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Situación
política en el Estado Español
LA
POLÍTICA DEL GOBIERNO DE ZAPATERO: una política al servicio del capital, una
política de continuidad
La
formación del Gobierno Zapatero: reubicación de la tropas ocupantes,
profundización de la política antiobrera, mantenimiento de la Constitución
capitalista y monárquica
El 15 de abril Zapatero
pronunciaba en el Congreso de los Diputados su discurso de investidura. En él
afirmaba que “algunas utopías merecen ser soñadas”[i].
La misma frase ya pone limites a la utopía, que no es realizable sino sólo
soñable. Los objetivos de gobierno, que se comprometía a realizar Zapatero,
dejaban aún más claro los límites nada ‘utópicos’ del gobierno del PSOE.
Un primer bloque de propuestas
era: introducir algunas reformas en la Constitución de 1978, ‘concretas y
limitadas’ (transformar el Senado en Cámara Territorial; establecer la igualdad
hombre mujer en lo que concierne a la sucesión a la Corona... “sin alterar las
previsiones que afectan al Príncipe de Asturias”; introducir la denominación
oficial de las 17 comunidades y dos ‘ciudades autónomas’, en referencia a los
enclaves militares imperialistas de Ceuta y Melilla; introducir una referencia
a la Constitución Europea, se refería al Tratado entre estados para una
Constitución para Europa. Todo ello solicitando el dictamen del Consejo de
Estado, habiendo previamente hecho un cambio en su presidencia y proponiendo,
también, una reforma de este órgano ‘consultivo’ para que, de ahora en
adelante, pasen a formar parte de él (como vocales natos y permanentes) todos
los ex presidentes de gobierno.
En un segundo bloque propuso
abordar la reforma de algunos estatutos de autonomía, dentro de los límites de
la Constitución de la Monarquía ya que “La legitimidad de las reformas
estatutarias sólo tiene, para nosotros, dos condiciones: el respeto a la
Constitución y su aprobación mediante mayorías que supongan, al menos, un
amplio consenso político y social.”
Otro bloque era: ordenar la
retirada de Irak de las tropas ocupantes del ejército español, para “sacar a
España de la foto de las Azores”, de modo que “no permitiremos que se ponga en
cuestión nuestro firme compromiso con la seguridad internacional y en la lucha
contra el terrorismo”.
En cuanto a la relación con el
partido directamente burgués más importante del Congreso, avanzó su intención
de mantener el frente unido con el PP en el ‘Pacto antiterrorista’: “El
elemento esencial de la lucha contra el terrorismo es la unidad de los
demócratas. El Pacto contra el Terrorismo para mí sigue vigente.”
Se comprometió a crear mil nuevas
plazas de jueces y fiscales y a reforzar los aparatos de represión con “36.000
efectivos más”.
Prometió mantener la política
económica seguida hasta ahora de modo que “el gobierno no incrementará la
presión fiscal global”.
En lo referido a la educación
aseguró: “Debo reiterar el anuncio que en su día formulé en relación con la Ley
Orgánica de Calidad de la Educación y la Ley Orgánica de Universidades. Me
comprometí a reformarlas de inmediato y así lo haremos.”
Sobre política del agua: “Quiero
anunciar una nueva política del agua.
El gobierno abordará una profunda reforma de las Confederaciones
Hidrográficas y revisará el plan Hidrológico Nacional vigente..”
Tuvo un recuerdo para la clase
obrera y se comprometió a “Posibilitar un empleo de calidad que ponga fin a la
escandalosa e injustificada precariedad en el empleo” para pasar, acto seguido,
a amenazar: “El gobierno propondrá un gran
acuerdo social de competitividad y empleo estable”; se refirió al
‘problema’ de la vivienda para anunciar que combatiría la especulación del
suelo y que su gobierno elaborará un Plan que “pondrá a disposición de las
familias a precios asequibles 180.000 viviendas anuales más”, para acabar
prometiendo “la elevación progresiva del salario mínimo interprofesional hasta alcanzar
los seiscientos euros mensuales al final de la legislatura”.
Se comprometió a reformar el
Código Civil para reconocer el derecho
al matrimonio de los “homosexuales y transexuales”, “con los efectos
consiguientes en materia de sucesiones, derechos laborales y protección por la
Seguridad Social”. En cuanto a la inmigración destacó que “Es imprescindible
mejorar el control de fronteras para frenar la inmigración irregular y la
persecución de los traficantes de mano de obra”
Según el diario El País, dedicó
siete minutos al tema del terrorismo, seis al de la reforma de la constitución
tres al del empleo y la política social y uno al del aumento del salario y las
pensiones.
Al día siguiente, 16 de abril, el
Congreso de los Diputados votó la investidura de Zapatero como Presidente del
Gobierno: PSOE (164) ERC (8) IU (5), CC (3), BNG (2) y CHA (1) votaron a favor;
en contra, el PP (148) mientras que CiU (10), PNV (7), EA (1) y Nafarroa Bai
(1) se abstuvieron.
Casi un mes más tarde, Llamazares,
Coordinador general de Izquierda Unida, afirmaba en una entrevista: “El
programa de investidura va mucho más a la izquierda de la tradición del PSOE”[ii]
El 17 de abril Zapatero prometió
su cargo de Presidente del gobierno ante Su Majestad Don Juan Carlos de Borbón.
De su gobierno destacan el ministro Pedro Solbes, Vicepresidente segundo y
ministro de Economía y Hacienda, nunca ha sido militante del PSOE pero sí fue
ministro de agricultura entre 1991 y 1993 y el ministro todopoderoso de
Economía y Hacienda, desde 1993 hasta 1996, del Gobierno de Felipe González que
aplicó la dura política de ajusta antisocial y antiobrera, política que Rodrigo
Rato supo agradecer cuando llego al gobierno del Sr. Aznar; la vicepresidenta
primera, y ministra de Presidencia y portavoz del Gobierno, Teresa Fernández de
la Vega, también ‘independiente’ del PSOE; el Ministro de Seguridad José
Antonio Alonso, también ‘independiente’ del PSOE; el ministro de Asuntos
Exteriores Miguel Ángel Moratinos, católico ‘progresista’ que sólo en el 2000
se afilió al PSOE y que ha sido protagonista, en primera línea, de la política
imperialista de la UE en el Oriente Próximo participando en el ‘proceso de paz’
contra Palestina como enviado especial de la UE y en las negociaciones de la
Hoja de Ruta; tras ellos destacan ya dos antiguos militantes del PSOE, el
nacionalista españolista José Bono, ministro de Defensa, y Jesús Caldera que,
como ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, estará sujeto a las directrices
provenientes desde el ministerio de Economía y Hacienda. Jordi Sevilla, también
militante del PSOE, que se hace cargo del ministerio de Administraciones
Públicas (autonomías) y que, también, tiene que ver con el independiente Pedro
Solbes, bajo cuyo mandato ministerial en Agricultura y en Economía trabajó como
jefe de Gabinete.
Al día
siguiente de hacerse público el Gobierno de Zapatero éste anunciaba que “Esta
mañana, una vez que el ministro de Defensa ha jurado su cargo, le he dado la
orden de que disponga lo necesario a fin de que las tropas españolas destinadas
en Irak regresen a casa en el menor tiempo y con la mayor seguridad posibles.”[iii]
El 25 de noviembre de 2004, el
PSOE perdía la votación sobre la reforma del sistema de elección de
magistrados, del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia, a
causa del absentismo ‘laboral’ en las filas de sus diputados. El 29, el
Gobierno se reunía en Consejo de Ministros Extraordinario para aprobar de nuevo
el proyecto y, el 9 de diciembre, se aprobaba en el Congreso la reforma que
obliga a elegir a los miembros de la Sala Segunda de lo Penal por tres quintos
del Pleno del Consejo General del poder Judicial. A la Sala Segunda de lo Penal
le corresponde ser “competente para conocer de la autorización de las
actividades del Centro nacional de Inteligencia que afecten a los derechos
fundamentales reconocidos en el artículo 18.2 y 3 de la Constitución..”. “No
hay más que echar un vistazo a la Ley Orgánica del poder Judicial para ver que
entre las competencias de la Sala Penal consta la instrucción y enjuiciamiento
de las causas penales contra el Presidente y miembros del Gobierno, presidentes
del Congreso y el Senado, diputados y senadores, la cúpula de la Judicatura y
la fiscalía, etc.” afirmaba, en un entrevista, Fernando Salinas vicepresidente
del Consejo del Poder Judicial[iv].
El 12 de
abril, las ejecutivas del PSOE y del PP desarrollaban sus respectivas reuniones
para preparar el debate de investidura. Zapatero afirmaba ante la de su partido que “El pacto
Antiterrorista ha sido y es un instrumento útil y vamos a mantenerlo en sus
términos. Es un pacto entre el PP y el PSOE, aunque no es excluyente”[v];
Acebes, desde la ejecutiva del PP, le respondía que era incompatible mantener
este frente unido, contra el derecho a la autodeterminación, con que en él
entrasen a formar parte fuerzas políticas como ERC e IU. Para el Gobierno de
Zapatero se trataba de recomponer rápidamente los aparatos de estado, que
habían mostrado todos sus poros y cloacas en el atentado contra la clase obrera
en Madrid el 11 de septiembre del 2003.
...y el reforzamiento del aparato policial
José Bono, nacionalista convencido
y confeso, no tuvo reparos en decapitar
a la cúpula del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y colocar a un
civil sin experiencia (Alberto Saiz consejero de Industria en la Junta de
Castilla-La Mancha), pero “una persona de mi absoluta confianza”[vi],
para dirigir los servicios secretos.
La recomposición de la cúpula de
los aparatos represivos del estado español continuó, el 30 de abril, con el
nombramiento del general del Ejército del Aire Carlos Gómez Arruche como director
de la Guardia Civil, tras 17 años sin que ningún militar dirigiera este cuerpo
armado que cuenta ya con 20 generales ‘propios’. ¿El
objetivo declarado? Facilitar
la puesta en marcha de la remodelación de la Guardia Civil a fin de suprimir los arrestos y la aplicación del
Código Penal Militar en el desarrollo de sus funciones represivas (de
‘seguridad ciudadana’), que no en las realizadas en el extranjero. Objetivo a
largo plazo: controlar el movimiento asociativo en el seno de la Guardia Civil
y el enorme aumento de efectivos previsto (3.000 nuevos guardias civiles por
año durante los próximos diez años que lo llevarán a ser un cuerpo armado con
más ‘profesionales de carrera’ que las actuales Fuerzas Armadas mercenarias.
Además de ello, “La Guardia Civil es un instituto armado de naturaleza militar,
dependiente del ministro del interior, en el desempeño de las funciones que por
la ley orgánica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se le atribuyan, y del
ministro de Defensa en el cumplimiento de las misiones carácter militar que se
le encomienden en colaboración con las Fuerzas Armadas”[vii].
Así reza el anteproyecto de Ley Orgánica de la Defensa Nacional que ‘legislará’
por primera vez el carácter militar de este cuerpo armado represivo.
El 19 de mayo, José Antonio
Alonso, ministro del Interior, presidió la primer reunión del Comité del Mando
Único constituyendo, así, oficialmente este organismo que impulsará la creación
del Centro Nacional Antiterrorista que coordinará a la policía, la Guardia
Civil y el Centro Nacional de Inteligencia: “El CNA desarrollará funciones de
inteligencia, información y coordinación y para ello centralizará las bases de
datos y las informaciones operativas sobre terrorismo”[viii].
Hacía 20 años que los servicios secretos no participaban en un órgano
permanente de ‘coordinación’ de todos los aparatos armados represivos del
estado español; lo hicieron bajo el manto del Mando Único de la Lucha
antiterrorista creado por Calvo-Sotelo en 1981, y mantenido por Felipe González
(ministro Barrionuevo) a través del comisario franquista, torturador de presos
políticos, Manuel Ballesteros y de Francisco Álvarez. El Consejo de Ministros,
del 28 de mayo, aprobó este Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista,
previendo un coste anual inicial de 2 a 3 millones de euros y dotándole de
inmediato, provisionalmente en la misma sede del Ministerio del Interior, de
una sala de operaciones (¿por qué Alonso declaraba al mismo tiempo que “no
tendrá carácter operativo”[ix]?),
un área de gestión de bases de datos y
otra de inteligencia e investigación (¿por qué Alonso continuaba su declaración
diciendo que “... ni será un tercer cuerpo de seguridad”?)
Investigación,
desarrollo
y carrera
de armamentos a escala española ¿’seguridad’ a favor de quién?
El Gobierno Zapatero justificaba
el nombramiento del nuevo director de la Guardia Civil en su intención de
cumplir su programa electoral, pero resulta que “Según la Fundación por la Paz,
las partidas destinadas explícitamente a I+D militar ascienden a 1.3330,3 millones
de euros (casi el 27% del total de los fondos para I+D para 2005) mientras que
el programa principal de financiación pública para los investigadores recibe el
9,9%.”[x]
El mismo diario, siguiendo a la Fundación por la Paz, recordaba que, en su
programa electoral, el POSE se comprometió a separar estos gastos “reubicando
los correspondientes gastos militares destinados a la fabricación de armamento
en el lugar adecuado.” En la defensa de los Presupuestos para el 2005, ante el
Congreso de los Diputados, y refiriéndose al aumento en él destinado al
Ministerio de Defensa, Jesús Cuadrado afirmaba: “Producir seguridad, interior y
exterior, es de izquierdas. No nos arrepentiremos nunca de ese criterio”[xi].
¿Qué seguridad? ¿A favor de quién? Tendremos ocasión de verlo, más abajo,
cuando se analice la política del Gobierno Zapatero sobre seguridad laboral,
ante la inseguridad de la precariedad, o respecto a la accidentalidad en el
trabajo o la inseguridad en la vivienda de la juventud. Por de pronto, lo que
está claro es que el gobierno Zapatero ha mantenido todos los proyectos presupuestarios de inversión en armamento
(submarinos, helicópteros de ataque Tigre, avión de transporte A400M...),
prometiendo más gasto ya que prepara una transformación cualitativa de las Fuerzas
Armadas que las prepare para mejorar el control, del interior del Estado, y la
capacidad de intervención, en el extranjero, ya en solitario ya en comandita
con otras potencias imperialistas bajo el paraguas ‘legal’ de turno (ONU, OTAN,
UE..).
El 2 de noviembre Zapatero
firmaba, a bordo del portaaviones Príncipe de Asturias, la Directiva de
Defensa Nacional en la que se incluía, por primera vez en la ‘democracia’, la
intervención del ejército contra el terrorismo en el interior del estado,
“aunque según las fuentes consultadas el empleo de la fuerza militar sería
siempre un ‘último recurso’ tras el agotamiento de los medios diplomáticos,
policiales, judiciales o de inteligencia’”[xii].
Toda la directiva está encaminada a reforzar las capacidades de intervención
del ejército español tanto en el interior como en el exterior. El Gobierno
Zapatero añade a ello la presentación del anteproyecto de Ley Orgánica de la
Defensa Nacional que sigue impidiendo la sindicación de la tropa, ahora
mercenaria, : “... los miembros de las Fuerzas Armadas [...] no podrán recurrir
en ningún caso a cualquier de las formas directas o indirectas de la acción
sindical”[xiii] rebajando
las expectativas ‘progresistas’, que se adelantaban en el borrador filtrado a
la prensa en enero “..abstenerse del recurso a la acción sindical”[xiv],
formulación que parecía dejar un resquicio al ‘asociacionismo’; derecho que el
PSOE, en su programa electoral, prometió reconocer. Esta misma ley será la que
legalice definitivamente el Ejército de mercenarios ya que, hasta el momento,
el PP había dejado el servicio militar obligatorio, único ámbito ‘legal’ en el
que la juventud obrera podía aprender los rudimentos del arte militar, en suspenso.
Por otra parte, y principalmente, el Gobierno Zapatero presenta un proyecto de
Ley de Defensa que hace desaparecer el concepto guerra para sustituirlo por
‘conflicto armado’ o ‘crisis’, curándose en salud ante posibles necesidades de
intervenir en una ‘guerra ilegal’. Extrayendo enseñanzas de las movilizaciones
contra la intervención imperialista en Irak, este proyecto aleja la figura del
Monarca de la responsabilidad directa en las decisiones, y dirección de los
asuntos, en un ‘conflicto armado’ manteniendo lo obligado por la constitución:
“su Majestad el Rey es el Mando supremo de las Fuerzas Armadas”.
... y salvaguarda de la Monarquía del Borbón
El Rey no podrá menos que estarle
agradecido al Gobierno de Zapatero que, de la mano de su ministro Bono, le
llevó de visita al País Vasco tras 18 años sin pisar tierra vasca. El Rey,
vestido para la ocasión con uniforme de campaña, todo un símbolo, visitó la
base militar de Araca, enclava a sólo cinco kilómetros de Vitoria y pudo
comprobar, de primera mano, la modernización del armamento (carros de combate
M-60, vehículos de transmisión...) y, también, que el escaso millar de
mercenarios que la habitan han adquirido una nada despreciable experiencia en
intervenciones imperialistas en los Balcanes, Afganistán e Irak. El País Vasco
es la única comunidad autónoma que cuenta con guarniciones militares en todas
sus provincias, aunque “la mitad de los militares destinados en el País Vasco
viven en comunidades limítrofes y se desplazan cada día a su lugar de trabajo”[xv];
esto tampoco cambiará con el Gobierno de Zapatero. El Rey, tan amante de la
Constitución, según para qué, se dirigió a la tropa española enclavada en el
País Vasco con estas palabras. “Estoy contento al ver vuestro espíritu de
servicio, vuestra lealtad a España, vuestro cariño a las Vascongadas...”.
¿Vascongadas? Sobran comentarios y recuerdos franquistas.
La reforma de los estatutos de autonomía: la
‘reforma’ de la Constitución...
para que todo siga igual y para que haya más España
Una
reforma para reciclar los enfrentamientos entre las fracciones políticas
burguesas
“En una época en que las
estructuras política y económicas tienden a mundializarse, en que las fronteras
comienzan a dejar de separar a unos pueblos de otros, en que los Estados ceden
porciones muy grandes de su soberanía a instituciones supranacionales
(tendencia que lleva camino de acentuarse), el interés de los pueblos que
componen nuestro Estado es mantener su unión para no perder peso en la nueva
correlación de fuerzas que se va afirmando. Eso nos plantea la necesidad de
superar los nacionalismo que nos dividen. Y el primero a superar es el
nacionalismo españolista porque él es el primero que justifica y agudiza los
nacionalismo periféricos.”[xvi]
Así se expresaba, de nuevo, Carrillo aconsejando a todos los sectores de la
burguesía que cobija el Estado Español una entente para acometer la reforma de
los estatutos de autonomía. El artículo se titulaba “¿Una segunda fase de la
transición democrática?” En marzo, medio año antes, Carod había pedido a
Zapatero valentía par impulsar “una segunda transición, libre de las hipotecas
del franquismo” y el Secretario de
Organización del PSOE, José Blanco, debía recordar a Maragall que “la única
reforma constitucional del programa [del PSOE] se refiere al artículo 69 para
hacer del Senado una Cámara territorial.”[xvii]
Pero Maragall, preso de los acuerdos tomados con ERC y Iniciativa per Catalunya
Verds tenía que pasar, en el lapso de la segunda semana de abril, del “una
relectura de los textos fundamentales” al “no nos pondremos como límite la
Constitución”... para acabar bajando a “quiero que quede claro que el Estatuto
no se hace con la finalidad de cambiar la Constitución.”
El Gobierno de Zapatero tiene
abierto un frente, respecto a la cuestión nacional y la Constitución
españolista de la Monarquía del Borbón, que presenta claramente tres bolsas
estancadas: el frente común con el PP; la reforma de los estatutos canario,
catalán y vasco; y la división al respecto que recorre al PSOE. Casi la práctica
totalidad de Comunidades Autónomas tienen planteadas o en marcha reformas de
sus Estatutos. Pero los casos de Canarias, Catalunya y País Vasco son
excepcionales en estos momentos.
Los límites de la reforma constitucional: la monarquía, la negación del derecho de autodeterminación
Los límites a la reforma de los
estatutos han quedado muy claros. En mayo de 2004, Jordi Sevilla afirmaba: “No
es momento de abrir un debate constituyente, ni siquiera reconstituyente.
Tampoco creo que lo mejor para la Constitución sea no tocar nada [...]
Zapatero, al incorporar el nombre de las comunidades a la Constitución, sólo
pretende su reconocimiento simbólico”[xviii]
(s.n.). Al día siguiente ‘fuentes gubernamentales’ declaraban al mismo diario
“el lema de café para todos responde a la etapa anterior, ya superada. El café
ahora se lo va a tomar cada comunidad como quiera, pero, eso sí, dentro de la
misma taza.”[xix]. Ya en el
mes de junio, Sevilla, volvía a marcar los límites, en su presentación de
líneas generales ante el Senado, recalcando que el reforma de la Constitución
que propone el Gobierno “no va a abrir un período constituyente [...] Lo que no
se hará es reformar los estatutos desde el Gobierno central. Tampoco se va a
obligar a ninguna comunidad a aceptar cambios que no desee, ni se frenarán sus
aspiraciones si respetan las reglas del juego”[xx].
El ariete nacionalista del Gobierno Zapatero, José Bono, remachaba los límites
enseñando al mismo tiempo las armas que lo garantizan; el 6 de enero en la
celebración de la Pascua Militar, y ante Su Majestad el Rey Borbón y los jefes
de los tres ejércitos, afirmó: “por encima de la identidad de territorio, la
España que cuenta es la España de los ciudadanos, la España de la Constitución,
de donde emana la legitimidad de todas las instituciones [...] Por eso, ningún
territorio podrá tener proyectos que rompan la voluntad soberana de todos los
españoles” y, por si no estaba aún bastante claro, “Más libertad, menos
fronteras entre nosotros, más solidaridad y más Constitución. Es
decir, más España”[xxi]. El
Monarca no pudo por menos que afirmar: “Agradezco las amables palabras y la
detallada exposición que acaba de dirigirnos el señor ministro de Defensa, con
un resumen de las actuaciones llevadas a cabo por el ministerio y una
exposición de los planes y previsiones para el futuro.”[xxii]
la socialdemocracia ‘catalana’, el nacionalismo ‘radical’ catalán:
dentro del mismo cauce
En junio del 2004 el Gobierno de
la Generalitat de Catalunya concretó, en la cantidad de 97, las competencias
que exigía al Estado Español. Proponía una negociación con el estado paralela
al desarrollo de la reforma de su Estatuto de Autonomía. Convergencia i Unió
planteó en su momento la transferencia de 88 competencias. El Gobierno catalán
‘tripartito’ (PSC, ERC y Iniciativa Verds) planteaba que las 97 competencias le
podían ser traspasadas dentro del marco de la Constitución (recurriendo al
artículo 150.2) aunque en el caso de 28 de ellas será necesario reformar la
legislación estatal. A finales de enero pasado, Maragall intervino en un
encuentro organizado por el Foro Nueva Economía, lobby de presión de las
grandes multinacionales, para dirigirse más que a los presentes a los votantes
catalanes. Recurriendo de nuevo a su
digo pero no digo fue, sin embargo, bastante claro en esta ocasión.
Aprovechando el concepto ‘comunidades nacionales’ usado por Rubio Llorente,
presidente del Consejo de Estado, expresó que “Es una fórmula discutible, como
todas, pero interesante. Espero que modifique y cualifique el artículo 2 de la
Constitución”. El presidente del Consejo de Estado tardó poco en replicarle que
su concepto buscaba definir “comunidades culturales, no jurídicas ni políticas
ni territoriales”, y Maragall acabó rogando que “no estaría mal [que la reforma
de la Constitución] señalara realidades territoriales distintas, no sé si
culturales y políticas”[xxiii].
A pesar de dirigirse a los votantes del tripartito, Maragall, en el mismo acto,
no pudo dejar de militar en el frente unido contra el Plan Ibarretxe y afirmó,
al respecto, que “Para que quede más claro aún si cabe, en Cataluña no se puede
imponer un nuevo Estatuto por la mayoría parlamentaria. Es necesario el
concurso de la oposición”. ¿Qué dice el artículo 2 de la Constitución? “La
Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española,
patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el
derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la
solidaridad entre todas ellas.” Unos pocos días más tarde, Joan Puigcerdós (el
portavoz en Madrid de ERC, socio de Gobierno de Maragall) aprovechaba la
‘discusión’ del Plan Ibarretxe en el Congreso para advertir: “No se lleven a
engaños, no sólo aspiramos a cambiar el estatuto catalán, si sólo fuera así,
estaría en las mismas reglas de juego”, para pasar a referirse a la actual
legislatura como destinada a representar “el umbral de un cambio del modelo de
Estado. Si la primera transición significó la democracia y la primera puerta
significó pasar de una dictadura a un Estado democrático, la segunda puerta
es el Estado plurinacional”[xxiv].
Tres días
antes, Jordi Sevilla denunciaba el proyecto de reforma del Estatuto canario
como ‘filosoberanista’ pues, entre otros artículos, prevé en el 30.3 que “El
derecho propio de Canarias en materias de su competencia se aplicará con
preferencia al del Estado, que tendrá, en defecto de aquél, carácter
supletorio”; según el diario El País del 31 de enero “... más allá de la
‘inconstitucionalidad’ de los artículos 30.3 y 30.4 lo que más ‘ha alarmado’ al
Gobierno socialista es la disposición adicional tercera del borrador del
Estatuto, que permite ceder a Canarias del Estado todas las competencias, con
la única excepción de la Defensa, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado
y la Alta inspección de servicios.” ¿Otro ‘Plan Ibarretxe’? Si la fracción de la burguesía que
promueve la reforma va por esos derroteros en Canarias, lo hace representada
políticamente por Coalición Canaria y por... el Partido Popular que son los
socios de Gobierno en Canarias.
En el tomo II, número 2, de Germinal
3ª época ya hicimos un análisis del significado político del ‘Plan
Ibarretxe’. El 20 de abril de 2004 el Tribunal Constitucional rechazó la
impugnación del Plan que presentó el PP el 13 de noviembre de 2003. El 22 de
abril, otra vez en el marco del Foro Nueva Economía, Ibarretxe reafirmó que no
retiraría su propuesta de modo que “La reforma del Estado está sobre la mesa y
la cuestión de fondo es si aceptamos o no el Estado plurinacional y la
asimetría.”[xxv] También se
reafirmó en su colaboración con el estado español, comprometiendo la
participación del PNV, al contrario de lo que hizo en 1978 de cara a la Constitución,
en la ponencia del Congreso para la reforma de la Constitución. El 29 de abril,
Jordi Sevilla visitó Vitoria y rompió con ello la tendencia de estos últimos
cuatro años, en los que ningún representante del Gobierno estatal había
mantenido contactos con los representantes del Gobierno vasco; la entrevista
con Ibarretxe no duró más de una hora. Ya en este año, el 4 de enero,
Ibarretxe, tras la aprobación por el Parlamento Vasco del Plan Ibarretxe (ahora
proyecto de nuevo Estatuto), afirmaba en Vitoria: “El Parlamento español no va
a sustituir la voluntad de la sociedad vasca. De lo que se trata es de buscar
una acomodo democrático a las decisiones de las instituciones vascas [...] Es
el propio Parlamento vasco el que debe valorar si la negociación es correcta o
no y si es susceptible de ser remitido para su ratificación mediante consulta a
la sociedad vasca”[xxvi].
Seis días más tarde la Ejecutiva del PSOE se lanzó en tromba, de nuevo, contra
el Plan Ibarretxe acusándole de “recibir el apoyo de los violentos [y] rendir
servicio a una organización ilegal que ha adquirido un protagonismo político
intolerable [...] lo que llegó a la Cámara como un plan nacionalista, sale de
la misma con las bendiciones y gracias a los apoyos de ETA y sus acólitos”[xxvii].
El 13 del mismo mes, Zapatero recibió en la Moncloa a Ibarretxe para afirmar:
“Mientras yo sea presidente, nunca se aprobará ni se aplicará el plan
Ibarretxe”[xxviii]. El 1
de febrero se escenificó, en el Congreso de los Diputados, la gran mascarada de
una supuesta ‘discusión democrática’ sobre el Plan Ibarretxe. PSOE y PP, en
aras de su frente unido, junto a Coalición Canaria y Chunta Aragonesista
votaron en contra; IU se partía en dos: Llamázares, por IU, votó en contra
mientras que Iniciativa Catalunya Verds se abstenía. PNV, EA,
BNG y NB, votaron a favor. Al día siguiente, 2 de febrero, el lehendakari
Ibarretxe reunía al consejo
extraordinario de gobierno vasco para convocar elecciones anticipadas vascas el
próximo 17 de abril. Este adelanto en un mes de las elecciones no preocupó a
Zapatero ni el PSE, que tiene su propio plan de reforma del estatuto vasco, al
fin y al cabo Ibarretxe con este adelanto se olvidaba del referéndum vasco
‘inconstitucional’ y abría otra vez más una salida a las componendas con el
gobierno español. Ya el PSOE había derogado, de todos modos, la introducción
por el PP en el Código Penal de un artículo (506 bis) penando con hasta cinco
años de prisión a todos aquellos que interviniesen de un forma u otra en la
puesta en marcha y realización de referéndum ‘ilegales’. Por su parte ERC, que
votó a favor del Plan Ibarretxe el 1 de febrero, al día siguiente afirmaba su
predisposición a llegar a un “acuerdo de estabilidad” gubernamental española
que superase el mero “apoyo” parlamentario actual. ERC dispuesta a garantizar la
‘estabilidad’, el PNV adelantando las elecciones vascas, el PSE (PSOE de
Euskadi) con un plan ‘alternativo’ al de Ibarretxe... pero el 26 de febrero
decenas de millares de vascos tuvieron que volver a manifestarse en Bilbao
reivindicando un derecho tan elemental como el de tener una voz simplemente
parlamentaria y en el marco de las instituciones de la Constitución de la
monarquía. La manifestación estaba convocada por la plataforma 18/98+ que
denuncia “la vulneración de los derechos civiles y procesales” en el proceso
que la Audiencia Nacional tiene abierto contra militantes de Jarrai-Haika-Segi
y otros militantes de organizaciones de la ‘izquierda’ vasca.
¿Nueva
taza de café en la estructura estatal?
El PP y el PSOE han estado tejiendo
su frente unido contra el derecho de autodeterminación. El 18 de mayo de 2004 el PP, junto a
Coalición Canaria, apoyaban las enmiendas del PSOE a una propuesta del PP en el
Congreso de los Diputados para ‘equiparar’ a todas las comunidades. El 4 de enero
Rajoy demostraba su interés en visitar La Moncloa “para garantizar la unidad de
España” y, por la tarde, José Blanco (por el PSOE) le hacía eco agradeciendo la
propuesta de unidad nacional del PP, pero recordando que “La unidad nacional
está garantizada por la Constitución”[xxix].
El 13 de enero, Rajoy ofrecía a Zapatero, que se estaba entrevistando con
Ibarretxe, la conformación de un frente parecido al Pacto Antiterrorista para
“responder al grave desafío a la unidad nacional” que suponía el proyecto del lehendakari;
mientras, Fraga jaleaba de nuevo a las filas del PP proponiendo la aplicación
del artículo 155 de la Constitución, es decir el estado de sitio contra los
vascos. Al final de todo, el 16 de enero, y tras alguna reunión ‘discreta’ (es
decir secreta) como se ha visto con el tiempo, el PSOE y el PP volvían a
reafirmar su frente unido contra el derecho de autodeterminación tan firmemente
que el Gobierno de Zapatero se veía obligado a emplearse a fondo para convencer
a sus apoyos en el Congreso, ERC e Izquierda Verde, de que “no debían tomar el
pacto más que como lo que es, una mesa para buscar acuerdos”[xxx].
Y es que el frente españolista del PP y del PSOE de la pasada legislatura no alcanzó sus resultados y, ahora, se
trata de recomponerlo sobre nuevas bases una vez admitido que “Aunque Ibarretxe
estaba contaminado por el pacto de Lizarra, que contaba con el respaldo
de ETA, ganó las elecciones por los errores de los constitucionalistas” según
palabras de Ramón Jáuregui, dirigente del Partido Socialista de Euskadi, el 5
de febrero.
El 28 de febrero, Rajoy declaraba
ante la Junta Directiva Nacional del PP: “Constato que el Gobierno escoge otros
socios”. Con esta constatación el PP dio
por roto el pacto con el PSOE... para consensuar el ‘modelo de Estado’. En el
fondo de la cuestión de lo que se trata para el PP es de lograr que la
negociación, entre el Gobierno Zapatero y el PP, se desarrolle al mismo nivel
que tiene su frente unido contra el derecho de autodeterminación, llamado
‘Pacto Antiterrorista’.
El 15 de abril de 2004, los
dirigentes de CCOO y UGT saludaban con euforia el discurso de investidura de
Zapatero. Según el diario El País, CCOO señalaba “por su especial
importancia” la reforma tributaria anunciada por Zapatero, aplaudiendo los
compromisos del candidato a Presidente del Gobierno referentes a la lucha
contra la precariedad laboral, la reducción de los accidentes laborales, subida
de las pensiones y aumento del salario mínimo interprofesional hasta alcanzar
los 600 euros. Por su parte, Cándido Méndez, por UGT, resaltó que el ‘eje social’ se anunciara en el discurso
como referente fundamental de la política del nuevo Gobierno.
Ya en marzo, Fidalgo, Secretario
general de CCOO, declaraba en una entrevista “Espero de la opción socialista
que sea sensible a lo que, según su programa y su discurso, son las necesidades
de este país. Encauzarlo por un modelo de crecimiento distinto del que hemos
tenido en el último período, ser más flexibles en las demandas socio-laborales
y tener un espíritu de diálogo y de apertura hacia los agentes económicos y
sociales.”[xxxi]
Interrogado en la misma entrevista sobre la opinión que le merecía Pedro Solbes
fue escueto en la respuesta: “Muy positiva. Me alegro mucho de que Solbes vaya
a dirigir la política económica de este país.” En la misma entrevista también
volcó una excelente opinión sobre Jesús Caldera, ministro de trabajo. Éste
acudió al 8º Congreso de CCOO para comprometerse, ante los allí reunidos, en un
aumento del 30% del salario mínimo interprofesional, en cuatro años, la
reducción de la temporalidad en el empleo y el cambio en el modelo productivo
de la economía.
La
permanente ‘reforma laboral’:
aumentar
la tasa de explotación de la clase obrera
Una idea concreta de la dirección
en la que el Gobierno Zapatero pretende hacer ese ‘cambio’ en el ‘modelo
productivo’ la dio Joan Trullén, secretario general de Industria. “Según
Trullén, se trata de ‘sentar las bases de un cambio en el modelo de la
producción’ y de ‘aprovechar al máximo la cultura del diálogo’”[xxxii];
para ello explicó a los periodistas los proyectos de su ministerio de cara a
lograr un pacto que contrarreste las llamadas ‘deslocalizaciones’. El mismo
diario comentaba así los contenidos del pacto propuesto por el ministerio de
Industria: “El pacto es simple: moderación salarial y más flexibilidad laboral
a cambio de que las empresas comprometan inversión y aumenten su arraigo en las
zonas en las que trabajan”. Trullén añadía la intención de propiciar aumentos,
en las desgravaciones fiscales en el impuesto de sociedades, con la condición
de que las empresas inviertan más I+D. El mismo portavoz del ministerio ponía
como ejemplo, de concreción de esta orientación, la planta de Volkswagen en
Ladaben (Navarra). El presidente la patronal, José María cuevas, incidía en la
misma línea el pasado 17 de noviembre ante la Asamblea anual de la CEOE: “José
María cuevas, propone ‘más flexibilidad en las relaciones laborales’, rebajar
los costes fiscales y las cotizaciones de las empresas y actuar en la
negociación colectiva de 2005, con medidas como contener los aumentos
salariales, elevar la productividad o incrementar la jornada laboral”; el mismo
dirigente exhortaba al Gobierno y los sindicatos a que “tomen nota de la
capacidad de reacción de las empresas y sindicatos alemanes, en clara alusión a
los pactos que han firmado de congelación salarial y aumento de la jornada laboral”,
haciendo balance de la experiencia navarra mientras que otro dirigente de la
CEOE explicitaba, en el mismo marco, la importancia que le da la patronal a las
invitaciones a ‘innovar’ ya que “... según el secretario general de la
patronal, Juan Jiménez Aguilar, puede afectar [el proceso de deslocalización]
en breve a la economía española, debido a que existen ‘marcos laborales
rígidos, unidos a elevados costes’”[xxxiii].
Está claro que la actitud pedigüeña de las cúpulas sindicales no amilana en
nada ni al Ministerio de Industria ni a la patronal, por más que Méndez, por
ejemplo, solicitara el 18 de junio, ante una reunión del Círculo de Economía en
Sitges, que volviera a blandir la zanahoria de la I+D. “Cándido Méndez, destacó
la necesidad ‘urgente’ de ‘recuperar la política industrial’ y advirtió de que
el principal elemento de inquietud para España derivado de la ampliación de la
UE no debe ser el diferencial de salarios, sino el nivel del I+D tecnológico de
los países recién incorporados”[xxxiv].
La ‘innovación’ prioritaria para la patronal y sus representantes en el
gobierno Zapatero es, pura y simplemente, la bajada de salarios y el aumento
del trabajo a cambio de este menor salario... lo otro, si acaso, por añadidura
y sólo si interesa. Eso lo que ha demostrado la realidad del proceso de
negociación del 2004 en el sector del automóvil.
Los buenos resultados, para la burguesía, de la permanente ‘reforma laboral’ y el ‘dialogo social’
En agosto del 2004, según datos de
El País-Negocios (del 8/8/04, pp 5-7) siete las 11 empresas del sector
(representando al 63,6% de ellas y al 72,72% de trabajadores) habían firmado
convenios de empresa cuyos contenidos básicos resultaban en: una mayor
vigencia; un aumento salarial medio que preveía un 0,4% sobre la inflación frente
a los anteriores que preveían un 0,8%; la reordenación de las condiciones de
trabajo, sobretodo, en dos aspecto, por una parte una mayor flexibilidad de la
jornada laboral (mediante reducción y reubicación de las pausas, el incremento
de las bolsas de horas a discreción de la empresa, la ampliación del ‘corredor
de vacaciones’, es decir de la capacidad discrecional de la empresa para la
asignación del mes de vacaciones unido, esto, a la posibilidad de asignación
del mes de vacaciones individualmente permitiendo mantener los equipos activos
en período vacacional), posibilidad de creación de turnos adicionales de
producción y de los sábados de producción) y, por otra parte, el aumento de las
capacidades discrecionales de la empresa para aplicar la movilidad funcional
(desempeño de trabajos diferentes los habituales) y de la geográfica. Y es lo
que expresa la realidad de la evolución del trabajo industrial.
En el segundo semestre del 2004
los costes laborales en la industria se ‘desacelararon’ ya que: “La fuga de
empresas hacia países con bajos costes, los pactos para preservar empleo y la
destrucción de puestos de trabajo han contribuido a la moderación de las
demandas salariales.”[xxxv]
Según datos del INE, desde el tercer trimestre de 2002 han sido destruidos 113.500
puestos de trabajo en la industria, que ha pasado de los 3.204.600 trabajadores
a 3.091.100. A fines del 2004, el Gobierno Zapatero puso en marcha un plan para
acelerar el proceso de deslocalización en el sector textil, apoyando a la
patronal con un total de cincuenta millones de euros para “fomentar las
actividades de mayor productividad y valor añadido y deslocalizar/subcontratar
las fases de producción más intensivas en trabajo”, según declaraciones del Secretario
de Estado de Comercio.
El 18 de mayo, Zapatero se reunió
en La Moncloa con José María Cuevas, presidente de la patronal CEOE, con el
objetivo de comenzar la negociación de cara a un “gran pacto por la
competitividad y por el empleo” (según anunció Jesús Caldera en el Congreso de
los Diputados). El mismo ministro resumió, en rueda de prensa, las medidas
laborales del Gobierno: creación de una comisión de expertos para el estudio de
todas las reformas laborales de los últimos 10 años; medidas contra la
temporalidad en el empleo, mediante una reordenación jurídica que recupere la
causalidad, además de subir la cotizaciones sociales de los temporales, e
impulsar cambios para incentivar los contratos parciales estables y los fijos
discontinuos; rehacer el Acuerdo Básico
Interconfederal de 1979 en el que se basa el funcionamiento actual de la
negociación colectiva, con la ambición de crear un nuevo marco destinado a
perdurar durante 15 o 20 años; reformar los Servicios Públicos de Empleo para
incentivar medidas activas de cara a los parados. También anunció una subida
del 6,6% para julio en el salario mínimo interprofesional llevándolo de los 460
euros a los 490, esta medida se acompañó con la desvinculación del salario mínimo
como referente para otras rentas
excepto en el caso de las prestaciones sociales. El 31 de enero de 2005, esta
comisión de expertos entregó un informe de 158 páginas que, según el diario El
País del 1 de febrero, “propone una difícil tarea: dotar de mayor
flexibilidad a las empresas para adaptarse a su entorno y a la vez incrementar
la protección de los trabajadores”.
El 20 de mayo Zapatero se reunió
con Fidalgo, por CCOO, y el 25 con Méndez, por UGT. El 8 de julio se produjo la
reunión de Zapatero con la CEOE, UGT y CCOO, reunión que estuvo precedida por
la emisión, el día anterior, de las recomendaciones de la OCDE para que España
pusiera en marcha reformas laborales en el sentido de que el INEM se convierta
en “instrumento de una política de obligaciones reciprocas” que, en palabras
Raymond Torres, jefe de la división de análisis laborales de la OCDE, se debe
concretar en “ayudar activamente al parado a encontrar otro trabajo y mantener
una vigilancia muy dinámica de todas las posibilidades de casar a los
demandantes de empleo con las ofertas que puedan existir”[xxxvi];
la creación de un “fondo para despidos” que facilite la movilidad geográfica de
los trabajadores y la potenciación del empleo a tiempo parcial.
En el temario de la reunión del
Presidente con el dirigente de la patronal y con los de UGT y CCOO estaban, en
efecto, las cuestiones de la contratación temporal, el aumento del empleo, el
‘impulso’ a los políticas activas de empleo, la cuestión del salario mínimo y
la negociación colectiva entre otras. Tras esta reunión se han representado,
por parte de la CEOE y de algún miembro del gobierno, papeles diferentes, todos
ellos conducentes a la misma conclusión: la necesidad de rebajar las conquistas
y derechos de los trabajadores. El 2 de febrero se produjo, por fin, la última
reunión entre Zapatero y los representantes de la CEOE, UGT y CCOO. Todos ellos
aceptaron el ofrecimiento de Zapatero de trabajar en común de cara a llegar a
un pacto social, la próxima primavera, centrado en tres cuestiones esenciales:
reforma laboral, futuro de las pensiones y desarrollo de la Ley de Dependencia
(destinada a ‘mejorar’ los servicios sociales de las personas dependientes).
Fidalgo ‘reveló’ que el Gobierno se había comprometido a hablar con una única
voz de cara al diálogo social puesto que a la reunión, además del representante
de la Cepyme y Caldera, asistió Solbes. Antes de esta reunión, la CEOE había
estando presionando con la excusa de su rechazo a la aprobación de la cláusula
de revisión automática del SMI; la CEOE comunicó, el 4 de enero, que no
acudiría a la reunión prevista para iniciar la negociación sobre la renovación
del acuerdo de negociación colectiva para el 2005.
El lunes 28 de febrero la patronal
y los sindicatos (CEOE, UGT y CCOO) cerraban el texto definitivo del Acuerdo
Interconfederal de Negociación Colectiva para este año. La patronal había
prolongado las negociaciones con la excusa de no estar de acuerdo con la
revalorización del salario mínimo. El nuevo Acuerdo de Negociación Colectiva se
podrá prorrogar en el 2006 y básicamente confirma, de nuevo, las expectativas
de la patronal: moderación salarial basada en inflación prevista (2%), cláusula
de garantía salarial y productividad de modo que el documento reza así:
“afrontar cambios en las actuales estructuras salariales avanzando en una mayor
relación entre retribución y productividad.” La Comisión Ejecutiva Confederal
de UGT comentaba así, en comunicado de prensa del 3/3/05, el acuerdo: “El Comité Confederal entiende que con el ANC 2005 los interlocutores
sociales hacen una contribución muy importante al sistema productivo, a la
fluidez de la negociación de los convenios colectivos en favor de la defensa y
mejora de los derechos e intereses de los trabajadores, al incremento de la
productividad de las empresas y, en general, al clima de confianza y
estabilidad necesario para el desarrollo del crecimiento económico sostenible y
con cohesión social de nuestro país.”
(en Oriente Medio)
El 28 de marzo, Federico Trillo,
ministro de Defensa en funciones, aprobó duplicar el contingente militar
español ocupante en Afganistán con el visto bueno de la dirección del PSOE que
preparaba el debate de investidura. El 21 de abril Moratinos, recién nombrado
ministro de Asuntos Exteriores, visitó Washington para garantizar a EEUU que la
anunciada retirada de tropas ocupantes españolas en Irak se vería compensada
por su aumento en Afganistán, avispero en el que EEUU deseaba que participarán
más tropas ‘aliadas’. Moratinos negaba lo evidente: “Hemos hecho comentarios
para ver dónde se podría contribuir, pero no se ha hablado de compensaciones ni
se ha entrado en cuestiones de detalle.”[xxxvii]
El mismo día todos los partidos políticos representados en el Congreso de los
Diputados, excepto el PP, votaban a favor de la retirada de las tropas
españolas ocupantes de Irak y Cuevas calificaba la decisión de ‘legítima’: la
patronal española levantaba acta del magro resultado empresarial de la
intervención imperialista en Irak.
El 29 de abril, Zapatero asistía a
su primer acto ‘castrense’ como presidente del Gobierno, lo hacía en Badajoz y
flanqueado por los representantes más cualificados del nacionalismo españolista
en la Ejecutiva del PSOE, Rodríguez Ibarra y José Bono. El 9 de mayo, Bono
realizaba un viaje sorpresa, a la base del ejército español en Diwaniya, para
anunciar que las tropas ocupantes regresarían seguramente antes del día 27 de
aquel mes. El 13 el Congreso de los Diputados aprobaba una proposición no de
ley en apoyo a la decisión presidencial de retirar las tropas de Irak, lo hacía
con 185 votos a favor, 141 en contra (del PP) y cuatro abstenciones. La
proposición no de ley constataba en su texto que “En este tiempo no ha sido
posible lograr que Naciones Unidas asumiese el control político y militar de la
ocupación, ni es razonablemente previsible que lo pueda hacer antes del próximo
30 de junio.”, para continuar reafirmando “el compromiso de España con la
estabilidad” y “reiterar la firme decisión de las fuerzas políticas de lucha
contra todo tipo de terrorismo.” El 18
de mayo, Zapatero anunció por sorpresa, y por la tarde, que acababa de ordenar
la retirada de todas las tropas ocupantes en Irak a la “mayor brevedad
posible”. En la reunión de los ministros de Defensa de la Alianza Atlántica
celebrada en Niza los pasados 9 y 10 de febrero el Gobierno de Zapatero se
comprometió a ser el país que más contribuya a la expansión de la nueva fase de
ocupación de Afganistán por la OTAN. Repitiendo el compromiso de formar a
cuadros del ejercito y policía cipayos de Irak. ¿Por qué Afganistán? Porque
cuenta con el beneplácito de la ONU; Afganistán es el país en el que las tropas
imperialistas ocupantes cocinaron el puchero de unas elecciones amañadas a punta
de cañón no hace poco y en el que, no hace ni quince días (el 1 de marzo), el
presidente impuesto por estas elecciones amañadas nombró jefe de su Estado
Mayor a uno de los señores de la guerra más poderoso, Rashid Dostum,
acusado de numerosos crímenes de guerra por diversas organizaciones de derechos
humanos. La misma ONU se veía obligada a lanzar la voz de alarma, el pasado 21
de febrero, pues Afganistán ha logrado ser el quinto país más pobre del mundo;
Bassiouni (uno de los ‘expertos’ de la ONU destacados en Kabul) centraba
algunas cuestiones preocupantes: violencia contra las mujeres, sistema judicial
corrupto, impacto del narcotráfico.... todo ello bajo el paraguas protector de
los ejércitos ocupantes bendecidos por la ONU. El español tenía su puesto y
ahora aspira a uno de honor.
(en los enclaves africanos)
Al día siguiente de que Zapatero
anunciara la retirada de las tropas de Irak, Moratinos se entrevistaba en
Londres con su homólogo Straw para reabrir las negociaciones sobre Gibraltar,
“la última colonia en Europa”, sobre la base de pactar soberanía compartida en
un período de transición. La diplomacia española sigue con su costumbre de
evitar a toda costa hablar de las últimas colonias en el norte de África tan
cercanas a Gibraltar: Ceuta y Melilla. A pesar del intento de Moratinos,
Zapatero, que visitó Londres el 3 de junio tras visitar Berlín y París, no
consiguió nada al respecto de su compañero, de Internacional Socialista, Tonny
Blair.
(en América Latina)
El
Gobierno Zapatero no sólo prometía compensar la retirada de Irak aumentando su
presencia en Afganistán. También escuchó atentamente la invitación de Ricardo
Lagos a intervenir en América: “Si el Consejo de Seguridad dice necesitamos
esto, los latinoamericanos debemos estar en condiciones de hacerlo. Punto uno.
Punto dos: la presencia de España en América Latina se vería fortalecida si en
una situación como ésta responde.”[xxxviii]
Se trataba de intervenir en Haití. El 27 de julio, el rey de Marruecos
respondía favorablemente al ofrecimiento de integrarse en el contingente
español de intervención en Haití. “ José Luis Rodríguez Zapatero ha insistido
en su compromiso de consultar al Congreso de los Diputados antes de ordenar el
envío de tropas españolas a Haití dentro de una fuerza de paz de la ONU, si
bien precisa que la opinión de los diputados españoles no será vinculante
“aunque sí de gran relevancia para la decisión final”. Trata así de
contraponer, en alguna medida, el proceder de su Gobierno con el seguido por el
Gabinete del Sr. Aznar en la guerra de Irak. Pues bien, mientras el presidente
español hacia estas declaraciones “han empezado a tomar cuerpo informaciones
que aseguran que desde hace varios días se encuentran en suelo haitiano más de
un centenar de ingenieros del Ejercito español sin que haya existido
notificación ni consulta previa al Congreso de los Diputados. Es decir, que las
tropas españolas ya están en Haití sin conocimiento ni autorización de sus
señorías.”[xxxix] El 9 de
octubre de 2004, el buque de asalto Castilla arribaba a puerto en Haití
y comenzaba las tareas de desembarco de los 200 infantes de marina y gran
cantidad de material bélico de comunicaciones.
(en los Balcanes)
El
Gobierno Zapatero tampoco ha tomado ninguna medida para retirar las tropas
españolas ocupantes en los Balcanes (1.915 militares) ni en Yibuti y Océano
Índico (Operación ‘Libertad duradera’, con 260 ‘efectivos’). El casi millar de
‘efectivos` ocupantes en Kosovo llevan ya el tiempo suficiente como para no
poder escapar a la responsabilidad de la situación que se vive allí ahora. El
24 de febrero el Consejo de Seguridad de la ONU discutía un informe de
situación en esta zona de los Balcanes en el que se levantaba acta: “la
situación es frágil” a causa de que la política desarrollada por el gobierno
salido de las elecciones del pasado octubre (otro guiso electoral ocupante),
“está agudizando la división étnica [...] limita su acceso [se refiere a las
minorías ‘étnicas’] a los servicios, las oportunidades de trabajo y la justicia
y, por lo tanto, sus oportunidades de vivir una vida normal”. El porcentaje de
población que vive con menos de dos euros al día es en Kosovo de casi el 48% y
la tasa de paro alcanza también casi a la mitad de la población en edad de
trabajar[xl].
(todo con el visto bueno de EEUU... dentro del ‘europeismo’)
Las
‘amistosas’ relaciones con el imperialismo estadounidense dieron un vuelco
espectacular a causa de la retirada de las tropas de Irak; retirada que era la
mínima concesión que la Monarquía podía hacer a las masas para salvar el
pellejo. Pero, ese vuelco, no le ha impedido al Gobierno Zapatero realizar
todas las gestiones necesarias para dejar clara la posición subordinada ante el
imperialismo dominante en estos momentos. El monarca realizó un viaje al rancho
de descanso del Presidente Bush haciendo de avanzadilla; no se sabe si, al
igual que con su ‘sobrino’ marroquí, habló también de negocios particulares con
un presidente que lleva a sus espaldas tan amplia experiencia en el campo de la
intermediación empresarial, tanto en el sector de la energía como en el de el
tráfico de armamentos, pero lo que sí se sabe es que el Rey, su Majestad Juan
Carlos de Borbón, con su acostumbrado estilo ‘campechano’ hizo lo posible para
que el ceño de Bush dejará de estar tan fruncido. Parece que le enseñó a decir
“hola amigo, ¿cómo estás?” como se demostró más tarde en Bruselas en el breve
saludo que Bush le dedicó a un Zapatero de mirada endulzada. Más concreto fue
el contenido de la entrevista que el ministro de Defensa, José Bono, tuvo en
Niza con su homólogo estadounidense,
Rumsfeld, el 9 de febrero. Aunque la
agenda de Rumsfeld sólo había encontrado un hueco de 20 minutos, la
conversación se alargó hasta cumplir la hora exacta; Bono y Rumsfeld acordaron
volver a reunirse en Washington antes del verano. También, en el mismo lugar y
fecha, Miguel Ángel Moratinos logró entrevistarse con su homóloga Condolezza
Rice, en este caso sólo durante cinco minutos.
Pero
lo más sustancioso y concreto es el motivo por el que Bono y Rumsfeld se
entrevistarán antes del verano: lo harán presidiendo el Comité Bilateral,
creado en el año 2001 con el objetivo de ‘definir’ las relaciones entre España
y EEUU en el ámbito de la defensa. Parece que el furibundo ‘europeismo’ tiene
que ser compaginado con los secretitos sobre defensa con la potencia
imperialista que intenta por todos los medios segar la hierba bajo los pies del
vacilante caballo imperial ‘europeo’. No podía ser de otra forma teniendo en
cuenta la posición del resto de imperialismo europeos que quedó, de nuevo, patente
en la visita que Bush realizó a Europa en la última semana de febrero. Si,
desde el Consejo Europeo, se afirmaba “que Bush venga a las instituciones de la
UE significa que considera que es mejor trabajar con la UE y que la UE sea
fuerte”, el secretario general de la OTAN, el europeo Hoop Scheffer, matizaba
la dirección de la relación al afirmar: “Una mayor integración europea que vaya
dirigida contra EEUU es un callejón sin salida porque acabaría en una Europa
dividida”[xli]. Los
contenidos reales de los mensajes, por parte de EEUU, fueron aún más claros en
la cuestión más candente en estos momentos, Irán. “Es vital que los iraníes
escuchen que el mundo habla con una sola voz”, esta voz es la de EEUU, con la
UE detrás directamente o a través de la OTAN.
... económico
España:
de país invadido por las multinacionales a país.... inversor
En Chile hay implantadas
cuatrocientas empresas españolas con una inversión que alcanzaba en el 2004 los
9.678.121.000 dólares. Las inversiones en los sectores de la electricidad, gas,
agua y servicios suponían casi el 80% del total.
Mondragón Corporación Cooperativa
cuenta con 6 plantas industriales en China ( autobuses Irizar, Fagor, de
aparatos de gimnasia y tiendas de campaña y seguridad de electrodomésticos) que
facturan 27,5 millones de euros y emplea a 1.150 trabajadores. Tiene marcado el
objetivo de realizar el 15% de su producción exterior en China en este año.
Gas Natural tiene previsto, para
América Latina (sobretodo Barsil y México), un plan de inversiones entre 2004 y
2008 que alcanza los 1.270 millones de euros y confiesa, por boca de su
presidente Antoni Brufau que “desde el primer día estamos haciendo dinero, en
términos de retorno sobre capital.”[xlii]
Repsol poseía el 24,8% de la reservas probadas de América Latina, según datos
referidos al 2002; es la mayor empresa energética de la región. Repsol y Gas
Natural anunciaban el pasado mes de octubre que se disponían a ampliar su
cooperación, ya lo hacen en Argelia, en la explotación conjunta del gas a todo
el norte de áfrica y Oriente Próximo; el recién nombrado presidente de Gas
Natural Gabarró declaraba que “hoy no vislumbro ninguna fusión en la que
participe Gas Natural.”
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: FLUJOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, POR
ORIGEN, 1990-2000
(En
millones de dólares)
(Gráfico
extraído de: Ramón Casilda Bejar, “La
década dorada 1990-2000. Inversiones directas españolas en América Latina”)
Zapatero: coordinador, bajo la atenta mirada del
monarca, del lobby de las empresas imperialistas españolas
A mitad del mes de noviembre del
2004, Repsol YPF y Gas Natural, actuando conjuntamente como habían anunciado,
ganaban un concurso para la exploración, producción y comercialización de un
bloque de reservas de gas natural en la zona de Gassi Touil en Argelia; las
inversiones previstas, hasta el 2009, son de 1.628 millones de euros. Los
ejecutivos de estas dos empresas debieron escuchar con especial placer la
palabras de Zapatero en la rueda de prensa posterior a la segunda cumbre
hispano-argelina celebrada en Madrid. Con ello se daba continuidad a la
política comenzada por el gobierno del Sr. Aznar, pero con el talante de una
“hermandad energética” en palabras de Zapatero. Y nunca mejor dicho aunque
puede que la relación más exacta no sea la de la hermandad. Pero hubo más que
lobby a favor del gran capital ‘energético’ español. También se llegó a un
acuerdo para suministrar material ferroviario y para ‘colaborar’ en la
construcción y gestión de puertos y tráfico aéreo; para cerrar la colaboración
se creó un grupo de cooperación judicial y antiterrorista. El gran perdedor de
esta continuidad, y profundización, del apoyo a las empresas imperialistas
españolas en el Magreb sigue siendo el pueblo saharaui y, por los mismos
motivos, las clases obreras y los campesinos de Argelia y Marruecos.
Los “grandes” aplausos que Su
Majestad el Rey don Juan Carlos recibió, el 18 de enero de los miembros de la
Cámara de Representantes y de los de la Cámara de Consejeros del Parlamento de
Marruecos, respondían a la promesa implícita que las palabras del monarca
contenían sobre el futuro del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui,
de ninguna otra forma puede interpretarse la frase: “España tiene especial
interés en ayudar a acercar posiciones para conseguir una solución consensuada,
justa y definitiva, negociada por todas las partes concernidas, en el marco de
la legalidad internacional y de los esfuerzos de las Naciones Unidas”[xliii];
ninguna referencia al referéndum, con lo que se demuestra que el referéndum era
un callejón sin salida o, más exactamente ahora, con una única salida que es,
precisamente, el retroceso y la vuelta a la opresión bajo las garras, ahora, de
la monarquía alahuita. . El 13 de octubre de 2004, el ministro Moratinos, en su
visita a Marruecos, ya había asegurado a Mohamed VI el apoyo del imperialismo
español a su monarquía particularmente en la cuestión del Sahara. El 19 de octubre
el comité de descolonización de Naciones Unidas aprobó, por 52 votos y 89
abstenciones, una nueva resolución sobre Sáhara Occidental respaldando el plan
Baker pero abriendo una nueva fase. Lo importante a señalar: los países
europeos optaron por la abstención... España entre ellos. Al mes siguiente
Marruecos hacía pública la licitación de 56.000 hectáreas de terreno agrícola y
su decisión de presentar el concurso en España, Italia y Francia. El concurso
está evidentemente destinado al gran capital como dejan claro las condiciones y
como explicaba Joan Brusca, portavoz del sindicato agrícola Unió-Coag. Decía:
“los agricultores medianos y pequeños difícilmente vamos a invertir en un
concurso que sólo es accesible a grandes empresas”[xliv].
Telefónica es el mayor inversor
exterior en Brasil y Argentina. El BBVA posee el primer banco privado de
Latinoamérica (Bancomer de México). En noviembre se conocía el acuerdo sellado
entre Repsol YPF y PDVSA (Petróleos de Venezuela) para crear la primera empresa
mixta en dicho país. No es de extrañar que el Gobierno Zapatero crease en
octubre del año pasado un foro empresarial destinado a velar por los intereses
imperialistas de las grandes empresas españolas en Latinoamérica; “No se trata
de un foro cualquiera. En el mismo participan, por parte de la Administración,
el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica [...] el
secretario de Estado de Turismo y Comercio [...] y el director general de
financiación Internacional del Ministerio de Economía [...] Las empresas se
encuentran representadas por altos ejecutivos como consejeros delegados,
directores generales..”[xlv]
Las compañías representadas son: Telefónica, Repsol, Gas Natural, BBVA, Banco
Santander, las eléctricas Endesa, Iberdrola y Unión FENOSA, Agbar, Prisa, Sol
Melià y ACS”. Por cierto que los
presidentes de Telefónica, Respsol-YPF, Endesa y BBVA fueron nombrados por el
PP y cuentan con la garantía del Gobierno Zapatero que se aprestaba a
adelantarse, el mismo 16 de marzo y por boca de Sebastián, “El PSOE mantiene un
principio de no injerencia política en las empresas que impide cualquier
actuación sobre determinados cargos de empresas privatizadas.”[xlvi];
pero, si la dirección del PSOE cambiara de idea, siempre les quedan los
contratos blindados que son la versión invertida de la tan exigida, a la clase
obrera, flexibilidad laboral.
Maragall
no le quiere ir a la zaga a su compañero de partido
Pero no sólo el gobierno Zapatero
sostiene y forma directamente lobby a favor de las empresas imperialistas.
Desde Madrid se hace, sobretodo, a favor de las grandes empresas imperialistas
españolas... desde Barcelona se hace a favor de las empresas medias. El
Gobierno de Maragall, el ‘tripartito’ entre PSC (PSOE), ICV (IU) y ERC tiene
estructurado un Consorcio de Promoción Comercial de Cataluña que se está
encargando de trabajar, junto a otros organismo del gobierno catalán, para que
las empresas catalanas puedan deslocalizar producción con ayuda pública (es
decir realizar inversiones en el extranjero con ayuda del gobierno catalán).
“La idea de crear esos polígonos ha surgido en paralelo con la de varias
patronales y las empresas de los sectores más punteros”[xlvii],
afirmaba el conseller de Comercio de la Generalitat de Catalunya refiriéndose a
la incentivación de la creación de polígonos industriales en Europa del Este y
en el Magreb. El Presidente de la patronal, Pimec, declaraba más claramente:
“la idea es competir por costes”, de entre ellos sobretodo el coste del suelo y
el de los salarios.
la
socialdemocracia española y los nuevos gobiernos ‘progresistas’ en
Latinoamérica
Zapatero comenzó, el pasado 24 de
enero, una gira de tres días por Latinoamérica claramente destinada a presionar
a favor de las inversiones en la zona de las grandes empresas imperialistas
españolas. A Venezuela no fue, dejando este trabajo a Bono, por consideraciones
‘políticas’ pero mimó especialmente Argentina, Brasil y Chile, que representan
el 83% de las inversiones españolas en la zona (sólo superadas por EEUU). Todo
ello barnizado con el tamiz de la sintonía entre gobierno ‘progresistas’ (Lula,
Kirchner y Lagos) añadiéndole alguna guinda de lucha contra la pobreza y a
favor del desarrollo. Zapatero declaraba en Argentina: “El made in Spain
debe ser sinónimo de calidad, pero también de compromiso con el desarrollo.”[xlviii]
Todos ellos parecen haber olvidado que el grueso de las inversiones se han
realizado mediante la compra, a precio de saldo, aprovechando la oleada de
privatizaciones que comenzó en los años ochenta. Para entender aún mejor la
importancia y el significado de este trabajo imperialista del gobierno, es
necesario tener en cuenta que los seis primeros valores del Ibex 35 de la Bolsa
española (formado por 35 ‘valores’, empresas) son Telefónica, Santander, BBVA,
Repsol, Endesa e Iberdrola, y que estas seis empresas controlan el 70% de la
evolución de la Bolsa. El 19 de febrero el ministro Bono, de visita ‘discreta’
en Venezuela, lograba un contrato de
compra de armamento por valor de casi 1.000 millones de euros (cuatro corbetas
y seis aviones de transporte C-295). La vicepresidenta del gobierno afirmaba,
en rueda de prensa, que en esta visita
‘discreta’ se había concretado: “un protocolo de cooperación militar en materia
de defensa de alto interés económico para los astilleros y empresas aeronáuticas
españolas”[xlix].
‘ayuda
al desarrollo’ ¿cómo?
Muchas ONG saludaron el triunfo de
Zapatero como una victoria propia. Y tenían razón sólo que, al igual que con la
clase obrera, la dirección socialdemócrata también les expropiará esta
victoria... al menos a las pocas ONG’s que no están instrumentalizadas como
caladeros de clientelismo político, instrumentos de desgravación fiscal del
gran capital, grupos de presión de la Iglesia Católica, etc.. A fines del mes
de febrero se aprobó el Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008, el
compromiso del gobierno es aumentar la ayuda oficial al ‘tercer mundo’ desde el
0,23% del PIB al 0,5% en el 2008. ¿El 0,7% cuándo? ¡En la próxima legislatura!
Pero no sólo eso sino que el contenido de la ayuda al desarrollo sigue
enmarcándose en capítulos que traducen la ayuda en comercio injusto pura y
llanamente. Los FAD (créditos al desarrollo) siguen como estaban, siendo
créditos para obligar a los países subdesarrollados a engordar la deuda y las
compras a favor de los países imperialistas... entre ellos la querida España
socialdemócrata.
...
y ‘social’
En la primera semana de noviembre
del 2004, Jaime Montalvo, presidente del Consejo Económico y Social, realizaba
una gira por Latinoamérica. Le acompañaban representantes de la patronal, de
las cúpulas sindicales reformistas y de la ‘economía social’. La cabeza de
playa de esta incursión de la delegación por el ‘dialogo social’ del
imperialismo español era Lima. El objetivo era concretar los siete precedentes
años de trabajo de lobby en la creación del CES de la Comunidad Andina, que
englobaría a Perú, Venezuela, Colombia, Bolivia y Ecuador; también la creación
de un ‘Observatorio laboral’ para el estudio del ‘mercado de trabajo’, que es
como decir para que la patronal realice estudios encaminados a rentabilizar
mejor la fuerza de trabajo de las clases obreras y campesinos de estos
países. Montalvo explicaba que “en
Latinoamérica piensan que el clima de diálogo social ha ayudado mucho a
construir nuestra democracia y fortalecer [sic] nuestra economía”[l].
El CES es un instrumento básico del control del estado español sobre los
sindicatos, es decir: el marco de colaboración de clases idóneo para la
burguesía (con una composición que presume de paritaria pero en la que, realmente,
los representantes directos de la burguesía están en mayoría) . Los dineros públicos con que se financia el
CES también están sirviendo para ‘ayudar’ a las burguesías (es decir a sus
estados) mejicana, chilena y Argentina (esta última con la que el CES español
lleva un proceso específico). Estos movimientos de lobby imperialista español
quedan al descubierto claramente por su propio desarrollo pero aún más teniendo
en cuenta que la propia ONU, tan querida por el Gobierno Zapatero, tiene su
propio Consejo Económico y Social en el
interior del cual existen comisiones diversas, entre ellas
‘regionales’. ¿Qué necesidad tiene el estado español de llevar a cabo a través
de su propio CES una tarea en América si la ONU ya la hace? De nuevo la respuesta
está clara: la política del gobierno Zapatero es la política de la continuidad
en la gestión de los intereses del gran capital imperialista español.
¿La ‘seguridad’ no era de ‘izquierdas’? accidentes laborales
De acuerdo con un estudio
realizado por CCOO, en el año 2003 se
registraron 1.700.000 accidentes de trabajo de los que resultaron 1.033 obreros
y obreras muertos. En el 2004, se produjo un descenso de los accidentes
mortales (946) continuando con la tendencia comenzada en el 2002 a un suave descenso
anual, pero: “Con la cifra total de accidentes (leves, graves y mortales) ha
ocurrido lo contrario. La reducción en 2004 ha sido algo menos significativa
que en 2003”[lii]. Según los
datos presentados por el diario El País, con fuente en el Ministerio Trabajo
y CCOO, los accidentes en el desplazamiento al puesto de trabajo (in itínere)
aumentaron, al pasar de 77.728 en el
2003 a 93.287 en el 2004 (de ellos 452 y 510, respectivamente, mortales).
Además, del total de estos accidentes mortales, dos tercios los sufren
trabajadores temporales cuando éstos aún suponen sólo un tercio del total de
trabajadores.... la relación causa efecto entre grado de explotación,
condiciones de trabajo inferiores y accidentes laborales continúa siendo
evidente por mucho que aún existan jueces capaces de penalizar a un trabajador
accidentado por “exceso de celo en su trabajo” (sic) como lo hizo, el pasado
mes de noviembre, un juez de Barcelona, absolviendo al mismo tiempo a los seis
empresarios responsables (subcontratas y subcontratas); el albañil en cuestión
quedó parapléjico a causa de una caída desde una altura de cinco metros, los
empresarios se dieron prisa en pactar con él una indemnización (y lo hicieron,
seguramente, porque sabían que eran inocentes) pero el titular del Juzgado de
lo Penal número 2 de Barcelona decidió que si el empleado no llevaba casco, ni
tampoco habían instaladas redes de protección era porque este trabajador
demostraba un excesivo celo, sólo que, a pesar de las palabras de la sentencia,
sería para no perder el trabajo. El 13 de enero un accidente laboral en Burgos,
causado por tener el almacén de materiales y los vestidores sin separación y,
además, ilegalmente situado en la planta baja de un edificio de viviendas,
acabó con la vida de ocho trabajadores de la construcción y dejó gravemente
heridos a otros cuatro. El 21 de febrero un albañil resultó muerto y otros
siete heridos de diversa consideración al desplomarse la estructura de una de
las obras de ampliación del metro de Madrid. El trabajador ecuatoriano
fallecido estaba contratado, temporalmente, por una de las muchas subcontratas
de Ferrovial. El 19 de enero se había realizado una visita a la obra por parte
de la Comisión de Seguridad formada por sindicatos y empresas, entre las
observaciones que hizo esta comisión está esta: “Se observó a unos trabajadores
montando cimbra que no tenían la formación adecuada (eran encofradores)”[liii].
De nuevo queda claro para qué sirve firmar acuerdo con la patronal, otra vez la
patronal escribe con la sangre de los obreros su opinión sobre qué es eso de la
I+D: si no es más explotación a costa de las condiciones de la clase obrera...
no interesa.
¿La ‘seguridad’ de ‘izquierdas’ tiene que traducirse en permanente riesgo de pérdida del trabajo?
El Consejo Económico y
Social aprobó el pasado 22 de diciembre un informe, elaborado a instancias del
ministerio de Trabajo para estudiar la incidencia de la temporalidad en el
sector público. España es el país, de
la UE de 25, con una tasa más alta de temporalidad entre los trabajadores de
las administraciones públicas. Casi la cuarta parte de los trabajadores del
sector público están contratados en precario doblando la tasa de temporalidad
que existía en 1987 y habiendo aumentado desde el 16,1% de 1995 hasta el actual
22,4%. El acuerdo entre las cúpulas sindicales de la administración pública de
CCOO, UGT y CSIF, del pasado mes de septiembre, que estipulaba un máximo del
100% en la tasa de reposición del personal, no podrá de ninguna manera
contrarrestar esta realidad, si es que llega a aplicarse realmente. Pero el
regalo inicial de 54,6 millones de euros a la banca para el Fondo de Pensiones
de la Administración del Estado es ya, desde el paso mes de julio, una realidad
que se va extendiendo a los trabajadores de la administración autonómica y
local entregando parte de su salario diferido al albur de la especulación
financiera. La tasa de temporalidad entre los trabajadores del sector privado
alcanza el 32,3%. Un estudio realizado por encargo de la Fundación
Alternativas, lo que equivale a decir nada sospechoso de sesgo proobrero,
cifraba, en el mismo mes del año pasado, la tasa de temporalidad en la
agricultura y ganadería en el 61,2%, en la construcción en el 56,6%, en el
‘servicio’ doméstico en el 48%, en el sector del cuero, marroquinería y calzado
en el 47,2%, en la hostelería en el 37,7%, en los productos metálicos en el
29,6%....
En cuanto al paro, según datos del
Ministerio de Trabajo del 2 de marzo, se evidencia que el ritmo de descenso de
trabajadores en paro se enlentece. El diario El País, que recogía los
datos el 3 de marzo, los comentaba así: “La bajada [del número de parados en el
mes de febrero respecto a enero] es inferior a la de febrero de 2004 (10.074
personas) y sitúa el número de parados en 1,7 millones. El paro crece entre las
mujeres y los jóvenes”[liv].
Comparando con el año 2004, el descenso en febrero de este año sólo alcanza el
60% del año pasado. Por otra parte, la construcción (sector inmerso en una
burbuja que amenaza cada vez más con estallar) sigue siendo el sector que mayor
aportación hace al descenso del paro representando el 63% de la caída mensual
del desempleo, “según señala UGT”. El balance para el año 2004 completo es
parecido: “España creó 461.300 nuevos, una cifra algo inferior a la del mismo
período de 2003 (484.700)”[lv];
con una población activa, según datos de la Encuesta de Población Activa, de
19.330.400 millones, la ocupada sobrepasó un poco los 17 millones y la parada
no bajó de los dos millones. Según datos del INEM, los nuevos contratos
realizados en el 2004 se repartieron entre un 8,6% de indefinidos y un 91,3 de
temporales.
La
explotación de la clase obrera sigue aumentando
Según datos del Banco de España,
referidos al año pasado, el 55,5% del salario medio anual de los españoles está
destinado a la devolución de prestamos hipotecarios. El estudio no desagrega
por clases sociales pero es evidente que entre la clase obrera este porcentaje
debe ser muy superior.
A partir de datos del Ministerio
de Trabajo, hechos públicos en diciembre de 2004, queda claro que la
negociación colectiva del año pasado repercutió en una moderación salarial que
supuso que la subida salarial media (que fue del 2,9%), en los convenios
registrados en 2004, fuera inferior a la inflación (que en noviembre se había
situado en el 3,5% interanual y acabó el año en el 3,2%); aunque al hablar de
inflación o del IPC es necesario desagregarlo concretando en qué partes de la
cesta de la compra incide más; el del 2004, por ejemplo, contenía una subida
del 4,1% en los alimentos elaborados; del 5,5% en tabaco, del 4,2% en enseñanza
y, por fin, del 6% en transporte. La juventud, la clase obrera obligatoriamente
debe alimentarse y desplazarse para trabajar. Es evidente que una inflación del
3,2% incide en un porcentaje mayor en la juventud y clase trabajadora.
A pesar del aumento de julio, y
del acuerdo alcanzado entre Gobierno, sindicatos y patronal el 27 de diciembre
de 2004 (que fijó un aumento del 4,5% para el 2005 situándolo en 512,9 euros),
el salario mínimo interprofesional sigue siendo el segundo más bajo de la UE de
los 15. Pedro Solbes, de quien tan buena opinión tiene Fidalgo como ya hemos
visto, verbalizó la imposibilidad de cumplir la promesa electoral de alcanzar
los 600 euros para el SMI en estos términos en un programa de radio “Me
preocupa que un sistema excesivamente automático tenga un impacto negativo
sobre el crecimiento de los salarios y, por tanto, sobre competitividad y
empleo”[lvi].
La CEOE unida al ‘independiente’ Solbes el mismo 12 de enero, se posicionó
públicamente en contra de los aumentos automáticos del SMI aprobados por el
último Consejo de Ministros del 2004 a partir del 2008, para protegerlo frente
a la inflación, y dio por agotadas la subidas con la pactada en diciembre.
Según la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares que elabora el INE[lvii],
aún más de la mitad de los hogares (el 55%, es decir casi ocho millones de
familias) sigue teniendo dificultades para llegar a fin de mes, el 11,7% tiene
‘muchos problemas’ frente a un exiguo 1,26% que llega con ‘mucha facilidad’; el
37,9% pudo ahorrar algo mejorando respecto al año 2003 en que sólo lo pudo
hacer el 34,5%... pero esta mejora se ha hecho a costa del consumo que se ha
estabilizado. El endeudamiento de las familias es ahora el doble que el registrado
en 1998, la deuda media por familia es de 39.000 euros y ha aumentado, en el
2004 respecto al año 2003, en un 18% . No es de extrañar que la encuesta
financiera de las familias, realizada por el Banco de España, arroje como
resultado que los empleados por cuenta propia detentan una riqueza que duplica
a la de los asalariados aunque aquellos sólo representen el 11,4% de los
hogares estudiados. En primer lugar hay que matizar que incluso dentro de la
categoría de ‘hogares con cabeza de familia empleado por cuenta propia’ se
darán disparidades que no podemos saber a falta de la desagregación de datos (a
tener en cuenta que, con la actual política de destrucción de plantillas, buena
parte de los ‘autónomos’ son simples asalariados sin derechos de convenio). Los
datos brutos, hechos públicos por el Banco de España en noviembre del 2004, son
los siguientes: la media de riqueza de los hogares encabezados por un
‘trabajador’ por cuenta propia es de 327.300 euros, la de los asalariados de
130.000[lviii];
la deuda de los hogares con cabeza de familia ‘trabajador por cuenta propia’
sólo representa un 14% de la riqueza que poseen frente al 22% que supone la
deuda de los asalariados frente a la riqueza que poseen.
…los beneficios también
Frente a este empeoramiento de la
situación de los trabajadores “Las empresas cotizadas en Bolsa repartieron el
pasado año entre sus accionistas 14.174,6 millones de euros, lo que supone
duplicar lo que se pagó en el 2000 y marca un récord en el volumen de
dividendos.”[lix] Este dato
aún es más preciso si se tiene en cuanta que sólo 42 euros de cada 100 euros de
los beneficios obtenidos se destinaron a repartir dividendos. A los accionistas
se les transfirieron más beneficios también, como se hace normalmente, mediante
la entrega gratuita de acciones resultado de ampliaciones de capital. El
beneficio de los grupos bancarios consolidados (que tiene en cuenta también a
las filiales latinoamericanas) creció en septiembre del 2004 un 36%; parte
nutricia de esto beneficios están siendo las ‘comisiones’ (que recaen
sobremanera en las economías de asalariados y jubilados) que, si en 1984
suponían el 12,8% de los ingresos, en el 2004 supusieron el 29,8%. El beneficio
ordinario de las empresas no financieras subió, desde enero a septiembre de
2004, un 18,6%[lx], gracias al
aumento del consumo y el descenso de gastos de personal (es decir, salarios
puesto que el gasto medio por trabajador se había reducido desde el 3,7% de
2002 al 3,2% del 2004).
Según estimaciones del BBVA el
0,16% de los contribuyentes españoles poseen el 27% de los depósitos bancarios.
y los impuestos contra la clase obrera se mantienen
Los impuestos recaen
mayoritariamente sobre la clase obrera, sobre los asalariados que ni pueden
‘escapar’ al IRPF ni pueden evitar el IVA. Zapatero prometió en su programa
electoral, y reiteró en su discurso de investidura, una reforma fiscal radical en las plusvalías. Pero Pedro Solbes
ya rectificó en junio del 2004 afirmando, ante empresarios reunidos por el diario
Cinco Días, que “hacer cambios en tiempos de mudanza no es la mejor de
las opciones”. La concreción de las promesas electorales vino en diciembre
cuando el Gobierno aprobó las nuevas
retenciones del IRPF para el año 2005. Frente a la promesa electoral de
‘limpiar’ el IRPF del efecto de la inflación “el Gobierno sólo descontará la
inflación prevista (2%) cuando el índice de precios de consumo (IPC) va ya por
el 3,5%, según los datos de noviembre”[lxi].
El caso Ízar: como Zapatero cumple sus promesas a los obreros
El 2 de marzo se escenificó en la
sede de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales en Madrid el
triunfo de la división de las luchas de la plantilla de Ízar, realizado en
comandita por la SEPI, UGT y CCOO. Seis astilleros (Ferrol, Fene, Cartagena,
Cádiz, Puerto Real y San Fernando) se segregan de Ízar para formar Navantia,
que se presentó en sociedad ese día. Navantia será una empresa de construcción
de buques de guerra que contará con un 20% de plantilla de ingenieros. La clase
obrera, por más aristócrata que sea, va siendo expulsada de las grandes
empresas y tiene que acceder al trabajo a través de subcontratas mientras los
‘ingenieros’ siguen aumentando su poder. El próximo mes de abril comenzará a
negociarse con los mismos sindicatos que ya han destruido toda posibilidad de
defensa, la venta de las fábricas de Gijón, Sestao, Manises y Sevilla.
Los
primeros Presupuestos de Zapatero: no es tiempo de mudanzas
El 28 de septiembre, Pedro Solbes
presentó los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005. El 27 de
octubre estos Presupuestos fueron aprobados por el Congreso de los Diputados
con 180 votos a favor (PSOE, ERC, Izquierda Verde) y 157 en contra (PP, CiU,
PNV, BNG, EA y Nafarroa Bai). El tan cacareado giro social que representaría
los nuevos presupuestos se quedó en... unos presupuestos que prevén, de nuevo,
superávit a costa del de la Seguridad Social (es decir de los salarios
diferidos de los trabajadores). La previsión es un déficit del 0,5 % en el PIB,
compensando con un superávit del 0,7 % en la Seguridad Social (otra vez más el
salario diferido de la clase obrera financiando al estado burgués), lo que
arrojaría un superávit total del 0,1%. José A. Herce, director de FEDEA y
profesor de la Universidad Complutense, se alegraba de la continuidad de estos
presupuestos con los del PP mofándose, de paso, de IU en su apoyo a los
presupuestos, en base a que representan un ‘giro social’: “Es, para mí,
cuestionable que estos aumentos representen el ‘giro social’ que se comenta por
ahí [...] Un ‘giro social’ como el que algunos tienen en mente haría estallar
las costuras del presupuesto y provocaría una paralización de la sociedad y la
economía. De manera que, señor Rodríguez Zapatero, siga también así, con gestos
presupuestarios pero sin inflar la cosa.”[lxii]
Si el 22 de diciembre el Senado había levantado el veto a la aprobación de los
Presupuestos Generales, al día siguiente el Consejo de Ministros aprobaba un
macroproyecto de infraestructuras a fin de mantener en marcha el motor del
crecimiento basado en la construcción. Este macroproyecto prevé la inversión de
241.392 millones de euros hasta el 2020, millones que serán aportados en un 60%
por los Presupuestos Generales, para beneficio de las grandes constructoras, y
el resto directamente por el sector privado. Esta fue la primera gran
iniciativa del Gobierno Zapatero en el terreno económico, bastante alejada de
un cambio de modelo en la economía puesto que no hace más que seguir los pasos
marcados por el Gobierno del Sr. Aznar
El 1 de febrero el Banco de España
avanzó datos globales sobre la
evolución de la economía española en el 2004. El Banco de España estima un
crecimiento del 2,6% para el conjunto de la economía en el año pasado, crecimiento
que estuvo basado en el la demanda interna que creció por encima del 4%; esta
demanda interna estuvo alimentada, sobretodo, por el consumo y por la inversión
(particularmente de nuevo la construcción y en cierta medida por la inversión
en bienes de equipo que ‘despegaron’ un poco respecto a los años anteriores); el
talón de Aquiles vuelve a ser el déficit comercial ya que la mayor importancia
de las importaciones frente a las exportaciones restó 1,5 puntos al crecimiento
global. Estos datos es necesario precisarlos con algunas de las consideraciones
que, en el mismo informe, hacía el Banco de España: la vivienda sigue
aumentando sus precios (17%) pero el endeudamiento de las familias aumenta aún
mas (20%), el mismo organismo confiesa que no atisba indicios de una
desaceleración del precio de la vivienda y advierte del peligro de que este
hecho haga caer el consumo (que, recordemos, tanto ayudó al exiguo crecimiento
del 2,6%), mucho más teniendo en cuenta que las tasas de ahorro alcanzaron
niveles negativos en el último trimestre del año y que, también en el último
trimestre, la débil recuperación de la inversión en bienes de equipo se frenó.
En ese mismo último trimestre se produjo “cierta corrección del desequilibrio
exterior en la recta final del año”. Pero el problema está en que esa
corrección fue debida, únicamente, a la menor inversión en bienes de equipo y
al turismo. Los resultados definitivos, hechos públicos el 23 de febrero, no
han cambiado sustancialmente el avance aquí reseñado. El déficit comercial ha detraído
1,7 puntos al PIB en lugar de los 1,5 previstos, el PIB global creció 2,7% en
lugar del 2,6% previsto, la productividad avanzó 0,6% (una décima menos que en
el 2003).
La minería del carbón, en
permanente proceso de ‘reconversión’, tendrá que afrontar este próximo año la
traducción del Protocolo de Kioto en el Plan Nacional de Asignación de
Emisiones 2005-2007. Suenan tambores de la patronal sobre la dificultades que
tendrá para asumir las obligaciones que el plan les impone que, según ellos, hará
peligrar 11.430 puestos de trabajo (la mitad en Asturias). Lo que parece
evidente es que la tendencia a la disminución del consumo del carbón nacional
(cifrada en un 7% desde 1996 hasta el 2003) estará acompañada del aumento de la
importación del mismo material (que, para el mismo período. creció en un 135%).
En el sector del textil también se presentan nubarrones para los trabajadores
puesto que el 1 de enero entró en vigor la liberalización del sector acordada
por la Organización Mundial del Comercio. En estos momentos este sector da
trabajo a 243.000 personas. “En el mejor de los casos la liberalización
acarreará la destrucción de 72.000 empleos hasta 2010.”[lxiii]
Continua la pérdida de inversiones
directas extranjeras que lleva tres años de retrocesos y que, en el 2003 (según
datos hechos públicos por Eurostat en agosto de 2004), alcanzó un 40% de
retroceso (este fenómeno afectó también a los países de la UE pero el retroceso
en ellos sólo alcanzó el 15%). El 40,5% de esta inversión disminuida se destinó
a la compra de viviendas. Si en el año 2000 la inversión extranjera en
sociedades (empresas) representó el 6% del PIB en el 2003 sólo alcanzó el 1,4%
según estimaciones de La Caixa en el mes de abril pasado. Es preciso relacionar
este hecho con el elevado endeudamiento de las familias y el peso que el
consumo, apalancado en este endeudamiento, tienen para comprender el alcance de
la advertencia hecha por Julio Rodríguez (economista, estadístico y ex
presidente del Banco Hipotecario): “... la sobrevaloración de los activos
inmobiliarios tiene más riesgos que la de los activos bursátiles. El efecto
riqueza descansa mucho más en este caso en el endeudamiento que en lo se
refiere a las acciones [...] La
orientación básica de la política económica [...] debería ser la mejora de la
posición competitiva de España en la economía mundial y la reducción de la
dependencia del crecimiento respecto de la construcción residencia y de unos
activos revalorizados.”[lxiv]
Pero la tendencia de la economía española es a la pérdida de competitividad; en
mayo de 2004 el Índice de Tendencia de la Competitividad[lxv]
señalaba un caída del 5,3% (hay que retroceder a 1990 para encontrar una caída
peor); respecto a los doce países de la Eurozona la caída era del 2,4%
(quitando argumentos a los que explican la caída por la fortaleza del euro);
esta pérdida de competitividad repercute en la producción industrial que, según
Ángel Laborda (director de coyuntura de FUNCAS) “... viene situándose por
debajo de la media de la eurozona, a pesar de que las empresas españolas se
benefician de un crecimiento de su mercado doméstico mucho mayor que sus
competidoras europeas”[lxvi].
Según datos del Ministerio de Industria, conocidos el pasado mes de enero,
España perdió 4,4 puntos de competitividad en el 2004 habiendo acumulado en los
últimos 10 años una pérdida de 12
puntos frente a sus socios europeos.
Uno de los recursos más usados
para intentar hacer aceptar a la clase obrera más flexibilidad en sus
condiciones laborales y salariales es que, a cambio, la patronal tendrá en
cuenta la necesidad de invertir en I+D. Esta falta de inversión en desarrollo e
investigación justifica, también, la pérdida de competitividad, pérdida que,
a su vez, se deriva del escaso
crecimiento (o pérdida) en la productividad del trabajo. Ya hemos señalado como
las inversiones de capital extranjero en España están dirigiéndose al sector de
compra de vivienda y abandonando a marchas forzadas los sectores de la
producción industrial. El último informe del Banco de España al respecto añaden
más datos, de los enumerados arriba, que confirman esta tendencia. La inversión
de capital extranjero ha caído de 40,7 millares de millones de euros en el 2000
a 22,7 en el 2003. La compra de acciones no cotizables en bolsas, es decir de
empresas alejadas de la especulación bursátil, alcanzó los 17,5 millares de
millones de euros en el año 2000 para bajar al mismo valor (-17,5) pero
negativo en el 2002. Lucía Abellán, que
comentaba estos datos en el diario El País del 14 de marzo, señalaba
como explicación a esta tendencia “España ya no puede competir en esas condiciones [los bajos costes de
producción] basadas en costes laborales ínfimos, pero tampoco ha desarrollado
suficientemente su capacidad de innovación como para ser receptora de proyectos
más sofisticados”, es decir con un mayor ‘valor añadido’ en investigación y
desarrollo que permita al capital extraer una mayor tasa de plusvalía relativa.
Pero el gasto español en innovación y desarrollo ha crecido entre 1998 y 2003
en un 7,6% de media anual frente a la media, en el mismo período, de un 4% que
registraron los 25 países de la UE, según datos de Eurostat.
La productividad de la economía
española sigue descendiendo desde 1995, durante la década 1985-1995 aumentó a
un ritmo del 1,5% (claramente insuficiente para recuperar el terreno perdido a
nivel internacional), para situarse en una media de crecimiento del 0,6% entre
1995 y 2003[lxvii]; la
acumulación de capital continua situada en el 67% de la media de los países de
la Eurozona. Pero, si se tiene en cuanta la productividad por hora trabajada (y
es importante hacerlo puesto que “En lo único que superamos con creces a la
media de la UE es en el número de horas anuales efectivamente trabajadas, que
es de 1.807, frente a sólo 1.623 de la UR, es decir un 11% más.”[lxviii]),
la productividad en España es 16 puntos inferior a la media europea según une
estudio del INE hecho público el pasado 9 de diciembre y, según la OCDE[lxix]
durante el período 1994-2003 su tasa de crecimiento ha sido la segunda menor
(tras México) de todos los países pertenecientes a este organismo.
Productividad
por ramas de actividad.2004
|
|
Productividad
por ramas de actividad.2004 |
|
|||||
|
|
Tasas de variación anual |
|
|||||
|
|
Agraria y pesca |
Industria |
Energía |
Construcción |
Servicios |
TOTAL |
|
|
PIB |
-0,6 |
2,2 |
1,7 |
3,7 |
2,8 |
2,7 |
|
|
Empleo |
-2,1 |
-0,8 |
-1,5 |
3,9 |
3,0 |
2,1 |
|
|
Productividad |
1,6 |
3,0 |
3,3 |
-0,3 |
-0,3 |
|
|
(Cuadro extraído de: Es
necesario un nuevo modelo de productividad que apueste por el empleo de
calidad, Comunicado de Prensa, del 23/2/05, de la Comisión Ejecutiva
Confederal de UGT)
COMPARATIVA DE TASA DE
VARIACION ANUAL DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL SECTOR DE ‘MANUFACTURAS’
(Fuente: El País, 5/3/05,
con fuente en AMECO y para siete países-zona)
|
País-zona/años |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
96-03 |
|
España |
2,1 |
-0,1 |
2,2 |
0,7 |
0,7 |
0,9 |
0,4 |
0,6 |
3,1 |
1 |
EEUU
|
5,6 |
3,5 |
6 |
4,4 |
5,5 |
6,8 |
-1,3 |
10,2 |
6,8 |
5,2 |
|
EU 15 |
|
0,3 |
4,4 |
2 |
1,9 |
4,3 |
0,6 |
1,8 |
2,5 |
2,2 |
El 25 de febrero el Consejo de
Ministros aprobó el Plan de Dinamización de la economía española que,
básicamente, persigue abaratar la especulación en la Bolsa, asegurar el control
de las grandes empresas de la energía, realizar reformas fiscales para
subvencionar a la empresa privada que impulse la productividad laboral, dar un
último empujón a la especulación inmobiliaria (que amenaza con cerrar su ciclo
de expansión gracias a los tipos de interés bajos), mediante apoyos a los
fondos de inversión que dediquen capital a las viviendas en alquiler y
bonificaciones fiscales del 80% a las empresas privadas que hagan lo mismo. En
el caso de las ‘sociedades de inversión inmobiliaria’ se le permite dedicar el
20% de lo total de viviendas gestionadas al sector del alquiler, se les admite
un máximo de 135 metros cuadrados con dos plazas de garaje, sólo se les obliga
a mantener este 20% de viviendas un mínimo de cinco años en régimen de alquiler
y, para poner la guinda al regalo, los beneficios obtenidos tributarán al 1% en
el impuesto de sociedades (ya de por si bajo con su 35%). En cuanto a la tan
cacareada Agencia Pública del Alquiler, que puso en marcha el Gobierno Zapatero
el 25 de febrero, esta agencia no es más que un instrumento directo de apoyo al
capital especulativo inmobiliario teniendo en cuenta que su objetivo es
‘intermediar’ en el mercado para ‘dar seguridad jurídica’ a los propietarios
(¡pobrecitos!): ¡todo un ‘Plan de choque’ pero contra la juventud y a favor del
gran capital! Ya lo ha dicho el PP: más de lo mismo. Es decir: “humo” para
ocultar el apoyo directo al supuesto ‘libre mercado’ sujeto por cadenas de
hierro a las leyes del gran capital.
Por otra parte la ampliación de la
UE compromete los fondos europeos de tal modo que el Gobierno se vio obligado,
por boca de Miguel Ángel Fernández Ordóñez (secretario de estado de Hacienda),
a amenazar el pasado 3 de marzo con vetar el presupuesto de la UE (“España no
dará nunca su acuerdo a esta propuesta” porque la propuesta es “absolutamente
intolerable”. Y es que el capitalismo español, bueno para especular en otros
países imperialistas, explotar a la clase obrera, robar a los países
subdesarrollados y amamantarse del maná del Estado, no consigue ser competitivo
globalmente en el marco de la UE. Desde el año 2002 España es el uno de los
cuatro países europeos que más competitividad ha perdido.
La economía española ha logrado reavivar un imperialismo español
pero de tercera fila, imperialismo que no logra ponerse a la altura de sus
‘socios’ europeos. Tanto las desventajas en competitividad como en
productividad pugnan por sobreponerse cada equis tiempo pero no logran alcanzar
al resto de imperialismo europeos (en especial Francia y Alemania en el aspecto
industrial e Inglaterra en el financiero). Hace una década, José L Raymond Bara
escribía “... si bien España puede proseguir el proceso de aproximación a
Europa, para ello es preciso: [...] b) Potenciar el crecimiento de la
productividad. En economías abiertas, el crecimiento de la productividad tiende
a manifestarse en una mejora de la competitividad y en una expansión del output.
La economía española disfrutó en la década de los 60 de rápidos crecimientos de
productividad, subproducto de un bajo nivel inicial de partida. Progresivamente
esta ventaja se va agotando debido al propio proceso de acortamiento de
distancias”[lxx]. Como el
lector ha podido ver más arriba, diez años después, las distancias aún no se
han acortado suficiente y el aliento se ha perdido ya si tenemos en cuenta los
últimos datos suministrados por el Banco de España sobre el déficit exterior en
función de la balanza de pagos por cuenta corriente. Más arriba hemos aportado
datos que ahora, cuando cerramos la redacción de este número, se ven
empeorados. Según datos del Banco de España el déficit exterior se duplicó en
el 2004, pasando a representar el 5% de la Producto Interior Bruto. La brecha
entre exportaciones e importaciones aumentó, en el 2004, un 37%; el saldo
comercial arroja la magnitud negativa de 51.884, 6 millones de euros.
SALDO DE LA BALANZA DE PAGOS POR CUENTA CORRIENTE
(en millones de euros)
|
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
|
-2.598 |
-13.112 |
-20.991 |
-18.346 |
-16.881 |
-20.828 |
-39.535 |
SALDO COMERCIAL (en millones de euros)
|
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
|
-18.480 |
-28.585 |
-37.778 |
-36.396 |
-34.602 |
-37.842 |
-51.884 |
El 23 de febrero los dirigentes
del PSOE, José Blanco y Pérez Rubalcaba, y los dirigentes del IU, Rosa Aguilar
y Felipe Alcaraz (enfrentados a muerte en la última Asamblea Federal de IU), se
reunieron en la sede federal del PSOE para sellar un acuerdo que garantice un
“marco estable” de colaboración política entre ambos partidos a fin de
garantizar la gobernabilidad durante el resto de la legislatura. Como resultado
del acuerdo se crearan cuatro comisiones de trabajo que tratarán sobre las
reformas estatutarias, la política municipal, el modelo audiovisual público y
las reformas fiscales.
Dos días más tarde, el 25, Carod
Rovira, en representación de ERC, acudía al Palacio de la Moncloa (evitando la
foto de llegada) y se entrevistaba con Zapatero. De la entrevista resultó el
acuerdo de creación de una comisión destinada a avanzar en la elaboración de un
pacto de legislatura estable, es decir: asegurar la gobernabilidad. Las
dificultades provenían, según palabras de Carod Rovira, de la “falta de hábito de un acuerdo estable de las
izquierdas con el Gobierno”. ¿Sobre qué bases trabajaran los dirigentes del
PSOE y de ERC para ir habituándose a la colaboración en aras de la
gobernabilidad? En la misma reunión Carod y Zapatero llegaron al acuerdo de que
los contenidos sobre los que trabajará la comisión en cuestión serán: una Ley
de Estabilidad Presupuestaria que, si bien a largo plazo buscará la
flexibilidad, en esta legislatura blindará la búsqueda del déficit cero; la
dotación de una mayor capacidad de aumentar los impuestos directos por parte de
las autonomías para, así, luchar contra el déficit sanitario; introducir en la
redacción de la ley que sustituya a la de Calidad de la Enseñanza facilidades
de financiación a las comunidades autónomas y eliminar los
itinerarios; reforzar la
asistencia social a las personas dependientes; llegar este año al cierre de la
negociación del Estatuto catalán; comprometer infraestructuras para Cataluña
(estas dos últimas líneas de trabajo a propuesta de ERC) y la desaparición de
la energía nuclear, construcción de edificios con criterios más ecológicos y
aumentar la lucha contra el fraude que son líneas de trabajo prioritarias para
IU-ICV (es decir IV).
Anteayer, día 14 de marzo en el
que se cumplía una año de la derrota del PP, se reunió la mesa del ‘mercado de
trabajo’ (gobierno, patronal y dirigentes de UGT y CCOO) por primera vez
formalmente. Ayer el Ministerio de Trabajo difundió un documento en el que se
recogían las sugerencias que el gobierno Zapatero hizo en esta primera reunión:
el gobierno propone en él extender a todos los contratos nuevos la
indemnización de 33 días, ahora está en 45... con las excepciones, generales,
que marcó la reforma laboral pactada en 1997 entre las cúpulas de UGT y CCOO
con la CEOE bajo el gobierno del Sr. Aznar. El gobierno Zapatero, en efecto, no
le quiere ir a la zaga al Sr. Aznar y sus gobiernos. Las propuestas del
gobierno Zapatero también van encaminadas a aumentar los período de prueba,
necesarios
para ‘alcanzar’ el contrato indefinido, y rebajar las cuotas a la
Seguridad Social de las empresas de trabajo temporal
ya que, otro de los objetivos del
gobierno, persigue “favorecer la actuación de estas empresas como
intermediarias en el mercado laboral”. Gobernar y legislar a favor del gran
capital, de la burguesía, y contra la clase obrera y la juventud; todo ello en
continuidad, y profundización, de la política del PP pero sometiéndola a una
reparación que recomponga su aspecto, que no su esencia. Estas son las bases
sobre las que se está negociando el ‘acuerdo de legislatura’.
16 de
marzo de 2005
[i] Todas las citas del debate: El País,
16/4/04, pp. 17, 18 y 19.
[ii] El País, 13/5/04, p. 26
[iii] El País, 19/4/05, p. 14
[iv] El País, 5/12/04, p. 26
[v] El País, 13/4/05, p. 16
[vi] El País, 21/4/04, p. 19
[vii] El País, 5/1/05, p. 26
[viii] El País, 20/5/04, p. 16
[ix] El País, 29/5/04, p. 19
[x] El País, 7/10/04, p. 27
[xi] El País, 17/11/04, p. 20
[xii] El País, 1/11/04, p. 23
[xiii] El País, 11/2/05, p. 18
[xiv] El País, 5/1/05, p. 26
[xv] El País, 5/5/04, p. 24
[xvi] El País, 39/11/04, p 14
[xvii] El País, 30/3/04, p 17
[xviii] El País, 15/5/04, p. 21
[xix] El País, 16/5/04, p. 18
[xx] El País, 4/6/04, p. 18
[xxi] El País, 7/1/05, p 20
[xxii] ídem supra
[xxiii] El País, 27/1/05, p. 24
[xxiv] El País, 2/2/05, p. 22
[xxv] El País, 23/4/04, p. 21
[xxvi] El País, 5/1/05, p. 18
[xxvii] El País, 11/1/05, p. 18
[xxviii] El País, 14/1/05, p. 15
[xxix] El País, 5/1/05, p. 21
[xxxi] El País, 28/3/04, p. 57
[xxxii] El País, 10/6/04, p. 58
[xxxiii] El País, 18/11/04, p. 62
[xxxiv] El País, 19/6/04, p. 69
[xxxv] El País, 4/10/04, p. 87
[xxxvi] El País, 8/6/04, p. 56
[xxxvii] El País, 22/4/04, p. 16
[xxxviii] El País, 27/5/04, p. 6
[xxxix]
http://www.euskadiconfidencial.com/Confidencias/050604Tropas%20en%20Haiti.htm
[xl] ONU, Informe sobre el Desarrollo Humano
2004.
[xli] El País, 21/2/05, p. 5
[xlii] El País Negocios, 11/7/04, p. 16
[xliii] El País, 19/1/05, p. 21
[xliv] El País, 30/11/04, p. 10
[xlv] El País, 10/11/04, p. 51
[xlvi] Expansión, 16/3/04, p. 3
[xlvii] El País, 14/2/05, p. 84
[xlviii] El País, 26/1/05, p. 24
[xlix] El País, 20/2/05, p. 22
[l] El País, 2/11/05, p. 70
[li]http://www.comunidadandina.org/documentos/actas/dec3-11-04.htm
[lii] El País, 25/1/05, p. 52
[liii] El País, 22/2/05, p. 28
[liv] El País, 3/3/05, p. 61
[lv] El País, 29/1/05, p. 51
[lvi] El País, 12/1/05, p. 45
[lvii] Referida al tercer trimestre del 2004
[lviii] La de los jubilados es de 156.000 pero en esta
categoría se mezclan los que fueron ‘trabajadores por cuenta propia’ y los que
fueron asalariados.
[lix] El País, 7/1/05, p. 56
[lx] Según datos de la Central de Balances del
Banco de España
[lxi] El País, 29/11/04, p. 71
[lxii] El País, 29/9/04, p. 64
[lxiii] El País, 2/1/05, p. 51
[lxiv] El País, 20/12/04, p. 76
[lxv] elaborado por la Subdirección de General de
Estudios del Sector Exterior y referido al cuarto trimestre de 2003
[lxvi] El País Negocios, 21/11/04, p. 17
[lxvii] Según datos de un estudio difundido el 4 de
marzo de 2005 por la Comisión Europea (Spain in EMU: A virtuous long-lasting
cycle?)
[lxviii] Guillermo de la Dehesa, “El reto económico del
nuevo Gobierno: la productividad”, El País, 1/6/04, p. 63.
[lxix]Economic policy
reforms: goings for growth, 2005.
[lxx] Raymond Bara; 1995, “Convergencia real de España con Europa”, en, Problemas económicos españoles en la década de los 90, pp. 547-548, Galaxia Gutenber-Círculo de Lectores, Barcelona