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El Gobierno socialdemócrata del Estado Español
reprime a los independentistas vascos
¡Liberación inmediata de
todos los dirigentes de Batasuna!
¡Legalización de Batasuna!
El 4 de octubre, la
Audiencia Nacional, el tribunal de los más graves asuntos criminales en el
Estado Español, decidió el arresto de la dirección del partido político Batasuna, un partido que reivindica la independencia de Euskadi (País Vasco).
En respuesta, varios millares de personas se manifestaron en Bilbao así
como en San Sebastián. El 7 de octubre,
Baltasar Garzón de la Audiencia Nacional encarceló en Madrid a 17 de las 23
personas detenidas, por "pertenencia a un grupo armado". El juez los
acusa de vínculos con ETA (Euskadi ta askatasuna, País Vasco y
libertad), la organización de guerrilla nacionalista vasca nacida en 1952 para
la lucha armada contra la dictadura de Franco.
A
partir de 2002, el Gobierno Aznar, del partido
burgués heredero del franquismo, el PP (Partido Popular), persiguió toda
expresión política y cultural vasca. El juez Garzón ya había interdigo Batasuna, en 2002, la que prohibió a este movimiento
político participar en las elecciones municipales, aunque había encontrado un
eco significativo en consultas anteriores. La Audiencia Nacional se amparaba
tras la ley de 4 de junio de 2002, por la cual las Cortes votaron una ley
antidemocrática que permitía la prohibición de cualquier partido por el
Gobierno y los tribunales de la Monarquía, bajo el pretexto de que preconiza la
violencia.
En
marzo de 2004, tres días antes de las elecciones generales, una red islamista
de Al-Qaeda hizo estallar varios trenes del Metro de
Madrid, matando a 200 personas e hiriendo a otras 1.400. El Gobierno Aznar,
acusó entonces, a pesar de los mentís de Batasuna, a
ETA. El descontento de los trabajadores
y los jóvenes hacia los atentados reaccionarios y la política del PP, se
expresó en forma de las manifestaciones cada vez más masivas, acusando al
Primer Ministro de mentiroso y tomando los locales del PP. Más tarde, resultó
que la red islamista fue infiltrada de indicadores y tenía vínculos con la
policía.
Las
elecciones legislativas iban a salvar al Estado españolista y monárquico de una
grave crisis, y dieron una brillante victoria al principal partido obrero
tradicional, el PSOE (Partido Socialista Obrero Español). El Gobierno Zapatero
luego ha gobernado para la burguesía española, como su antecesor en la función
de Primer Ministro "socialista" de Juan Carlos, Felipe Gonzáles.
La
intensificación de la represión hacia el ala radical del nacionalismo vasco
estuvo precedida de presiones contra los nacionalistas catalanes que se atreven
a poner en entredicho a la Monarquía tan querida por la Iglesia Católica y el
PP como por el PSOE y el PCE (Partido Comunista de España). Dos militantes
catalanes han sido puestos ante la justicia por "injurias graves" a
la Corona: han quemado los retratos del rey Juan Carlos el 13 de septiembre,
durante un desplazamiento del monarca a Gerona. Ricardo Blazquez,
obispo de Bilbao, se ha creído obligado a declararse el 1 de octubre "cercano"
a la familia real, "no sólo desde un punto de vista personal, sino
también en nombre de la institución que represento". La monarquía es una herencia de Franco,
instalada con el apoyo total del PSOE y del PCE, que ya habían hecho otro tanto
en 1936 y en 1937, con la ayuda de la CNT, contra la revolución proletaria, y
habían contribuido así a la victoria de los fascistas.
El
PP se regocijó abiertamente por la detención policial de los militantes vascos
por el Gobierno PSOE:
El jefe del PP, Mariano Rajoy, calificó de "buena noticia" la operación y
dijo, refiriéndose al Gobierno, que "la sabiduría consiste en rectificar
sus errores". (El País, 6 de
octubre de 2007)
Si
el Gobierno PP había rechazado toda negociación, el Gobierno PSOE realizó una
apertura para desarmar a ETA, como el Gobierno Laborista lo había hecho con el
IRA. ETA declaró en marzo de 2006 un alto el fuego, que permitió abrir
negociaciones, aunque Zapatero se negaba a abordar la cuestión de la
independencia. Pero ETA rompió la tregua el 6 de junio de 2006, porque los
debates con el Gobierno Zapatero no desembocaban en nada, en particular en
ninguna mejora de la suerte de los 700 presos políticos vascos. En marzo de
2007, cuando los independentistas quisieron organizar un partido que se
comprometía en sus estatutos a utilizar "exclusivamente los medios
políticos democráticos", el Gobierno Zapatero lo impidió. Por lo tanto, otra vez, en mayo de 2007, no
pudieron participar en las elecciones municipales. En julio de 2007, se acusó
de terrorismo y se encarceló a uno de los principales artífices del
"proceso de paz", Arnaldo Otegi.
El
marxismo no tiene nada de común con el chauvinismo españolista de las
direcciones socialdemócrata (PSOE) o post-estalinista (PCE), agentes de la
burguesía dentro del proletariado, ni con los nacionalismos vascos burgueses
(PNV) o pequeño-burgueses (ETA, Batasuna), que
afirman que su pueblo no conoce la lucha entre las clases y niegan que la
pervivencia de las opresiones contemporáneas, incluida la opresión nacional,
está vinculada a la propiedad privada de los medios de producción. ETA después
de Franco perdió una gran parte de su apoyo popular, asesinando a otros vascos
en desacuerdo con la independencia, o a causa de los atentados, a veces hacia
sus antiguos cuadros. Divide al proletariado y más de una vez golpeó a los
asalariados: por
ejemplo, el 30 de diciembre de 2006, ETA hizo estallar una bomba en el
aparcamiento del Aeropuerto de Madrid, que mató a dos trabajadores inmigrantes.
Pero
el proletariado debe defender las libertades democráticas que todos los Estados
burgueses restringen en nombre de la "lucha contra el terrorismo".
Debe rescatar la bandera de las reivindicaciones democráticas abandonadas por
la burguesía senil, como la República, la laicidad y el derecho a la
autodeterminación. Para unificar al
proletariado del Estado Español contra la monarquía de origen franquista,
contra el Estado burgués, contra la burguesía, todo el movimiento obrero
español (PSOE, PCE, UGT, CCOO...) debe pronunciarse a favor de la liberación de
los dirigentes detenidos, del levantamiento de la prohibición de Batasuna. El movimiento obrero de Francia y del Estado
Español deben pronunciarse a favor de la liberación de
los presos políticos vascos de las prisiones españolas y francesas, contra la
colaboración policial. Los militantes de
base del PSOE, el PCE, las centrales sindicales (UGT, CCOO...), los
trabajadores de todo el Estado Español, deben romper con la política de apoyo a
la Monarquía y a las instituciones represivas, que divide a la clase obrera y
la debilitan. Deben apoyar el derecho de los vascos de los dos lados de la
frontera a determinar su destino, hasta la creación, si lo desean, de un Estado
Vasco separado.
La
alianza obrera, la unidad así realizada del proletariado, derribará a la
monarquía franquista, dispersará a sus fuerzas represivas y disolverá sus
tribunales represivos. El proletariado, al ponerse a la cabeza de todos de
oprimidos, separará la Iglesia del Estado, instaurará una República de
Trabajadores, permitirá a los pueblos de España decidir libremente su suerte
sobre las ruinas del Estado burgués, expropiando a los grandes grupos
capitalistas, construyendo la Federación Socialista Ibérica y abriendo la vía a
los Estados Unidos Socialistas de Europa.
Para eso, los trabajadores necesitan otro partido distinto a los
reformistas, los nacionalistas vascos o catalanes; necesitan un partido obrero
revolucionario que reúna a la vanguardia de todo el Estado Español y que los vincule
con los trabajadores conscientes de Portugal, Francia, Marruecos, por una
Internacional obrera revolucionaria.
¡Libertad para Batasuna!
¡Derogación de la ley de partidos políticos! ¡Libertad incondicional para todos
los presos políticos! ¡Abajo la Monarquía! ¡Federación Socialista Ibérica!
10
de octubre 2007