaciones lo suficientemente potentes como para aplastar a la
burguesía si sus dirigentes establecieran un frente común contra la ofensiva de
la burguesía liderada por el PP, la Iglesia y la CEOE. Pero estos dirigentes
basan su colaboración de clases en una composición social de las dos primeras
organizaciones mayoritariamente ya pequeño burguesa, en el férreo control sobre
las secciones sindicales y en la cogestión, en miniatura, que ejercen los
comités de empresa. Estos dirigentes pueden seguir ejerciendo su papel de
agentes de la burguesía en el seno del movimiento obrero a causa de que falta
una alternativa revolucionaria organizada a nivel estatal. La Cuarta
Internacional quebró como alternativa revolucionaria, internacionalmente y en
el Estado español, la diáspora de grupúsculos que produjo (entre los que cabe
contar al Grupo Germinal) está aislada y no emprende iniciativas encaminadas a
reagrupar fuerzas en torno a un programa revolucionario para el Estado español.
Un programa de este tipo no puede ser, en la época del imperialismo, más que un
programa internacionalista. El Grupo Germinal, consciente de ello, se integró
en el Colectivo Revolución Permanente; colectivo internacional, débil pero que,
poco a poco, va logrando avanzar en el reagrupamiento internacional. Colectivo
débil pero que, también poco a poco a causa de sus escasas fuerzas, logra ir
cohesionando toda una serie de propuestas revolucionarias.
Es preciso que todos los
militantes revolucionarios del Estado español, y entre ellos los primeros los
militantes y simpatizantes del Grupo Germinal – Colectivo Revolución
Permanente, enfrentemos sincera, leal y decididamente, la tarea de la discusión
de un programa revolucionario para el Estado español, la tarea del
reagrupamiento internacional. El Grupo Germinal comenzará este año un proceso
de discusión de un Programa de Acción para el Estado español, ésta será una
buena oportunidad para que todos aquellos que están de acuerdo en que es
necesario construir un verdadero partido revolucionario en el Estado español,
partido integrado en una lucha por la construcción de la internacional obrera
revolucionaria, puedan plasmar sus
deseos en forma de participación en este proceso.
Ernest Blanc
23 de marzo 2006
[1] El País, 23/3/06 p 16.
[2] El País, 18/12/05, p. 22.
[3] El País, 17/12/05, p. 20
[4] El País, 21/12/05, p. 16
[5] El País, 7/3/06, p. 23
[6] El País, 10/12/05, p. 18
[7] El País, 22/1/06, p. 28
[8] “Haciendo camino.”
[9] El País, 9/3/06, p. 28
[10] El País, 11/3/06, p. 18
[11] El País, 11/2/06, p. 15.
[12] El País, 11/3/06, p. 18
[13] El País, 17/2/06, p. 16.
[14] El País, 18/2/06, p. 15.
[15] El País, 17/2/06 p. 19
[16] Obras escogidas, en tres tomos, Editorial Progreso, Moscú, 1970, pp. 618-619
[17] idem supra, p. 631.
[18] Ver Germinal III, 1, p. 25 y 26.
[19] El País, 27/1/06, p. 16.
[20] El País, 17/1/06, p. 18
[21] El País, 16/1/06, p. 17.
[22] El País, 4/12/05, p. 22.
[23] Art. 57.1
[24] El País, 26/1/06, p 27.
[25] El País, 19/1/06, p. 13
[26] El País, 12/1/06 p. 22
[27] ídem supra
[28] Ver Declaración del Grupo Germinal.
[29] 11/3/06, p. 69
[30] El País-Negocios, 28/2/06, p. 20.
[31] El Economista, 28/2/06, p. 48.
[32] El País, 8/2/06, p. 49
[33] El País, 24/2/06, p. 88
[34] El País, 8/2/06, p. 49.
[35] El Economista, 18/3/06, p. 8.
[36] Datos extraídos de El País-Negocios, 5/3/06, p. 10.
[37] El País-Negocios, 12/3/06, p. 16.
[38] El Economista, 28/2/06, p. 24.
[39] El País, 8/3/06, p. 74.
[40] http://www.concursobolsa.com/noticias/20030109183110/
[41] del 24/12/05, pp 5-8, el Barómetro se hace sobre una muestra de 293 empresas con una facturación conjunta que supera el billón de euros y que emplean a más 890.000 trabajadores.
[42] Beneficios antes de Impuestos.
[43] El País, 2/3/06, p. 62
[44] El País, 15/2/06, p. 49
[45] El País-Negocios, 26/2/06, p. 17.
[46] El País- Negocios, 15/1/06, p. 20.
[47] El País-Negocios , 19/2/06, p. 21
[48] cifras en ‘millardos de euros’ (un millardo, mil millones); cifras medias del período para el que se disponía de datos la segunda semana de enero del 2006.
[49] El País, 1/3/06, p. 63.
[50] Declaraciones de José María Mollinedo, vicepresidente de la Asociación de Técnicos de Hacienda del Estado a El País, 17/1/06, p. 13.
[51] Declaraciones de el presidente del Instituto de Crédito Oficial, idem supra.
[52] El País-Negocios, 27/11/05, p. 17 (datos relativos al primer semestre de 2005).
[53] El País, 16/2/06, p. 49.
[54] 26/2/06, p. 2.
[55] El País-Negocios, 22/1/06, p. 16.
[56] El País, 7/1/06, p. 42.
[57] Pierre Sicard, Histoire économique des États-Unis depuis 1945, Nathan-Université, París, 1995, p. 95.
[58] Serge Marti, L’économie des États-Unis, Le Monde Editions-Marabout, París, 1994, p. 174, nota 2 a pie de página.
[59] Rosa Luxemburgo, La acumulación del capital, Talleres Gráficos Americanos, Buenos Aires, 1968, p. 418.
[60] Obras escogidas, en tres tomos, Editorial Progreso, Moscú, 1970, p. 705.
[61] Idem supra, p. 786.
[62] El País, 23/2/06, p. 71.
[63] El Economista, 28/2/06, p. 50-
[64] Jesús Albarracín, La onda larga del capitalismo español, Economistas libros, Madrid, 1987, p. 40, nota 5 a pie de página.
[65] “Reflexiones al crecimiento de la productividad en la economía española (I)”, Servicios de Estudios del ICO, noviembre 2004, (http://www.ico.es/web/resources/00019849attachment.pdf)
[66] “El nacionalismo y la economía.”, en Escritos, tomo V, volumen 1, Editorial Pluma, Bogotá, 1976, p. 243.
[67] “Le marxisme et notre époque.”, en Oeuvres, tomo 20, ILT, Grenoble, 1985, p. 161.
[68] El País, 4/1/06, p. 49
[69] El País, 22/12/05, p. 46.
[70] Ver declaración del Grupo Germinal en este mismo número.
[71] Actualidad 20 minutos, 21/2/06, p. 9.
[72] El País, 12/1/06, p. 49.
[73] Escritos, tomo IV, volumen 1, Editorial Pluma, Bogotá, 1976, p. 147.
[74] El País, 31/12/05, p. 51
[75] El País-Negocios, 26/2/06, p. 17.
[76] Obra de Trotsky citada más arriba, p. 159.
[77] El País, 12/12/05, p. 65.
[78] “Informe Foessa: la pobreza en España.”, http://www.entornosocial.es/content/view/97/48/
[79] Pobreza y marginación, número extraordinario de Documentación Social (56-57), Cáritas Española, Madrid, 1984, p. 403.
[80] El País, 22/1/06, p. 19.
[81] “Informe Foessa: la pobreza en España.”, http://www.entornosocial.es/content/view/97/48/
[82] Vicenç Navarro en su obra Neoliberalismo y Estado del bienestar (Ariel, Barcelona, 1997) suministra numerosos datos al respecto.
[83] El País, 5/3/06, p. 23.
[84] El País, 4/3/06, p. 15., declaraciones de Aznar a la Convención.
[85] Constitución española comentada, 9ª edición actualizada, Paraninfo, Madrid, 1982, p. 18.
[86] Citado en: ETA. Historia política de una lucha armada, tomo I, Luigi Bruni, Txalaparta, Tafalla, 1990 (8ª edición), p. 41.
[87] Ídem supra, p. 43.
[88] Ídem supra, 44.
[89] Ídem supra, 56.
[90] Descargado de www.gara.net
[92] http://www.engels.org/libros/ref_rev/page12.html ; edición en papel: Escritos políticos, Grijalbo, Barcelona, 1977, p 104.
[93] El Mundo, 4/5/05, citado en: http://www.rrhhmagazine.com/inicio.asp?url=/noticias.asp?id=799
[94] ídem supra.
[95] Germinal, II, 1, enero-marzo 2004, p. 25.
[96] Elaboración propia: fuente: http://www.confemetal.es/coyuntura/informes/ec03_06.htm y http://actualidad.terra.es/articulo/html/av2768631.htm
[97] Ídem supra.
[98] http://www.libertaddigital.com:83/php3/noticia.php3?fecha_edi_on=2006-02-01&num_edi_on=1453&cpn=1276271099&seccion=ECO_D
[99] Yahoo Finanzas, 6/3/06.
[100] Ver, por ejemplo, Germinal, III, 1, página 30 y siguientes.
[101] “La independencia de Ucrania y el confusionismo sectario.”, en Escritos tomo XI, volumen 1, p.60.
[102] Obra citada, p. 669.
[103] “El socialismo y la guerra”, en Obras escogidas en doce tomos, Editorial Progreso, Moscú, 1976, p. 304.