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El Gobierno socialdemócrata del Estado Español

reprime a los independentistas vascos

 

¡Liberación inmediata de todos los dirigentes de Batasuna!

¡Legalización de Batasuna!

 

 

 

El 4 de octubre, la Audiencia Nacional, el tribunal de los más graves asuntos criminales en el Estado Español, decidió el arresto de la dirección del partido político Batasuna, un partido que reivindica la independencia de Euskadi (País Vasco).  En respuesta, varios millares de personas se manifestaron en Bilbao así como en San Sebastián.  El 7 de octubre, Baltasar Garzón de la Audiencia Nacional encarceló en Madrid a 17 de las 23 personas detenidas, por "pertenencia a un grupo armado". El juez los acusa de vínculos con ETA (Euskadi ta askatasuna, País Vasco y libertad), la organización de guerrilla nacionalista vasca nacida en 1952 para la lucha armada contra la dictadura de Franco.

 

A partir de 2002, el Gobierno Aznar, del partido burgués heredero del franquismo, el PP (Partido Popular), persiguió toda expresión política y cultural vasca. El juez Garzón ya había interdigo Batasuna, en 2002, la que prohibió a este movimiento político participar en las elecciones municipales, aunque había encontrado un eco significativo en consultas anteriores. La Audiencia Nacional se amparaba tras la ley de 4 de junio de 2002, por la cual las Cortes votaron una ley antidemocrática que permitía la prohibición de cualquier partido por el Gobierno y los tribunales de la Monarquía, bajo el pretexto de que preconiza la violencia.

 

En marzo de 2004, tres días antes de las elecciones generales, una red islamista de Al-Qaeda hizo estallar varios trenes del Metro de Madrid, matando a 200 personas e hiriendo a otras 1.400.  El Gobierno Aznar, acusó entonces, a pesar de los mentís de Batasuna, a ETA.  El descontento de los trabajadores y los jóvenes hacia los atentados reaccionarios y la política del PP, se expresó en forma de las manifestaciones cada vez más masivas, acusando al Primer Ministro de mentiroso y tomando los locales del PP. Más tarde, resultó que la red islamista fue infiltrada de indicadores y tenía vínculos con la policía.

 

Las elecciones legislativas iban a salvar al Estado españolista y monárquico de una grave crisis, y dieron una brillante victoria al principal partido obrero tradicional, el PSOE (Partido Socialista Obrero Español). El Gobierno Zapatero luego ha gobernado para la burguesía española, como su antecesor en la función de Primer Ministro "socialista" de Juan Carlos, Felipe Gonzáles.

 

La intensificación de la represión hacia el ala radical del nacionalismo vasco estuvo precedida de presiones contra los nacionalistas catalanes que se atreven a poner en entredicho a la Monarquía tan querida por la Iglesia Católica y el PP como por el PSOE y el PCE (Partido Comunista de España). Dos militantes catalanes han sido puestos ante la justicia por "injurias graves" a la Corona: han quemado los retratos del rey Juan Carlos el 13 de septiembre, durante un desplazamiento del monarca a Gerona. Ricardo Blazquez, obispo de Bilbao, se ha creído obligado a declararse el 1 de octubre "cercano" a la familia real, "no sólo desde un punto de vista personal, sino también en nombre de la institución que represento".  La monarquía es una herencia de Franco, instalada con el apoyo total del PSOE y del PCE, que ya habían hecho otro tanto en 1936 y en 1937, con la ayuda de la CNT, contra la revolución proletaria, y habían contribuido así a la victoria de los fascistas.

 

El PP se regocijó abiertamente por la detención policial de los militantes vascos por el Gobierno PSOE:

 

El jefe del PP, Mariano Rajoy, calificó de "buena noticia" la operación y dijo, refiriéndose al Gobierno, que "la sabiduría consiste en rectificar sus errores".  (El País, 6 de octubre de 2007)

 

Si el Gobierno PP había rechazado toda negociación, el Gobierno PSOE realizó una apertura para desarmar a ETA, como el Gobierno Laborista lo había hecho con el IRA. ETA declaró en marzo de 2006 un alto el fuego, que permitió abrir negociaciones, aunque Zapatero se negaba a abordar la cuestión de la independencia. Pero ETA rompió la tregua el 6 de junio de 2006, porque los debates con el Gobierno Zapatero no desembocaban en nada, en particular en ninguna mejora de la suerte de los 700 presos políticos vascos. En marzo de 2007, cuando los independentistas quisieron organizar un partido que se comprometía en sus estatutos a utilizar "exclusivamente los medios políticos democráticos", el Gobierno Zapatero lo impidió.  Por lo tanto, otra vez, en mayo de 2007, no pudieron participar en las elecciones municipales. En julio de 2007, se acusó de terrorismo y se encarceló a uno de los principales artífices del "proceso de paz", Arnaldo Otegi.

 

El marxismo no tiene nada de común con el chauvinismo españolista de las direcciones socialdemócrata (PSOE) o post-estalinista (PCE), agentes de la burguesía dentro del proletariado, ni con los nacionalismos vascos burgueses (PNV) o pequeño-burgueses (ETA, Batasuna), que afirman que su pueblo no conoce la lucha entre las clases y niegan que la pervivencia de las opresiones contemporáneas, incluida la opresión nacional, está vinculada a la propiedad privada de los medios de producción. ETA después de Franco perdió una gran parte de su apoyo popular, asesinando a otros vascos en desacuerdo con la independencia, o a causa de los atentados, a veces hacia sus antiguos cuadros. Divide al proletariado y más de una vez golpeó a los asalariados:  por ejemplo, el 30 de diciembre de 2006, ETA hizo estallar una bomba en el aparcamiento del Aeropuerto de Madrid, que mató a dos trabajadores inmigrantes.

 

Pero el proletariado debe defender las libertades democráticas que todos los Estados burgueses restringen en nombre de la "lucha contra el terrorismo". Debe rescatar la bandera de las reivindicaciones democráticas abandonadas por la burguesía senil, como la República, la laicidad y el derecho a la autodeterminación.  Para unificar al proletariado del Estado Español contra la monarquía de origen franquista, contra el Estado burgués, contra la burguesía, todo el movimiento obrero español (PSOE, PCE, UGT, CCOO...) debe pronunciarse a favor de la liberación de los dirigentes detenidos, del levantamiento de la prohibición de Batasuna. El movimiento obrero de Francia y del Estado Español deben pronunciarse a favor de la liberación de los presos políticos vascos de las prisiones españolas y francesas, contra la colaboración policial.  Los militantes de base del PSOE, el PCE, las centrales sindicales (UGT, CCOO...), los trabajadores de todo el Estado Español, deben romper con la política de apoyo a la Monarquía y a las instituciones represivas, que divide a la clase obrera y la debilitan. Deben apoyar el derecho de los vascos de los dos lados de la frontera a determinar su destino, hasta la creación, si lo desean, de un Estado Vasco separado.

 

La alianza obrera, la unidad así realizada del proletariado, derribará a la monarquía franquista, dispersará a sus fuerzas represivas y disolverá sus tribunales represivos. El proletariado, al ponerse a la cabeza de todos de oprimidos, separará la Iglesia del Estado, instaurará una República de Trabajadores, permitirá a los pueblos de España decidir libremente su suerte sobre las ruinas del Estado burgués, expropiando a los grandes grupos capitalistas, construyendo la Federación Socialista Ibérica y abriendo la vía a los Estados Unidos Socialistas de Europa.

 

Para eso, los trabajadores necesitan otro partido distinto a los reformistas, los nacionalistas vascos o catalanes; necesitan un partido obrero revolucionario que reúna a la vanguardia de todo el Estado Español y que los vincule con los trabajadores conscientes de Portugal, Francia, Marruecos, por una Internacional obrera revolucionaria.

 

¡Libertad para Batasuna! ¡Derogación de la ley de partidos políticos! ¡Libertad incondicional para todos los presos políticos!  ¡Abajo la Monarquía!  ¡Federación Socialista Ibérica!

 

 

10 de octubre 2007

 

 

Colectivo Revolución Permanente, DNK Austria